La percepción de la Justicia es peor que su realidad

Esta es la prueba para conocer el estado de la justicia en un país: pregúntale a la primera persona con la que te cruces en la calle el nombre de algún juez o jueza. Si lo ignora, como seguramente la mayoría de ciudadanos del norte de Europa, las cosas van bien: la justicia no tiene nombre propio. Pero, en España, es raro que alguien no haya oído hablar de Baltasar Garzón, Carlos Lemes, Mercedes Alaya o el juez Ruz. Y, en EE UU, a alguien le puede costar situar a Suiza en el mapa, pero todo el mundo puede nombrar a algún miembro del Tribunal Supremo, así como su filiación política y credo religioso (por cierto, seis de los nueve miembros son católicos). Incluso aquí empezamos a familiarizarnos con Sonia Sotomayor o Samuel Alito, el redactor de la infausta revocación constitucional del aborto. En Argentina o en Brasil los jueces son asimismo personajes públicos influyentes. En estas naciones se cumple la máxima de que, a mayor notoriedad mediática de los jueces, peor percepción social de la justicia.

Según el Eurobarómetro, los españoles estamos entre los europeos que peor puntúan la independencia de su sistema judicial, solo por delante de italianos, búlgaros, eslovacos, polacos y croatas. Apenas cuatro de cada 10 personas en España consideran que la independencia judicial es muy buena o bastante buena, frente a ocho de cada 10 en Finlandia o Austria. Pero, como en otros ámbitos, puede que haya un abismo entre percepciones y realidad. Hay razones objetivas y subjetivas para pensar que nuestra justicia es más independiente de lo que los ciudadanos pensamos. Nuestra justicia es lenta —el tiempo medio para resolver litigios civiles y comerciales en primera instancia se ha disparado por encima de los 400 días, en contraste con los 100 que cuesta en Lituania o Países Bajos—, pero implacable. Tras la crisis financiera, ningún país, con la excepción de Islandia, condenó a prisión a más banqueros que España. Y dudo que haya muchas otras democracias en las que más miembros de las altas instancias de la política, la economía, el deporte o la Familia Real hayan tenido que sentarse en el banquillo de los acusados que en España.

Es la sensación que tienen los propios magistrados. Según un estudio de Metroscopia, el 99% de los jueces dice sentirse totalmente independiente en el ejercicio de sus funciones, el 94% percibe esa misma independencia en los demás integrantes de la judicatura, y el 90% asegura no haber recibido nunca presión o sugerencia alguna, explícita o sutil, sobre cómo resolver un caso por parte de los poderes económicos o políticos. Lo que ocurre, en opinión del 84% de los jueces, es que los medios de comunicación politizan los casos judiciales.

Probablemente, las culpas están más repartidas. Para empezar, son responsables los grandes partidos, incapaces de renovar el Consejo General del Poder Judicial y, sobre todo, de regenerarlo. Desde distintos órganos europeos se nos advierte a menudo de que en España hay una excesiva intervención de los políticos en el nombramiento de los vocales del CGPJ, pero sigue sin haber consenso entre PSOE y PP para cambiar el sistema. Y los jueces deben asumir su parte de responsabilidad. Su estructuración en asociaciones profesionales con acento político marcado no ayuda a la percepción de independencia judicial. La justicia no solo debe ser ciega, sino también muda.

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