Sin Gadafi

La captura y muerte del coronel Gadafi en el asedio de Sirte, su ciudad natal y último baluarte, cierra un capítulo trascendental en la historia de Libia, más allá de las dramáticas circunstancias que hayan concurrido en ella, incluida la participación de la OTAN en los ataques que facilitaron la captura del dictador por las tropas rebeldes —la ONU ha exigido una investigación—. El régimen de Gadafi se había desplomado meses atrás, pero la desaparición de quien lo encarnaba sella irremisiblemente una larguísima era de despotismo y represión de la que un pueblo todavía alzado intenta librarse ansiosamente. Para mantenerse en el poder 42 años, Gadafi, un manipulador nato, desarrolló un enfermizo culto a la personalidad y controló férreamente un Estado policiaco, que extirpó cualquier libertad y recurrió sistemáticamente a la cárcel, el asesinato y la tortura. En el escenario internacional dejó una terrible huella en forma de patrocinio de casi cualquier intriga terrorista.

 Pero la muerte de Gadafi en una Libia en armas no representa presumiblemente más que el final del principio. Los insurgentes libios y su poder interino, en el que existen divergencias de calado, hacen frente a la tarea titánica de insuflar algún orden en lo que básicamente es un rompecabezas dispar de milicias, civiles armados, grupos religiosos y políticos y representaciones regionales y tribales, compitiendo por separado por un lugar al sol en el nuevo horizonte. Lo que ha aglutinado a los sublevados, en la estela de la llama prendida primero en Túnez y Egipto, ha sido la liquidación de la tiranía. Cumplido este objetivo, lo demás está por hacer en el país norteafricano que mana petróleo, unos 32.000 millones de dólares en 2010.

Misión inmediata del Consejo Nacional interino es manejar las enormes expectativas de seis millones de libios, entre las cuales no es la menor obtener algún bienestar después de ocho meses de guerra civil. Y en otro plano, también decisivo, la de intentar poner en pie el embrión de un Estado democrático. La agenda anunciada el mes pasado por el primer ministro de hecho, Mahmud Jibril —un laico formado en Estados Unidos y en quien se concitan muchas enemistades—, estipula que a la caída de Sirte se formará en un mes un Gobierno provisional, lo que implicaría tanto la dimisión de Jibril como la del líder islamista Abdel Hakim Belhaj, su adversario, cuyas fuerzas controlan Trípoli, y la del propio presidente del Consejo provisional, Mustafá Abdel Jalil. En ocho meses, un Congreso Nacional de 200 miembros daría vía libre a elecciones multipartidistas y una nueva Constitución, en 2013.

Cumplir ese ambicioso programa resulta muy difícil. Implica ser capaz de controlar y desarmar a una plétora de milicias, encauzar rivalidades ideológicas entre islamistas y laicos o desactivar aspiraciones de poder regionales e incluso locales, alimentadas en los agravios infligidos durante años por el déspota desaparecido. La manera en que se ha desarrollado la revuelta libia, su dispersión geográfica y su carácter localista alimentan un serio potencial de conflicto, al que no ayudará el hecho de que la intervención armada occidental haya sido decisiva en la caída y muerte de Gadafi.

Libia debe aplicarse desde este momento a dirigir por sí misma una transición preñada de obstáculos, en la que hay que evitar tanto un vacío político como la pugna abierta entre quienes hasta ayer tenían un objetivo común. El maná petrolífero —que se espera recupere en poco más de un año los 1.600.000 barriles diarios previos a la guerra— y el progresivo reintegro internacional de los más de 50.000 millones de dólares congelados durante el conflicto, deberían resultar palancas decisivas en el empeño.