El desarme de los paramilitares divide al Gobierno de Colombia

El Gobierno colombiano tiene un plan, un proyecto de ley, para negociar el desarme de los paramilitares, el ejército de ultraderecha que nació para combatir la guerrilla. El problema es que el propio Gobierno no sabe en qué consiste su plan. Hace dos semanas presentó ante la comunidad internacional el proyecto Justicia y Paz. Después, el propio Gobierno auspició otro mucho más blando. Y ahora prepara un tercero que sería una mezcla de los dos.

En ese contexto, los paras Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) advirtieron ayer a través de Internet y de una emisora de radio que cortarán las conversaciones de paz con el Gobierno del presidente Álvaro Uribe si el plan que se aprueba les lleva a un "proceso humillante de sometimiento" al veredicto de los jueces.

Las disensiones en el Gobierno colombiano comenzaron hace dos semanas cuando el ministro del Interior, Sabas Pretelt, presentó el plan Proyecto y Paz, que contemplaba condenas justas, confesión "completa y fidedigna" de los paramilitares y un resarcimiento efectivo a las víctimas, que, según los críticos del plan, podría afectar de manera grave las finanzas del Estado.

Pocos días después, el vicepresidente del Gobierno, Francisco Santos, expresó su desacuerdo con el proyecto del ministro del Interior. El Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, se reunió con Uribe no sólo para mostrarle su descontento con el ministro del Interior, sino para presentarle su dimisión a causa de dicho proyecto. Restrepo cree que el plan del ministro del Interior es producto de las presiones internacionales y aboga por soluciones de manga ancha para los paras.

El presidente Álvaro Uribe no sólo no aceptó la renuncia de Restrepo, sino que dio vía libre a las disensiones dentro de su equipo. Y así nació en pocos días otro proyecto de ley alternativo al del ministro Sabas Pretelt. En este nuevo plan se contemplan penas alternativas a la cárcel, se da facultades al presidente para suspender penas y establece rebajas en función de la colaboración con la autoridad.

Pronto se alzaron también voces críticas contra ese plan. El senador uribista Rafael Pardo lo calificó como "feria de rebajas de penas". Y agregó a este periódico: "Esta confusión puede llevar a que salga del Congreso un proyecto que favorezca el crimen organizado".

Desde el viernes pasado, el presidente Álvaro Uribe reunió a su Gobierno en su residencia para unificar posiciones. De esos encuentros quedó clara una cosa. El proyecto de ley para firmar la paz con los paramilitares no debe regirse por la impunidad, pero tampoco por el sometimiento a la ley. Con lo cual, el Gobierno trabaja en un tercer plan del que aún no se conocen detalles.

"El único camino"

El senador Rafael Pardo cree que el único camino para desmontar la estructura de acumulación de poder económico y político que tienen los paras, en más de 300 de los 1.100 municipios del país, es una investigación judicial que aclare las responsabilidades de cada persona que se acoja al proceso de paz.

Gustavo Petro, ex guerrillero y hoy congresista del Polo Democrático, apoya la postura de Pardo: "De la confesión de los paras debe salir un largo listado de funcionarios públicos que financiaron, auspiciaron o fueron cómplices de los crímenes de estos grupos" . Y aclara: "La idea no es condenarlos. Es saber quiénes son, para que no sigan matando; es tener una memoria colectiva".

El analista Alfredo Rangel ve esta posibilidad como utópica: "En un proceso de paz que se hace en medio de la guerra (los dos grandes grupos guerrilleros FARC y ELN siguen activos), aspirar a un conocimiento pleno de la verdad es una ilusión".