El Congreso argentino aprueba la polémica reforma de las pensiones
Los diputados dan luz verde al proyecto del Gobierno de estatalizar los fondos privados de jubilaciones, que aún debe ser ratificado por el Senado
Los diputados argentinos han aprobado en la madrugada de este viernes, tras un maratoniano debate de 14 horas, nacionalizar los fondos de jubilación privados, una propuesta del Gobierno de Cristina Fernández que ha originado una intensa polémica en el país y ha impactado negativamente en los mercados de valores. El proyecto de ley fue apoyado por 160 votos a favor y 75 en contra, y para su definitiva aprobación debe ser ratificado por el Senado, que lo votará el 20 de noviembre.
La presidenta argentina confiaba en lograr la aprobación de la iniciativa en la Cámara Baja, donde tiene mayoría, sobre todo después de haber aceptado el martes cambiar 15 artículos para asegurarse el mayor apoyo posible. A pesar ello, la propuesta ha tenido que superar un tenso debate, incluso con críticas de algunos sectores del propio partido gobernante. "En estos momentos de recesión mundial se requieren medidas anticíclicas, generadoras de confianza, y sin embargo se ha generado más desconfianza", cuestionó el diputado Felipe Solá, miembro de la bancada oficialista, uno de los peronistas disidentes que votaron en contra de la medida, junto con los legisladores de las opositoras Propuesta Republicana (PRO) y Coalición Cívica (CC).
Mientras, grupos críticos con la medida, y especialmente la Unión Cívica de Elisa Carrió, hacían vigilia frente al Congreso, en la plaza del Obelisco, para manifestar su oposición a la reforma, que consideran un "robo al ahorro de los trabajadores". "Es una forma de acompañar a los diputados que están en el recinto. No quiero que se sientan solos en una batalla que daremos hasta el final", destacó Carrió en declaraciones a radios de Buenos Aires.
Los fondos privados de pensiones, que cuentan con 9,5 millones de afiliados, están en manos de bancos y aseguradoras de capital argentino, español, holandés y estadounidense, que tienen el 55% de sus inversiones en bonos soberanos y otro 14% en acciones de empresas.
Las administradoras fueron obligadas esta semana a repatriar inversiones por unos 600 millones de dólares colocadas en el resto de los países del Mercosur (Brasil, Paraguay y Uruguay), la mayor parte de ellos en el mercado de capitales brasileños.
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