La violencia se ceba con los awá

Claridad y justicia. Eso pidieron los indígenas awá al Gobierno de Colombia la tarde del sábado, tras enterrar a los 12 miembros de su comunidad asesinados tres días antes. Los enterraron después de que los féretros se utilizaron para bloquear la principal calle de Ricaurte, en el departamento fronterizo de Nariño (sur del país).

Sólo fueron retirados cuando una comisión gubernamental, encabezada por el ministro de Interior y Justicia colombiano, Fabio Valencia Cossio, se reunió con los líderes de la comunidad. Tanto representantes de los indígenas como miembros de organizaciones en defensa de los derechos humanos han señalado a elementos del Ejército como responsables de la matanza. Con las víctimas de esta masacre, este año han muerto 78 indígenas.

Los asesinos llegaron a las seis de la mañana del miércoles. Eran hombres altos y vestían trajes de camuflaje. Así los describieron los supervivientes. Buscaron a Tulia García, de 36 años, y la asesinaron junto con sus dos hijos, de cinco y ocho. Mataron a otros seis adultos y a tres niños más. Uno tenía apenas seis meses. Le dieron cuatro tiros en la cabeza.

Al esposo de Tulia García, Gonzalo Rodríguez, lo había matado el Ejército en mayo pasado. Los militares lo habían detenido, señalado como un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Afirman que le dispararon cuando trató de huir. Tulia acudió a la fiscalía y dio una versión distinta. Declaró que a su esposo lo habían detenido cuando los dos caminaban juntos. Que a ella la habían dejado ir y que después había escuchado los disparos. Desde entonces estaba amenazada.

"Sería muy grave que el Ejército sea el culpable [de la matanza]", comentó a EL PAÍS Luis Evelis Andrade, presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Las autoridades argumentan que el día de la masacre no había militares en la zona. Pero los indígenas no paran de hacerse una misma pregunta: ¿Por qué los asesinos fueron sólo a la casa de la viuda y mataron a todos los que estaban allí?

Una de las supervivientes contó que los homicidas llegaron a gritos y patadas. Su esposo y su hijo de tres años están entre las víctimas. Ella logró huir por la cocina con su otro hijo, de 11 años.

La zona selvática donde ocurrió el múltiple crimen "es convulsa, difícil", explica el gobernador de Nariño, Antonio Navarro. Guerrillas y paramilitares se disputan el control de los cultivos de coca y las rutas de salida hacia el Pacífico. En la región actúan grupos paramilitares ligados al narcotráfico, como los Rastrojos y las Águilas Negras y también es territorio por el que se mueven las FARC. Las autoridades, sin embargo, descartan que ellos hayan perpetrado esta matanza. No es el caso de otra masacre registrada en febrero pasado, cuando un comando guerrillero asesinó a un grupo de hombres y mujeres indígenas, dos de ellas embarazadas. Los acusaban de ser informantes del Ejército.

"Es un etnocidio, un genocidio ante la mirada indiferente del Estado", comenta el presidente de la ONIC. Lleva años denunciando los mismos problemas y la situación sólo empeora. Hasta julio de este año, los crímenes perpetrados contra los indígenas se han incrementado un 72% comparados con los registrados el año pasado. James Anaya, relator especial de la ONU para los pueblos indígenas, define la situación como "crítica y profundamente preocupante".

Andrade interpreta que los indígenas han quedado indefensos en medio del conflicto. "Ningún grupo armado comprende nuestra autonomía. La guerrilla no nos reconoce como Gobierno en nuestro territorio y las autoridades invaden nuestras tierras, utilizan nuestras casas y nuestros caminos", explica. Este año han denunciado que niños y jóvenes están siendo reclutados por las FARC. Hace poco se llevaron a 11 de un internado indígena en la región amazónica. Los emborrachan y se los llevan con engaños, denuncian los líderes awá. "Desconocen nuestra cosmovisión y nos involucran en el conflicto. Cuando un indígena deserta, los armados arremeten contra la comunidad", explica Andrade.

Y hay otra guerra, más silenciosa, que también se cobra la vida de los indígenas: el hambre. En el departamento de Chocó, al noroeste del país, nueve de cada 10 niños indígenas sufren de desnutrición crónica. Según la Corte Constitucional (Tribunal de Justicia) de Colombia, más de 30 pueblos de los 102 que existen en el país están en peligro de desaparecer. Óscar Ortiz, secretario de la Unidad Indígena awá, resume: "En este país los indígenas somos un estorbo". La violencia, el hambre y la indiferencia del Estado son el precio que el millón de indígenas que viven en Colombia tiene que pagar.