La Justicia entra en los palacios europeos: el rey Juan Carlos, el último investigado

Las diligencias abiertas para indagar el posible pago de comisiones en las obras del AVE a La Meca y la supuesta implicación de Juan Carlos I están llamadas a ser el asunto judicial estrella de los próximos meses. Por primera vez un rey en España se encuentra en esta situación, impensable en otros momentos de la historia. Pero de un tiempo a esta parte miembros de las familias reales europeas han sido objeto de investigaciones e incluso de procesos judiciales. Que la Justicia es igual para todos afecta a la vida de los moradores de los palacios.

En estos momentos, además del rey emérito hay otro miembro de una familia real que ocupa portadas, aunque por un asunto bien distinto. El Departamento de Justicia estadounidense ha enviado al Ministerio del Interior del Reino Unido una petición de Asistencia Legal Mutua para forzar la colaboración de Andrés de Inglaterra, el tercer hijo de Isabel II, en la investigación abierta sobre el millonario y pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein. Es un paso intermedio entre la normal cooperación policial y la solicitud de extradición y, de salir adelante, podría suponer que Andrés tuviera que comparecer ante un tribunal británico y someterse a las preguntas de los fiscales.

Desde que en 2010 salieron a la luz fotos del príncipe junto a su amigo Epstein paseando de modo relajado por Central Park (Nueva York) se han ido acumulando informaciones que involucran gravemente a Andrés con las actividades del financiero y con la trama de “esclavas sexuales” que controlaba. Una de las víctimas de Epstein, Virginia Roberts, ha asegurado que fue forzada al menos en tres ocasiones a mantener relaciones sexuales con el duque de York cuando tenía 17 años.

Antes de verse involucrado en el escándalo del pedófilo Jeffrey Epstein, Andrés vendió con polémica en 2008 su mansión campestre a un magnate de Kazajistán por 19 millones de euros. El empresario Kenes Rakishev, yerno de un ex primer ministro de la antigua república soviética, pagó casi cuatro millones por encima del precio de salida. En Buckingham se quiso quitar hierro a las acusaciones de que el príncipe explotó su condición de embajador del comercio británico para desprenderse de una casa que llevaba cinco años en el mercado.

Poco después, en 2010, su exesposa Sarah Ferguson fue filmada por el News of the World vendiendo favores de su exmarido, el príncipe Andrés, a cambio de una fuerte suma de dinero. “Usted cuide de mí y él cuidará de usted”, aseguraba en la grabación la duquesa de York al periodista que se hizo pasar por un acaudalado hombre de negocios para tenderle la trampa. Medio millón de libras (574.000 euros) fue el precio fijado por la duquesa de York para poner en contacto a su interlocutor con el tercer hijo de la reina Isabel II, quien desde hacía una década ejercía como representante especial del Reino Unido en el área de comercio e inversiones.

Las palabras de Sarah Ferguson sugerían que el príncipe sí estaba al tanto, tal como recoge el vídeo difundido en la web de News of the World: “500.000 libras cuando pueda... abren muchas puertas”, asegura la duquesa. “¿El príncipe Andrés?”, inquiere el reportero, a lo que ella responde afirmativamente antes de sellar el acuerdo con un apretón de manos. El encuentro con el periodista disfrazado se produjo en un apartamento del barrio londinense de Mayfair, que siguió a una primera cita en Nueva York donde la duquesa intentó, sin éxito, que el supuesto empresario firmara un acuerdo de confidencialidad. Aun así, Ferguson siguió adelante con la operación, cuyos pormenores fueron grabados por las cámaras: “Le abrirá todos los canales que necesite, cualquier puerta, una vez le presente a Andrés”.

En España los primeros miembros de la familia del Rey que se sentaron en el banquillo fueron Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin. El cuñado del rey Felipe cumple una condena en la cárcel de Brieva (Ávila) de cinco años y diez meses de prisión por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales derivados de su participación en el caso Nóos. Los magistrados consideraron probado que el marido de la infanta Cristina se valió de su “situación de privilegio” como “consecuencia de su matrimonio con una hija de quien era entonces jefe del Estado” para obtener en 2005 y 2006 contratos a favor del Instituto Nóos por parte del Gobierno balear. Respecto a la Infanta, el Supremo la consideró partícipe a título lucrativo en los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración cometidos por su marido, lo que ascendía a 136.950 euros.

Las familias reales de Bélgica y Holanda se han visto también envueltas en polémica por culpa de algunos miembros que se beneficiaron de su condición para lucrarse. Lorenzo de Bélgica, hermano del actual rey de los belgas, Felipe, en 2007 se convirtió en el primer miembro de esa familia real en declarar como testigo en un juicio por un caso millonario de desvío de fondos. El príncipe admitió que estaba al corriente de que los 175.000 euros con los que su consejero personal, el coronel Noël Vaessen, le ayudó a decorar y mantener su mansión, procedían de la Marina, pero aseguró desconocer su origen fraudulento.

El hijo de Alberto y Paola declaró ante el Tribunal Correccional de Hasselt en el que se juzgaba a 12 empresarios y altos oficiales por supuestas facturas falsas y desvío de fondos. Lorenzo aseguró que en los años noventa no tenía suficientes ingresos para mantener la gran casa que sus padres le habían regalado. Desde ese día la presencia del príncipe en la vida oficial fue menor e incluso estuvo apartado de ella, ya que a este problema judicial se unieron otros escándalos personales. El príncipe rara vez participa ya en la vida de palacio, y cuando lo hace crea polémica: el pasado julio acudió a la celebración del Día Nacional de Bélgica y se pasó parte del desfile hablando por el móvil.

Bernardo de Holanda, fallecido en 2004 y abuelo de Guillermo, el actual rey, fue descubierto aceptando un millón de dólares (817.000 euros) en 1976 del fabricante de aviones Lockheed por mediar en la venta de aparatos al Gobierno. Cuatro años después de su muerte se supo que hizo lo mismo con otra compañía aeronáutica de Estados Unidos: Northrop. Lo contó la periodista Anet Bleich, del De Volkskrant; el episodio hizo peligrar el futuro de la monarquía holandesa, pero el entonces primer ministro, el socialdemócrata Joop den Uyl, lo evitó al ocultar al Parlamento el informe con los 750.000 dólares (612.800 euros) conseguidos de ese modo por Bernardo de la aeronáutica Northrop. La antigua reina Juliana había amenazado con abdicar si su marido era procesado por culpa del dinero de Lockheed. Bernardo admitió su culpa sobre Lockheed y dimitió de todos sus cargos en agosto de 1976. Su muerte le evitó hablar del otro fraude.