EE UU pide la pena de muerte para el único imputado del 11-S

El ministro de Justicia de Estados Unidos, John Ashcroft, anunció ayer que sus fiscales solicitarán la pena de muerte para el único imputado en relación con los atentados del 11 de septiembre. El francés de origen marroquí Zacarías Moussaoui está acusado de seis cargos de conspiración para cometer atentados terroristas. El Gobierno francés respondió que no cooperará con la justicia norteamericana.

Con esta actitud Francia añade leña a la controversia creada por la detención indefinida de cientos de musulmanes y por los tribunales militares en los que se les podría juzgar. Para mitigar, en apariencia, la polémica y la imagen contra los inmigrantes que EE UU ha proyectado desde el 11 de septiembre, Ashcroft eligió un marco proinmigrantes para hacer el anuncio: una ceremonia en Miami en la que otorgó la nacionalidad estadounidense a miles de extranjeros.

Subrayó después el peso que había tenido en su decisión de pedir la pena de muerte para Moussaoui 'factores agravantes como el impacto de sus actos en miles de víctimas', refiriéndose a las cerca de 3.000 personas que perecieron en los atentados del 11 de septiembre contra la Torres Gemelas y el Pentágono.

El Gobierno de Washington cree que Moussaoui estaba destinado a pilotar el avión que se estrelló en Pensilvania el 11-S, pero se quedó en tierra porque el FBI lo había detenido semanas antes por llevar un visado caducado. El día de los atentados saltó de alegría en la cárcel elogiando a los suicidas y el FBI entonces empezó a investigarle. Dos meses depués, un gran jurado civil lo implicó en la trama terrorista.

Pruebas circunstanciales

Según el auto de procesamiento, Moussaoui, de 33 años, siguió los mismos pasos que los 19 terroristas: se entrenó en los mismos campos de Al Qaeda en Afganistán; estudió como ellos en escuelas de aviación de EE UU y recibió dinero de las mismas fuentes que los suicidas. Su caso, sin embargo, sólo se fundamenta en pruebas circunstanciales, en opinión de varios juristas que creen que será por ello difícil que la fiscalía logre una condena. Más bien, señalan, el Departamento de Justicia quiere sentar un ejemplo. Ashcroft no lo niega.

Moussaoui es hasta ahora el único imputado en los atentados de septiembre, a pesar de los cientos de sospechosos que el FBI detuvo en los meses posteriores. Llegaron a ser más de 1.200, sin contar los 300 recluidos en la base de Guantánamo y otros 500 en Kandahar, al sur de Afganistán. A más de la mitad de los detenidos en suelo norteamericano les han ido poniendo en libertad de forma discreta; y de los restantes, la mayoría sólo les han podido imputar por delitos migratorios y, en un puñado de casos, por asociación con grupos terroristas. Al menos 300 de los liberados eran de origen paquistaní, medio centenar de Arabia Saudí y unos 60 turcos.

El Gobierno, y en particular Ashcroft, han sido blanco de críticas de grupos de derechos civiles de EE UU que califican las detenciones de 'redada discriminatoria'. Y la Cruz Roja dijo que a los detenidos se les había privado de derechos básicos.