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ENSAYOS DE PERSUASIÓN
Columna
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Realidades incómodas de una economía que va (relativamente) bien

La mayoría de las medidas del escudo social no llegan a sus posibles beneficiarios, lo cual los debilita

Camp Nou
Trabajadores de la construcción se dedican a las obras de reconstrucción del Camp Nou, en Barcelona, el 29 de enero de 2024.NurPhoto (Getty Images) (NurPhoto via Getty Images)
Joaquín Estefanía

1.- Dificultades para medir la marcha de la economía (si mejora o no el bienestar de la gente, no los instrumentos intermedios) cuando los niveles de aquélla, sumergidos (la llamada “economía golfa”), afectan en el mundo a seis de cada 10 trabajadores. El 60% de la mano de obra mundial no tiene acceso a un mínimo Estado de bienestar por estar sumergido (no existe, no paga impuestos), la mayoría en economías en desarrollo o emergentes. Peor aún: hay una predestinación de los hijos de los trabajadores irregulares a replicar la situación de sus progenitores. Lo dice un informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), titulado Romper los círculos viciosos del empleo informal y el trabajo mal pagado y publicado el 16 de enero. Qué ocurre cuando estos trabajadores necesitan de los sistemas de salud, de las protecciones de la vejez, los cuidados o las pensiones de jubilación, de un seguro de desempleo, etcétera.

En España, la economía sumergida ha retrocedido bastante, desde que llegó a ocupar alrededor de una cuarta parte de la población activa. No hay mal que por bien no venga: la llegada de la covid-19 y el establecimiento de un escudo social para hacer frente a sus consecuencias hicieron que aflorasen miles de puestos de trabajo (y de empresas) con documentación en regla para acceder a las ayudas públicas y a los expedientes de regulación temporal de empleo. Hay estimaciones que indican que todavía hoy 15 de cada 100 asalariados están sumergidos. ¿Cómo contar la economía sin esta realidad?

2.- El Instituto Nacional de Estadística ha publicado las condiciones de vida de los españoles en 2023. Ya se ha incidido en las principales tendencias: más gente vive peor que antes de la pandemia y que un año antes. Ahora se trata de cruzar los datos para hacer sociología con ellos y resolver las posibles contradicciones. Por ejemplo, el 26,5% de la población (más de uno cada cuatro ciudadanos) está en riesgo de pobreza y exclusión social, pero 11 puntos más (el 37,1%) no tiene capacidad para abordar gastos imprevistos en su hogar. El 9% de la población se encontraba en una situación de carencia material y social severa (se ha elevado desde el 7,7% del ejercicio anterior, lo que significa un incremento muy súbito); el 20% de los hogares no pudo mantener la vivienda a una temperatura adecuada. Y 33 de cada 100 españoles indican que no se fue de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, lo que contrasta con un turismo desbordado. Esta es la otra cara.

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3.- Por último, como en un flash que habrá de desarrollarse en otro momento: el Estado de bienestar y el escudo social están muy bien intencionados, pero ni mucho menos llegan a todos los hipotéticos beneficiarios, lo que los debilita. Según la Fundación Civio, cada anuncio de una nueva medida viene cargado de promesas y grandes números, pero muchas de ellas se quedan sin gastar en todo su valor. Ello sucede con el ingreso mínimo vital, el bono cultural o el cheque de 200 euros para personas de bajos ingresos afectadas por las consecuencias de la guerra de Ucrania. Civio se interroga en qué se traduce que haya un porcentaje del gasto asignado que decenas o, en su caso, cientos de miles de familias que tienen derecho a esas ayudas no las reciban: o porque no las conocen, o porque el trámite se hace cuesta arriba, o porque su solicitud, a veces sin razón, es denegada. Esta fundación describe, por ejemplo, que el cheque de 200 euros no llega ni a la mitad de quienes tienen derecho a él por no superar los 14.000 euros de renta anual.

En un artículo reciente, Antonio Muñoz Molina analizaba la debilidad congénita del Estado español, ese momento en que las cartas certificadas se extravían, los trámites judiciales quedan empantanados en una maraña de procedimientos, la lista de espera es tan larga que el enfermo grave no llega a tiempo a la operación, o la pensión no es ingresada con puntualidad en la cuenta del jubilado. Habría que añadir: cuando el escudo social deviene en mera teoría y es recibido con desconfianza por sus posibles beneficiarios.

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