Absueltos 13 maras acusados de asesinar a cuatro policías

Un tribunal guatemalteco absolvió el pasado jueves a 13 mareros acusados de asesinar, en el interior de una prisión de alta seguridad, a los cuatro policías acusados de matar a tres diputados salvadoreños y a su chofer. El crimen ocurrió el 19 de febrero de 2007 y conmovió a un país donde, según fuentes oficiales, se cometen una media diaria de 15 asesinatos.

La sentencia, unánime, obedece a la ineficacia de la Fiscalía a la hora de aportar las pruebas necesarias para una condena. "Hay imprecisión y falta de datos", aseguró el presidente del Tribunal, Luis Fernando González. "En el alegato de la acusación", puntalizó, "no se mencionan ni la hora ni la fecha del asesinato de los policías". "Además, varios de los acusados no estaban internados en la prisión donde ocurrió la matanza. Todo esto desvirtuó las declaraciones de los testigos", añadió.

El fiscal Alfredo Solórzano anunció que apelará la sentencia porque considera que las pruebas presentadas, entre las que se incluyen los resultados de las autopsias y las pruebas de luminol practicadas a los acusados, "son contundentes", en la medida que permitieron seguir la pista de los pandilleros desde la escena del crimen hasta la celda del líder del grupo, Yaír Hernández, El Diabólico. La opinión de Solórzano es compartida también por el jefe de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, Álvaro Matus, para quien fueron presentadas "suficientes pruebas para obtener una sentencia condenatoria".

El 19 de febrero de 2007, los tres parlamentarios salvadoreños llegaron por la mañana a la capital guatemalteca para asistir a una sesión del Foro Regional. Los dignatarios, todos miembros del partido gobernante Alianza Republicana Nacionalista (Arena), fueron secuestrados nada más llegar. Los policías que los custodiaban los habían abandonado a su suerte. Esa misma noche, sus cuerpos, calcinados, fueron encontrados en un suburbio de la capital.

Escuadrones de la muerte

La brutalidad del crimen y el hecho de que los autores condujesen coches oficiales dotados con GPS evidenció que la vieja práctica de las ejecuciones extraordinarias, perpetradas por escuadrones de la muerte enquistados en los aparatos de seguridad, continuaba vigente en Guatemala. Este hecho, unido a los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la zona donde ocurrió el crimen permitió reconstruir todos los movimientos de víctimas y asesinos y costó el cargo al entonces ministro del Interior, Carlos Vielmann.