Sharon dice a la policía que nunca aceptó sobornos y desconoce si lo hizo su hijo

El primer ministro israelí, Ariel Sharon, ha negado conocer extremo alguno de las supuestas gestiones realizadas por su hijo Gilad a favor de un conocido promotor inmobiliario a cambio de dinero para financiar sus campañas electorales. Así se lo ha comunicado a los cuatro policías que le han interrogado durante dos horas y media en su residencia oficial de Jerusalén.

La inocencia que proclama Sharon choca con las pruebas en su contra que está acumulando la Fiscalía General del Estado en relación con estos turbios contactos políticos y que podrían acabar con el veterano político del Likud sentado en los tribunales. El interrogatorio al que ha sido sometido hoy Sharon es el segundo que afronta desde que el pasado 21 de enero David Appel, un hombre de negocios israelí, reconociera que intentó sobornar a Sharon mediante de la intermediación del hijo del primer ministro.

En todo caso, Ariel Sharon ha asegurado que no habrá problemas en completar la actual legislatura, que finaliza en 2007, pero en su entorno comienzan preocuparse, sobretodo por el desgaste político que estas acusaciones pueden tener ante la opinión pública. "Sharon ha relatado a la policía que no estaba al tanto del trabajo de su hijo en relación con los supuestos consejos o gestiones a favor del empresario David Appel y no ha dado nueva información sobre este caso", ha informado una fuente próxima a la investigación. "Las pesquisas policiales están próximas a su fin y entonces el fiscal tomará una decisión en dos meses", ha añadido. Fuentes policiales han añadido que el politico conservador ha participado en el interrogatorio de hoy y que no está previsto volver a someterle a uno.

La sombra de la dimisión

En el caso de que la fiscalía terminara imputándole, a Sharon no le quedaría otra opción que dimitir, según opina la mayoría de los analistas. La decisión final sobre la apertura eventual de un procedimiento judicial dependerá del consejero jurídico del Gobierno, que ejerce el procurador general, Menahem Mazuz.

La opinión pública tampoco perdonaría a Sharon el que fuera inculpado. Según los resultados de las encuestas difundidas en enero por Ma'ariv y Yediot, el 63% y 49%, respectivamente, de los israelíes piensa que el actual primer ministro debería quedar suspendido temporalmente en sus funciones o bien presentar su dimisión si finalmente la fiscalía presenta cargos. Si así fuera, sería la primera vez que ocurre en la historia política de Israel. Pues, aunque sus predecesores, Ehud Barak y Benjamín Netanyahu, llegaron a estar bajo sospecha y fueron investigados, finalmente no fueron encausados.

Además, algunos analistas consideran que la decisión de desmantelar todos los asentamientos judíos ilegales de la franga de Gaza, en los que residen 7.500 colonos judíos rodeados de más de un millón de palestinos, anunciada esta semana a bombo y platillo por Sharon, forma parte de una calculada estrategia para distraer la atención del escándalo. Unido a todo esto, si el caso sigue creciendo, podría llegar a minar la credibilidad de Sharon en las conversaciones con los palestinos para resucitar la Hoja de Ruta, el plan auspiciado por EE UU y Europa para que cese la violencia.