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Tribuna:

Centroamérica: cooperación internacional para enfrentar la inseguridad

Centroamérica dejó atrás los tiempos de guerra civil. Desde fines de los noventa se ha iniciado un proceso de consolidación democrática y de crecimiento económico con luces y sombras. Pero el fin de la guerra no ha traído paz. Aunque hoy Centroamérica no enfrenta conflictos armados, sufre la tasa de homicidios más alta del mundo: más de 18.000 muertes en 2010, 79.000 homicidios en seis años. La tasa de homicidios es de 44 cada 100.000 habitantes, mientras el promedio mundial es de cuatro. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una tasa de 10 se considera "epidemia", una tasa de 20, una "situación grave", y una tasa de 30, algo "extremo". En El Salvador se registra un promedio de 11 homicidios por día, más que durante los combates de la guerra civil, mientras que en Guatemala el número actual de muertos es el doble que durante el conflicto armado.

Se estima que el coste de la violencia en la región alcanzó en 2006 el equivalente al 7,7% del PIB

Los ciudadanos sienten la falta de seguridad en la calle, en los lugares públicos y hasta en su propio hogar. Por su parte, el Estado debe hacer frente a la amenaza del narcotráfico, los secuestros, el crimen organizado, las maras, y el tráfico de armas y de personas. Los costes directos de la inseguridad incluyen la pérdida de vidas, las discapacidades, así como transferencias ilícitas resultado de crímenes contra la propiedad, que pueden ser medidos en su impacto en el producto interior bruto (PIB) y, en definitiva, en el desarrollo humano. El coste de la inseguridad recae principalmente sobre los más vulnerables e incide directamente en los presupuestos del Estado. Esto es especialmente dramático en los países de baja o renta media. Se estima que los costes económicos de la violencia en Centroamérica en 2006 alcanzaron un monto aproximado de unos 6.506 millones de dólares (4.647 millones de euros), equivalente al 7,7% del PIB de la subregión.

La enorme desigualdad social y la falta de empleo para los más jóvenes constituyen el telón de fondo de una inseguridad que trasciende el ámbito de la guerra contra las drogas.

Los países del Istmo invirtieron en 2010 unos 4.000 millones de dólares (2.857 millones de euros) en seguridad, tal como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Una cantidad de recursos considerable para países con escasa capacidad tributaria y un monto superior a lo que reciben de ayuda internacional.

La inseguridad supone un reto para las democracias centroamericanas. La tentación de apelar a soluciones alejadas al Estado de derecho está presente; el enfoque de mano dura puede llevar a atropellos a los derechos humanos, y, más importante aún, esta aproximación se ha demostrado ineficiente para reducir el crimen y la violencia.

El Informe sobre Desarrollo Humano para América Central sobre Seguridad, elaborado por el PNUD, señala que para reducir el delito debe fortalecerse la capacidad institucional y técnica de los países. Para ello es necesario aplicar un enfoque integral, que incluya el fortalecimiento del profesionalismo en las fuerzas policiales, el combate de la corrupción, reformas de la justicia y del sistema penitenciario, y una mayor inclusión social de los jóvenes, así como también una actuación responsable de los medios de comunicación.

Si el incremento de la inversión en seguridad se hace en detrimento de la educación o del sistema de protección social, se estaría contribuyendo a la inseguridad del mañana. Por ello, las medidas adoptadas recientemente por algunos países centroamericanos para aumentar la carga tributaria y generar recursos tanto para la inversión social como para seguridad son pasos que apuntan en la buena dirección.

La Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, realizada en Guatemala el pasado 22 y 23 de junio, bajo el liderazgo del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) ha sido un paso hacia la coordinación entre los países participantes. Bajo el objetivo de incrementar la coordinación y acordar una estrategia común de combate a la inseguridad, la conferencia reunió a los presidentes de Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, México y Colombia, al primer ministro de Belice, al vicepresidente de República Dominicana, y a los ministros de Asuntos Exteriores de España y de Estados Unidos.

Los países centroamericanos llegaron a esa conferencia con un mensaje común: aunque la seguridad es ante todo responsabilidad de la subregión, es imprescindible consolidar la cooperación y la presencia de la comunidad internacional. La inseguridad en Centroamérica está condicionada por fuerzas externas e incide más allá de las fronteras del Istmo.

Varios países centroamericanos están apostando por políticas de Estado en materia de seguridad con compromisos que van más allá de un simple mandato presidencial y con la participación de todos los sectores de la sociedad, así como de los países vecinos y amigos.

Reducir la inseguridad en Centroamérica es posible. Es una compleja tarea que no admite retrasos, y es sólo realizable con movilización política y de recursos desde dentro y fuera de la región. En un mundo interconectado, la violencia en Centroamérica es un problema de todos.

Heraldo Muñoz es subsecretario general de la ONU y director para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).