La juez Alaya tiene vía libre para un ascenso y dejar el ‘caso ERE’

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, está en posición de lograr el ascenso que ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla, lo que le obligará a dejar el juzgado desde el que ha puesto contra las cuerdas a la Junta de Andalucía. La juez pidió antes de Navidad optar a una de las cuatro plazas de la Audiencia de Sevilla ofertadas en el último concurso de traslados convocado por el Consejo General del Poder Judicial. El plazo de presentación de solicitudes ya se ha cerrado, y, según fuentes del consejo, Alaya cumple los requisitos para garantizarse una de las plazas que ha pedido.

Los servicios técnicos comenzarán a ordenar la semana que viene las más de 740 solicitudes de traslado que han recibido, pero las fuentes del Poder Judicial consultadas señalan que, de acuerdo a las peticiones registradas hasta mediados de esta semana, Alaya conseguirá el ascenso. Aunque el plazo de solicitudes terminó hace varios días, el consejo ha dejado un margen por si llegaba alguna de última hora.

La previsible salida de Alaya librará al PSOE andaluz de su principal quebradero de cabeza a las puertas de las elecciones municipales y a un año de las andaluzas. Durante los últimos cuatro años, el PP ha convertido las causas de Alaya en el eje de su oposición. La juez ha investigado todas las consejerías del Gobierno andaluz y en los ERE ha señalado a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que acabó dimitiendo acosado por las informaciones que día tras día salían del juzgado de Instrucción 6.

Los nuevos titulares de las plazas deben ocupar en marzo el destino que se les adjudique. El entorno de Alaya afirma que ha manifestado su intención de pedir una comisión de servicios de seis meses prorrogables para poder quedarse en su puesto hasta acabar algunas de las cuatro macrocausas abiertas: los ERE, los cursos de formación, el caso Madeja y el delito societario de Mercasevilla.

Sin embargo, el Poder Judicial no contempla esta posibilidad y limita a apenas cuatro o cinco meses las opciones de Alaya de permanecer en su plaza. Para ello, podría pedir acogerse al artículo 319.2 de la ley Orgánica del Poder Judicial, que permite al juez diferir su traslado para terminar algún asunto relevante. En el caso ERE, por ejemplo, tiene pendientes de analizar decenas de expedientes subvencionados por la Junta. En cualquier caso, la decisión depende de la comisión permanente del consejo, previo informe del tribunal superior andaluz.

No hay un plazo máximo para posponer el traslado por esta vía, pero las fuentes consultadas señalan que, como mucho, sería hasta que haya un nuevo titular para su plaza en el Juzgado de Instrucción 6. Y, según las previsiones del Poder Judicial, esta plaza y las demás que ahora queden vacantes saldrán a concurso en cuanto se ejecute la convocatoria actual, por lo que el juzgado de los ERE tendría nuevo titular el próximo verano, vaticinan estas fuentes.

En su decisión de pedir el traslado han podido influir varios factores: la presión de estar en el ojo del huracán mediático con cinco macrocausas y que ya le provocó en 2012 una baja de seis meses por enfermedad; el ascenso profesional que supone acceder a la Audiencia; además, la juez, de 51 años, tiene cuatro hijos y la dedicación al juzgado ha acaparado su jornada en los últimos cuatro años.

En teoría, la sustitución de Alaya por otro juez no debería afectar al curso de las investigaciones. Pero solo en teoría. Los críticos y los defensores de la juez coinciden en que sus investigaciones son únicas, por el volumen que abarca y la prosa afilada de sus autos. La Junta ha acusado a Alaya de dirigir una “causa general” en su contra que atañe a todas las consejerías y sus principales empresas públicas.