Colombia investiga si las 'piramidales' dieron fondos para elecciones

DMG, la empresa captadora ilegal de dinero intervenida por el Gobierno colombiano la semana pasada, y acusada de blanqueo, ha resultado ser una verdadera caja de Pandora. Este emporio levantado de la nada, que engañó a más de cuatro millones de colombianos, tenía entre sus planes atrapar, con jugosos recursos, a políticos, poderosos abogados y periodistas. Actualmente se investiga si financió campañas de gobernadores y alcaldes en las elecciones regionales de hace un año. Una llamada interceptada por las autoridades deja en evidencia que la firma respaldó, al menos, 12 candidaturas en diversas elecciones. En una de ellas, en la gobernación de Boyacá, el candidato resultó perdedor, pero hoy es magistrado de uno de los altos tribunales del país.

Los desórdenes generados por los dolidos engañados no han cesado. El desplome de DMG y de DFRE ha generado la caída en serie de otras captadoras ilegales estos días. El fin de semana los vecinos de Honda, población a cuatro horas de Bogotá, protagonizaron una revuelta. Saquearon una bodega donde DMG guardaba mercancía para entregar a sus clientes. Ayer, en distintos puntos del país se produjeron marchas de protesta. Sus protagonistas quieren llegar a Bogotá a reclamarle al Gobierno la devolución de sus ahorros. Piden también que liberen a David Murcia, el líder de la cuestionada firma detenido en Panamá el jueves pasado. Las autoridades investigan quién es el verdadero cerebro detrás de Murcia. No creen que el más sofisticado y gigantesco sistema de lavado de dinero del narcotráfico conocido en este país, haya sido ideado por este hombre que hace poco tiempo apenas lograba sobrevivir con su trabajo de vendedor de productos naturales.

El presidente Álvaro Uribe ha reconocido públicamente su culpa pero hasta ahora no ha caído ningún alto funcionario por este gigantesco desastre que ha dejado a muchos en la ruina. El drama social generado se refleja en lo dicho por Idalid Sánchez, una de las ocho mujeres, cabezas de familia, que iniciaron una huelga de hambre en Mocoa, capital de Putumayo, al sur del país. "Estoy dispuesta a entregar mi vida; ya no tengo prácticamente nada que perder". A su lado otra mujer, amarrada como Idalid con cadenas a la oficina de DMG, repetía entre lágrimas: "Es la peor bofetada que nos ha dado el presidente Álvaro Uribe".