Argentina cierra el juicio por las torturas durante la dictadura en la ESMA

Alfredo Astiz; Jorge El Tigre Acosta; Ricardo Serpico Cavallo y Adolfo Donda han sido condenados en la noche del miércoles, madrugada del jueves en España, a reclusión perpetua por los crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), durante la dictadura militar argentina. La sentencia del Tribunal Oral Federal número 5, leída en público, ha condenado también a cadena perpetua a otros ocho oficiales, igualmente protagonistas de la feroz represión en la ESMA.

Entre 1976 y 1983 se cometieron en Argentina miles de asesinatos, torturas y detenciones ilegales. Ningún lugar tan emblemático ni ningunos militares más crueles que los de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), situada en pleno Buenos Aires. Allí funcionó el feroz Grupo de Tareas 3.3.2 y desde allí salieron centenares de personas que fueron arrojadas vivas desde aviones al río de la Plata. Hoy, por primera vez desde el final de la dictadura, 16 de aquellos oficiales asesinos comparecieron ante los jueces para escuchar la sentencia que condenó a 12 de ellos a cadena perpetua. A las puertas de la sede de los tribunales, en plena calle, centenares de familiares de víctimas, supervivientes y defensores de Derechos humanos escucharon en una pantalla gigante, veintiocho años después, conmovidos, la palabra de la justicia. Otro grupo acudió al Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos que funciona desde 2007, precisamente, en las antiguas instalaciones de la aquella Escuela.

El grupo de oficiales inculpado asistió imperturbable durante estos meses a las audiencias y a los testimonios de sus víctimas

El juicio de la ESMA, como se ha conocido popularmente, ha durado dos años y durante sus audiencias han testificado 160 personas, entre ellas 79 supervivientes que relataron en primera persona las torturas a que fueron sometidos. Semana a semana, se fueron construyendo 86 casos de delitos de lesa humanidad, entre ellos algunas de las causas que más impacto han dejado en la memoria colectiva, no solo argentina sino también internacional. Los acusados fueron responsables de la desaparición de varias fundadoras de Madres de Plazo de Mayo, Azucena Villaflor, María Bianco y Esther Careaga, de dos monjas francesas que acogían a familiares de desaparecidos,Leonie Duquet y Alice Domon, o del escritor y periodista Rodolfo Walsh, entre los otros miles de crímenes que se cometieron en aquellas instalaciones navales.

El grupo de oficiales inculpado asistió imperturbable durante estos meses a las audiencias y a los testimonios de sus víctimas. Impresionaba ver a ese grupo de ancianos asesinos reivindicar sus crímenes, torturas y robos y presentarse como“soldados” que defendían a la “patria”. En sus filas figuran personajes tan siniestros como el ex capitán de corbeta Jorge, Tigre, Acosta, jefe del Grupo de Tareas (que defendió públicamente la dictadura “ajustada a derecho” yque acusó al Gobierno democrático de Néstor Kirchner de “montonero proterrorista”), o Adolfo Donda, que participó en el asesinato de su cuñada y en el robo de su hija, una niña que fue dada ilegalmente en adopción, separada de su abuela y de su hermana, a las que Donda siguió visitando como si nada hubiera pasado. La niña secuestrada, Victoria Donda, recuperó su identidad en2003 y es actualmente diputada por el Frente Amplio Progresista, socialista.

Astiz, el 'ángel de la muerte'

Igualmente notorio fue el caso de Alfredo Astiz, identificado y desenmascarado porque la prensa británica publicó una foto en la que se veía a un oficial de la armada argentina rendirse y entregarse, con cara compungida, a sus enemigos. Aquel hombre joven, rubio y con cara de niño, era el responsable de haber enviado a la muerte a tres mujeres cuyo único delito era manifestarse con un pañuelo banco en la cabeza, solicitando información sobre el paradero de sus hijos desaparecidos.

Aquel joven, reconocieron espantadas otras Madres de la Plaza de Mayo, era el amable muchacho que se había acercado a ellas para expresarles su solidaridad, el simpático rubio que se ofrecía a llevarlas de un lado para otro, sin que ellas sospecharan que estaba simplemente “marcándolas” para que otros compañeros de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada las secuestraran e hicieran compartir el destino de sus hijos.

Impresionaba ver a ese grupo de ancianos asesinos reivindicar sus crímenes, torturas y robos y presentarse como“soldados” que defendían a la “patria”

Astiz fue también acusado de participar en la tortura y asesinato de dos monjas francesas, delitos por lo que Francia solicitó su extradición, denegada por Gran Bretaña en virtud de la Convención de Ginebra sobre prisioneros de guerra. Igualmente fue el responsable de la desaparición de una adolescente, hija de padre sueco, Dagmar Hagelin, por cuya vida llegaron a pedir expresamente el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter y el Papa. Testimonios de testigos presenciales aseguran que Astiz disparó contra la joven, que había ido a visitar a una amiga, y que huyó despavorida al encontrarse con hombres armados. Herida y viva, la introdujo en el maletero de un coche y nunca más se llegó a saber nada de ella.

De regreso a Argentina, Astiz se mantuvo en libertad hasta 2006 en que fue procesado, inicialmente, por el caso de las monjas francesas.

Durante el juicio ante el Tribunal Oral número cinco, Alfredo Astiz, que cumplirá 60 años este mes, entregó una copia de la Constitución argentina a los tres jueces que presiden la sala y reclamó ser tratado como “un perseguido político”. Astiz proclamó: “Yo cumplí y cumplo la Constitución. He dado al combate lo mejor que pude”. En unas declaraciones recogidas hace años por una periodista argentina, el marino afirmó: “Lo digo siempre: soy un bruto, pero tuve un solo acto de lucidez en mi vida. Meterme en la Armada”.

Entre los condenados se encuentra también el responsable de varios de aquellos “vuelos de la muerte” y gran torturador, Ricardo, Serpico Cavallo, que fue detenido en México, donde había montado una empresa con el dinero robado a sus víctimas, y extraditado a España, a petición del juez Baltasar Garzón, que le procesó por los cargos de terrorismo y genocidio. Cavallo fue el primer caso en el que un estado extradita a otro a una persona acusada de haber cometido delitos en un tercer país. Cinco años después, y una vez que el gobierno de Néstor Kirchner derogó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Ricardo Cavallo fue extraditado a Argentina y encarcelado de nuevo, a la espera de la sentencia.

La lista se completa con los nombres de los marinos Antonio Montes, Antonio Rata Pernías; Raúl Scheller; Jorge Radice; Alberto Gato González y Néstor Savip; así como el oficial del Ejército Juan Carlos Coronel y el policía Ernesto Weber, que cumplirán, todos ellos, prisión perpetua, y de otros cuatro inculpados, Manuel García Tallada (25 años), Juan Carlos Fotea (25 años), Carlos Capdevila (20 años) y Juan Antonio Azic (18 años). El último acusado, Orlando Generoso, se encuentra muy enfermo y el Tribunal decidió suspender su causa.