Casi un millón de euros por Iván Ríos
El asesino del dirigente guerrillero recibirá del Gobierno colombiano una recompensa de 2.400 millones de pesos por la entrega de información valiosa
Casi un millón de euros (2.400 millones de pesos, 917.500 euros) es la cantidad que recibirá Pablo Montoya, Rojas, el guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que asesinó, el pasado 3 de marzo, a Iván Ríos, el miembro más joven del secretariado de esta vieja guerrilla. Este hombre, de 47 años, preso en una cárcel de la capital colombiana, deberá repartir el dinero con su novia y con dos personas más, informantes, que colaboraron con la ubicación del comandante de las FARC.
Él esperaba una recompensa mayor: el doble, lo prometido a quienes ayuden a dar con el paradero de los siete miembros de la cúpula de esta organización de origen comunista. "Vengo por lo que prometieron", fue lo primero que dijo cuando se presentó en un batallón militar con la mano derecha de Ríos, sus documentos de identidad y su ordenador.
El programa de recompensas del Ministerio de Defensa colombiano decidió darle la mitad, lo que se contempla por entregar información valiosa: las tres memorias USB y un ordenador que entregó Rojas a las autoridades sirvieron para desmantelar el frente 47 de las FARC, que operaba en las zonas cafeteras del país, sostienen fuentes del ministerio. Los archivos tenían información estratégica, clave para la operación militar que ha llevado a la muerte de 12 guerrilleros y a la entrega de otros 60.
Entre estos últimos está Nelly Ávila, alias Karina, considerada una de las más duras combatientes de las FARC. A mediados de mayo, esta mujer morena, robusta, decidió dejar atrás sus más de 20 años en las FARC. "Me cansé de la guerra, ya no aguantaba más", aseguró. Hoy invita a los pocos compañeros que permanecen en el monte a imitarla y a entregar sus armas.
Rojas formaba parte de la guardia personal de Ríos. Aseguró que cometió el crimen —mató también a la compañera del comandante— porque estaban cercados por el Ejército y no aguantaba más el asedio. "Era él o nosotros", afirmó. Hoy se conoce una versión más completa del macabro episodio. Un desertor de las FARC, que regresó a las filas como infiltrado y convenció a Rojas de cometer el crimen a cambio de la recompensa, fue la pieza clave. La revista Cambio, en un informe especial, aseguró que los militares optaron por una vieja, pero poco usada, estrategia: "El asesinato del objetivo y la obtención de pruebas para confirmarlo".
Medida polémica
La idea de que se diera un jugoso premio por este crimen, generó desde el comienzo una fuerte polémica en el país. ¿Vale todo en la lucha contra la guerrilla? El Gobierno, alegan muchos, no puede ser promotor del delito. "En ningún país del mundo tendría recibo la doctrina de que quien mata gana recompensa", dijo, cuando se conoció la macabra historia, el abogado y columnista Ramiro Bejarano.
Aun no se sabe cuándo recibirá Rojas el dinero. Él debe decidir si quiere un solo cheque o prefiere varios pagos, o repartir la cifra en mensualidades fijas. Pero no lo tiene fácil: algunos ya han salido a cobrarle deudas pendientes. Dos hombres —un cafetero y un comerciante— alegan que estuvieron secuestrados por el frente 47 de las FARC y lo señalan como uno de sus carceleros. Con la asesoría de tres abogados, están organizando una estrategia para que el dinero no llegue a manos del ex guerrillero, sino que sea utilizado para reparar a sus víctimas. Esperan, al menos, recuperar lo que pagaron por su libertad.
Rojas también utilizó abogados para reclamar el monto prometido. Hoy espera acogerse a la Ley de Justicia y Paz —elaborada como marco legal para la desmovilización paramilitar—, que contempla penas máximas de ocho años para los autores de crímenes de lesa humanidad. De esta manera, saldría pronto a gozar de su fortuna.
La política de recompensas, duramente criticada desde distintos sectores, contempla una escala de pagos. La idea es quebrar, desde dentro, a la organización guerrillera. Dos millones de euros para quien ayude a desbaratar al secretariado y 2.000 millones de pesos (unos 800.000 euros) por los 31 comandantes del Estado mayor. La escala baja hasta los 400 euros que se pagan por un miliciano.
Pronto, un informante recibirá el mayor pago en la historia del país: dos millones de euros. Contó dónde estaba ubicado el campamento de Raúl Reyes, miembro del la cúpula guerrillera. Gracias a esa información, el 1 de marzo el Ejército colombiano bombardeó el campamento, en territorio ecuatoriano. Manuel Marulanda, el legendario Tirofijo, también murió el pasado marzo: de infarto, el día 26, pocos antes de cumplir 80 años.
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