Colombia aprueba una polémica ley para reinsertar a los paramilitares
Entre cinco y ocho años de cárcel serán las penas máximas que cumplirán los paramilitares colombianos acusados de crímenes graves, según ha quedado establecido en la llamada Ley de Justicia y Paz, aprobada por el Congreso en la noche del pasado miércoles. La pena ha sido calificada como "muy suave" por los defensores de los derechos humanos. Aunque la ley establece la "confesión plena" de los delitos como requisito para recibir los beneficios legales, si el paramilitar oculta algún delito sólo pasará a manos de la justicia ordinaria si se comprueba que la omisión fue deliberada. A partir de la confesión de los hechos, la Fiscalía tiene 60 días para verificarlos.
La ley proporciona también un marco legal al proceso de paz abierto con estos grupos paramilitares, que han desmovilizado ya a más de cinco mil de sus milicianos. El Gobierno se ha mostrado satisfecho por la nueva ley. "Es la primera vez que en el mundo se da un proceso de paz respetando los principios de justicia" , afirmó el comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, artífice de la norma.
La ley, sin embargo, deja muchos interrogantes abiertos. "Se desmonta la estructura militar paramilitar, pero no el de sus estructuras encubiertas, que no están contempladas en la ley", opina el analista Alfredo Rangel. "Esta ley no es la mejor, pero es la mejor posible", concluye Rangel.
