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Uruguay reconoce la responsabilidad del Estado en la represión durante la dictadura

El Parlamento aprueba una ley que otorga indemnizaciones a las víctimas

El Parlamento uruguayo ha aprobado la ley que reconoce la acción ilegítima y represiva del Estado durante la dictadura militar (1973-1985) y en el periodo previo al golpe de Estado (1968-1973), y que otorgará indemnizaciones a las víctimas de la represión, confirmaron ayer fuentes parlamentarias.

Con esta iniciativa se pretende, según el diputado del oficialista Frente Amplio Gustavo Bernini, "cumplir con la deuda histórica" que el país tenía desde la salida de la dictadura. La ley, que se votó el miércoles con el apoyo del Frente Amplio y el rechazo del Partido Colorado y de algunas facciones del Partido Nacional, deberá ahora ser promulgada por el Ejecutivo para que entre en vigor.

En su articulado, la nueva ley obliga al Estado a realizar acciones "materiales o simbólicas" de reparación moral y para preservar la memoria de las víctimas, además de reconocer la responsabilidad institucional de los poderes públicos en las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese periodo.

Según explicó Bernini, una vez que el "Estado ha asumido su responsabilidad por haber ejercido ilegítimamente su función", se abren las puertas para que las personas vulneradas reciban una indemnización. Las reparaciones alcanzarán a aquellas personas que estuvieron presas por motivos políticos por más de 6 meses entre el 13 de junio de 1968 hasta el 28 de febrero de 1985, mientras que los familiares de las víctimas declaradas ausentes o desaparecidas recibirán una compensación. La norma atañe también a las víctimas de las "prácticas ilegítimas" cometidas en el período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973, bajo el último gobierno democrático antes de la dictadura.

Los críticos de la ley señalaron que fue redactada "de forma hemipléjica" y no reconoce a las víctimas de guerrilla de los tupamaros, algunos de cuyos líderes tienen puestos de responsabilidad en el Gobierno del socialista Tabaré Vázquez. "Parecería que quien ha hecho el informe se ha tapado un ojo y mira solamente con el otro a la sociedad uruguaya en crisis en aquellos años que vivimos", dijo el diputado nacionalista Gustavo Borsari a la prensa.

Según organizaciones defensoras de los derechos humanos, durante la dictadura uruguaya murieron cerca cien personas en las cárceles, mientras que al menos 34 cuatro personas quedaron en paradero desconocido después de ser detenidas.