La Federación de Derechos Humanos denuncia al TPI la complicidad de Uribe con los paramilitares
Esta ONG asegura que la Ley de Justicia y Paz aprobada por el Congreso colombiano supone la impunidad de estos grupos
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIHD) ha anunciado hoy que su demanda ante el Tribunal Panal Internacional (TPI) para que investigue los crímenes cometidos por los grupos paramilitares en Colombia incluye al Gobierno de Álvaro Uribe como actor pasivo ante ellos. La FIHD, una ONG creada en 1922 en defensa de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que reune a 116 organizaciones en cerca de 100 países, considera que el Gobierno del presidente Uribe es "cómplice" de los crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares en Colombia "por permitir que se sigan repitiendo y por no juzgar a los jefes de esas agrupaciones", según han declarado hoy varios de sus miembros en rueda de prensa.
La FIHD, la Corporación Colectivo de Abogados y el Comité Permanente por los Derechos Humanos enviaron el martes un informe a la oficina del fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para que investigue dichos crímenes bajo la jurisdicción del tribunal internacional. El secretario general de la FIDH, Luis Guillermo Pérez, ha señalado que en la denuncia incluye como demandados al presidente Uribe, y a sus ministros de Defensa, Jorge Alberto Uribe, y de Justicia e Interior, Sabas Pretel. El vicepresidente de la FIDH, Alirio Uribe, ha señalado que la demanda argumenta que el Gobierno colombiano "ha encubierto los crímenes pero es el fiscal del TPI quien tiene que decidir sobre a quién corresponden los diferentes niveles de responsabilidad".
El vicepresidente ha añadido que, aunque "el Gobierno no va a facilitar las cosas para que la CPI lo investigue a él", con la denuncia pretenden "prevenir nuevos crímenes y que las autoridades sigan siendo cómplices". "Denunciamos a toda la jerarquía de paramilitares e instituciones públicas que por comisión u omisión han contribuido a perpetrar los crímenes", ha precisado Pérez. El informe presentado el martes ante la oficina del fiscal del TPI, de cien páginas y 47 anexos, incluye como sospechosos a "unos 10 jefes de los paramilitares", según ha indicado el presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos, José Gutiérrez.
Homicidios, masacres y ejecuciones
Entre ellos figuran Rodrigo Escobar, cabecilla paramilitar en el norte de Colombia; Ernesto Baez, líder de la región del eje cafetero del interior; y el conocido como Don Berna, jefe de la zona de Medellín. En el documento se identifican unos 2.000 crímenes de lesa humanidad cometidos por paramilitares desde diciembre de 2002 hasta hoy, según las fuentes. En su mayoría, se trata de homicidios, pero también masacres, ejecuciones y desplazamientos forzados, si bien los demandantes admiten que este último crimen todavía no está completamente documentado. El TPI tiene competencia para juzgar los crímenes de guerra, genocidio o lesa humanidad cometidos a partir de 2002, fecha en la que entró en vigor el Estatuto de Roma, marco que establece la jurisdicción de la corte.
Además, sostienen que la CPI tiene jurisdicción para investigar y juzgar los crímenes de paramilitares porque el marco legal del Gobierno colombiano para acompañar el proceso de desmovilización de los paras de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) implica en la práctica la incapacidad para juzgarlos. "Esas leyes hacen expresa la ausencia de capacidad para juzgar a los paramilitares, de los cuales ya unos mil han sido sustraídos de la [acción de la] justicia", ha declarado el vicepresidente de la FIDH. Se refiere a la controvertida Ley de Justicia y Paz, que fue aprobada el día 21 por el Congreso a petición del Ejecutivo colombiano para regular la reinserción de los paramilitares desmovilizados.
El Gobierno de Bogotá considera esa ley fundamental para que avancen las negociaciones que lleva a cabo desde hace dos años con las AUC. La norma prevé sanciones de entre cinco y ocho años de detención en sitios distintos a cárceles para los paramilitares, pese a los graves crímenes de lesa humanidad de los que son acusados. Las organizaciones no gubernamentales denunciantes esperan que la fiscalía de la CPI acepte el caso, sobre todo porque el fiscal Moreno Ocampo ya solicitó en marzo pasado por escrito información a las autoridades colombianas sobre delitos cometidos por los paramilitares así como por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
