La oposición argentina retrasa la ley contra la compra de tierras por extranjeros

Apenas ganó las elecciones primarias con el 50% de los votos de todos los argentinos, el pasado 14 de agosto, su presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reclamó al Congreso que aprobase una ley para limitar la extranjerización de la tierra. Pero la prisa de la jefa del Estado se ha topado con las críticas de los grupos empresariales agrícolas, de la oposición política, que tacha la norma de inconstitucional por su discriminación al extranjero, y hasta de los pequeños y medianos agricultores, que piden controles mayores a los propuestos.

El peronismo kirchnerista quería que hoy se discutiera el proyecto de ley que el Gobierno envió este año al Congreso. Tenía planeado debatirlo en tres comisiones, de modo de acelerar su paso al pleno y de conseguir su sanción antes de las elecciones generales del 23 de octubre. Pero la intención del Ejecutivo se ha topado con la resistencia del peronismo disidente y de los radicales, pese a que varios de ellos pertenecen a la Federación Agraria Argentina, la entidad de pequeños y medianos agricultores que viene reclamando desde hace años una norma contra la propiedad extranjera del campo. Unos y otros se ausentaron del plenario e impidieron la discusión. El Frente Amplio Progresista (FAP), que lidera el socialista Hermes Binner, está de acuerdo con el Gobierno en abordar el proyecto de forma urgente, aunque también plantea la necesidad de modificarlo.

Desde 2002, en plena crisis argentina, comenzaron a subir los precios de las materias primas agrícolas y, por consiguiente, los de las propiedades que los producen. Desde entonces hasta ahora se han presentado 15 proyectos para regular la extranjerización de las fincas en Argentina, el país con la octava mayor superficie del planeta y una de las principales potencias exportadoras agrícolas. Hasta el año pasado, era la oposición la que presionaba para sancionar una regulación, mientras que el Gobierno se resistía, pero en 2011 Fernández inauguró las sesiones del Congreso con la promesa de que atendería la cuestión.

Es que a finales de 2010 Brasil y Uruguay habían dado impulso al control del fenómeno. Por un lado, la Defensoría del Estado de Brasil, a petición del entonces Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, reinterpretó la ley de 1971 que impedía la compra de más de 5.000 hectáreas por parte de extranjeros (en algunas regiones el límite desciende a 250) y determinó que las empresas brasileñas controladas por foráneos también debían someterse a la restricción. Al mismo tiempo, el presidente de Uruguay, José Mujica, le pidió a su grupo parlamentario que elaborara un proyecto para limitar la inversión de multinacionales y estados extranjeros en su territorio.

Eran tiempos en que comenzaban a llegar a Sudamérica misiones de China o Arabia Saudí para asegurarse la provisión de alimentos mediante la compra o el alquiler de tierras. Por ejemplo, una empresa estatal china acordó con la provincia argentina de Río Negro que durante 20 años esta la aprovisionará de alimentos producidos en unas 330.000 hectáreas a cambio de una inversión de 1.079 millones de euros.

Fernández reaccionó con posterioridad y propuso una norma que impida que más del 20% de la superficie argentina quede en manos de extranjeros y que cada uno de ellos cuente con más de 1.000 hectáreas. Parecía que la ley iba a contar con el apoyo de casi todos los parlamentarios, con la excepción de la conservadora Propuesta Republicana (PRO). En un principio solo se escuchaban los argumentos contrarios de los grupos económicos que temían que se les arruinara el negocio inmobiliario y que alegaban que la inversión extranjera traía desarrollo.

Pero en las últimas semanas desde el radicalismo y el peronismo disidente hasta el progresista FAP advirtieron que la norma sería inconstitucional. Este escollo se podría salvar si de la restricción se excluyeran a los extranjeros que residen en Argentina. El kirchnerismo ha aceptado este cambio en una de las comisiones del Congreso.

El FAP pidió que se añadieran límites a la propiedad extranjera en las fronteras y protecciones a los recursos naturales, como fuentes de agua, dentro de fincas de foráneos. Esta modificación también ha sido aceptada por el kirchnerismo. Pero radicales y peronistas disidentes abortaron hoy la discusión porque pretenden más reformas. Por ejemplo, uno de los diputados radicales de la Federación Agraria, Ulises Forte, se quejó del límite de 20% sobre la posesión extranjera del territorio argentino porque considera que eso permitiría que un inversor del exterior se quedase con todo un municipio o incluso una provincia. El ministro de Agricultura , Julián Domínguez, dice que el Gobierno tiene conocimiento de que el 8% de las tierras del país está en poder foráneo, aunque admitió que entidades privadas calculan que la cifra podría ser del doble.