El Congreso de EE UU exige un debate público sobre los juicios militares

La controversia creada por los tribunales militares propuestos por el presidente George W. Bush para juzgar en secreto a terroristas ha escalado hasta el Congreso de Estados Unidos. Senadores y diputados, indignados porque la Casa Blanca no les ha consultado, solicitaron ayer audiencias públicas para debatir la legalidad de tan draconiana medida, que incluso se ha llegado a calificar como 'atentado' contra los principios democráticos.

Esta semana se ha suspendido el 'hábeas corpus' por decreto presidencial

'Sientan un terrible precedente que se volverá en contra nuestra'

En declaraciones a este periódico, el senador demócrata Patrick Leahy y el diputado republicano Bob Barr expresaron su 'gran inquietud' por la ruptura del Gobierno del pacto de unidad entre las ramas ejecutiva y legislativa para combatir el terrorismo. 'El Gobierno es insaciable. No está ni siquiera seca la tinta de la legislación antiterrorista y ya ha actuado por su cuenta implantando cambios sin escrutinio del Congreso, como los tribunales militares o las escuchas , que, en mi opinión, sientan un terrible precedente que se volverá en contra nuestra', afirmó Bob Barr. El diputado que encabezó el proceso de destitución de Bill Clinton por el escándalo Lewinsky es ahora crítico del presidente de su propio partido y ayer pidió audiencias para debatir las cortes marciales y otras medidas que restringen los derechos de los acusados de pertenecer o colaborar con Al Qaeda, la organización terrorista de Osama Bin Laden.

Las críticas a los juicios sumarios en los que un jurado militar puede sentenciar a muerte sin darle al acusado derecho a recurrir se extienden ya a todo el espectro político y social. El senador Patrick Leahy cree además que ponen en peligro la coalición internacional. 'La orden del presidente puede tener implicaciones internacionales, porque envía el mensaje al mundo de que las ejecuciones sumarias y los juicios seretos son aceptables, al menos cuando el acusado es extranjero. Nosotros queremos que la coalición se quede con nosotros a largo plazo, y esto podría poner en peligro la cooperación de otros países, por ejemplo, para entregar a terroristas', subrayó Leahy.

El senador añadió que la acción de Bush está aumentando la preocupación del Congreso por lo que califica como 'preferencia unilateralista del Gobierno', refiriéndose al rumbo político por el que optó la Casa Blanca antes de los atentados del 11 de septiembre. Según él, los visos de giro en esa dirección están amenazando innecesariamente 'el espíritu de unidad forjado tras los atentados'.

La suspensión esta semana del hábeas corpus por decreto presidencial ha precipitado la erosión de la credibilidad que el presidente y su Gobierno habían disfrutado desde los atentados, con un país tan atemorizado que se entregó ciegamente a las manos de quienes le podían proteger. El obediente pueblo norteamericano ha hecho caso a Bush volviendo a la vida normal, y parte esencial de esa normalidad es reivindicar la justicia, incluida la de los terroristas.

El sentir cada vez más generalizado es que los tribunales civiles de EE UU pueden perfectamente enjuiciar a los terroristas sin necesidad de poner en peligro fuentes confidenciales y métodos de espionaje usados por la CIA -que son el argumento central de Bush-, porque ya existen los mecanismos apropiados, que se usaron, por ejemplo, en juicios anteriores a terroristas de Al Qaeda.

Los analistas señalan que Bush y su equipo calcularon mal al pensar que, por tratarse de tribunales militares dirigidos a extranjeros, los ciudadanos de EE UU lo iban a pasar por alto, como han hecho con otras reformas polémicas, tales como la detención indefinida de sospechosos o los registros y escuchas sin orden judicial.

La diferencia es que esas medidas afectan a la seguridad nacional de fronteras adentro y el pueblo norteamericano se identifica más de cerca con el peligro de tener un terrorista en su puerta que con el de un juicio sumario en Afganistán o en un tribunal secreto. Sencillamente, no quiere que pese sobre su conciencia, sobre todo porque abre la puerta a la restricción de libertades civiles en suelo de EE UU.

Todo converge en un punto: no existe una declaración formal de guerra. En ello coinciden el senador Leahy, el diputado Barr y el ex embajador adjunto de EE UU ante las Naciones Unidas, Robert Orr, que representó a su país cuando Richard Holbrooke era embajador. A la pregunta de este diario sobre la viabilidad de los tribunales marciales, Orr dijo ayer estar convencido de que 'no se llegarán a implantar'.

'El nivel de oposición es grande y el Congreso no lo va a aceptar. Todavía hay mucho que debatir y hay muchas otras opciones. La ONU puede designar tribunales ad hoc que pueden enjuiciar a los terroristas como se ha enjuiciado a Slobodan Milosevic. Y aún hay quien propone otras alternativas, como un Tribunal Islámico en algún país islámico que no provocara la oposición internacional que puede acarrear la propuesta de Bush', dijo Orr.

El Gobierno lleva días desfilando por los medios de comunicación tratando de apaciguar la inesperada tormenta. Ayer le volvió a tocar el turno al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, y aseguró que los tribunales serán 'muy calibrados y justos'. Si es así o no, sólo él y el presidente (además de los propios jurados) serían los únicos en poder certificar la justicia. De llevarse a cabo, Rumsfeld decidirá las normas de procedimiento para cada caso y Bush determinará a quién se aplica y dónde.

Pero ¿qué criterios se van a aplicar para acusar a alguien de terrorismo? Según lo que ha trascendido, simplemente la palabra de un testigo puede servir como prueba, algo impensable en un tribunal norteamericano. Es lo que el periódico The Boston Globe titulaba ayer en su editorial 'Justicia sospechosa'. Da pánico, decía el prestigioso rotativo. 'El abandono de los derechos y protecciones que existen en un Estado de derecho es lo que lo distingue de la arbitrariedad de un régimen como el talibán'.