Bush decide que un tribunal civil juzgue al primer acusado por el 11-S
La creación de tribunales militares para enjuiciar los casos de terrorismo ha suscitado la crítica de un sector de la judicatura del país
El presidente estadounidense, George W. Bush, ha decidido que se juzgue ante un tribunal civil al francés de origen marroquí Zacarias Moussaoui, la primera persona que ha sido formalmente acusada por los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, según ha señalado hoy una portavoz de la Casa Blanca, Claire Buchan.
No obstante, Buchan ha aclarado que "el presidente estima firmemente que los tribunales militares constituyen una opción muy importante en la guerra contra el terrorismo", en referencia a las críticas formuladas en todo el mundo al decreto presidencial que estableció esos tribunales de excepción para juzgar a los extranjeros sospechosos de realizar actividades terroristas.
La portavoz ha indicado que durante una reunión en la Casa Blanca, a principios de semana, Bush expresó, ante responsables de la Justicia y del FBI (policía federal), su preocupación por el riesgo de que un proceso ante un tribunal civil revele secretos relativos a la investigación de los atentados del 11 de septiembre.
Miedo a la inseguridad en los juzgados
Igualmente se mostró intranquilo por la seguridad de los jurados. "Ante las informaciones que le dieron, se decidió que el proceso se desarrollaría ante un tribunal civil", ha indicado Buchan.
Zacarias Moussaoui, de 33 años y detenido un mes antes de los atentados, comparecerá el 2 de enero ante un tribunal federal en Alexandria, en las afueras de Washington, donde le serán formalmente precisados los cargos retenidos en su contra vinculados con los atentados del 11 de septiembre, indicó ayer el departamento de Justicia.
Estados Unidos acusa a Moussaoui de conspiración para cometer actos terroristas. El FBI asegura que el acusado recibió entrenamiento y financiación similar a la que recibieron los 19 secuestradores de los aviones, pero la agencia de investigación no ha encontrado relación directa entre ellos y el acusado. Los cargos pueden culminar en una condena a muerte.
Estados Unidos ha detenido a 1.200 personas a raíz de los atentados de 11 de septiembre, de las que en torno a la mitad permanecen en prisión con cargos relacionados con violaciones de las leyes de inmigración.
