De cómo un rumor pasó a escándalo

Mayo de 2010. El caso Urdangarin no existe. El duque de Palma es un ejecutivo de Telefónica que vive en Washington desde hace un año. Su vida social se limita a algunos actos oficiales y, sin embargo, no acude al entierro de Juan Antonio Samaranch, expresidente del COI, en el que sí está presente su esposa, la infanta Cristina, soledad que suscita más de un comentario sobre una presunta crisis: “Pese a que la pareja no ha dudado nunca en mostrar su amor, esta sucesión de soledades ha disparado los rumores en la sociedad barcelonesa”, escribe una cronista de sociedad. Junto a estas especulaciones, sale a relucir que el 24 de marzo el expresidente balear Jaume Matas ha debido responder ante el juez Castro sobre pagos del Instituto Nóos, una sociedad presidida por Urdangarin a quien ha sucedido su socio Diego Torres. Torres acude al despacho del abogado Manuel González Peeters, preocupado por estas informaciones. El caso Urdangarin es solo un rumor. Un rumor con siete años de antigüedad.

Urdangarin había iniciado sus actividades privadas en el mundo del marketing deportivo y la imagen hacia 2003 junto a Diego Torres, quien fuera profesor suyo en el ESADE, una prestigiosa escuela de negocios donde el duque de Palma obtuvo la titulación que le faltaba, un máster en Administración de Empresas. A partir de esa fecha, Urdangarin preside el Instituto Nóos, una consultora creada en 1999 por Torres, donde van desfilando clientes, atraídos por vincularse a un personaje de la Casa del Rey con un perfil tan limpio: guapo, deportista, medallista olímpico, candidato a ejercer la presidencia del Comité Olímpico Español. Todo es perfecto: las sociedades que cuelgan de Nóos facturan y los clientes se multiplican. Pero en febrero de 2006, Antonio Diéguez, diputado socialista en el Parlamento balear, pregunta por el dinero gastado (1,2 millones de euros) en un convenio sin concurso público firmado por la Fundación Illesport, el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), ambos dependientes del Govern balear, y el Instituto Nóos para organizar en 2005 un Forum que duró un fin de semana.

“Lo consulto en mi partido”, recuerda Diéguez. “Les digo: Oye, aquí hay malgasto pero detrás de esto está Urdangarin. Me dieron el visto bueno, que en aquel momento no era fácil. Teníamos el recuerdo de un militante y su cabeza colgada como demostración de lo que te podía pasar si hacías algún comentario sobre la Casa Real. Hice una rueda de prensa y se armó el lío. Un periódico tituló: ‘Los socialistas denuncian a Urdangarin’. Mi pregunta causó revuelo en La Moncloa. Claro, por entonces gobernábamos nosotros. Recuerdo que estaba en Mallorca Alfonso Perales, secretario de Política Autonómica del PSOE —ya fallecido—, y le pidieron desde Madrid que indagara sobre lo que estaba pasando. Habló conmigo y le expliqué. Le dije: ‘Ya sé que esto en Madrid se ve de otra manera’. Recuerdo que me contestó: ‘¿Sabes que te digo? Que adelante’. Luego supe que la reacción de Zarzuela fue pedirle a Urdangarin que se retirara de estos negocios”.

En la primavera del 2007, los socialistas llegan al poder en Baleares y empieza a estallar el caso Palma Arena, que pone de manifiesto los dispendios sin control de la Administración del presidente saliente, Jaume Matas. A pesar de que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, intenta abortar la investigación, una maniobra del juez Castro lo impide. En el verano de 2007, Jaume Matas se retira a Washington para trabajar en una empresa privada vinculada al turismo. Dos años después, es Urdangarin quien se aleja y elige la misma ciudad. Curiosidades del destino.

Torres busca abogado en mayo de 2010 preocupado por unas noticias

Desde esa primera denuncia del diputado Diéguez hasta mayo del 2010 han pasado cuatro años y aunque la investigación judicial de la gestión de Matas en Baleares avanza inexorablemente hasta producir 24 piezas separadas en el sumario, Urdangarin piensa que está blindado. Nadie más ha vuelto a preguntar por él. Y de Diego Torres no quiere saber nada, a pesar de que ha buscado abogado. La pieza 25 del sumario está a punto de abrirse.

Y el abogado, González Peeters, se presenta ante el juez y aporta documentación del Instituto Nóos. Cree que lo mejor es cooperar y personarse. El 22 de julio de 2010, el juez abre una pieza separada del caso Palma Arena dedicada a investigar los pagos del Govern al Instituto Nóos. Durante casi año y medio, Urdangarin vive en Washington como si nada pudiera afectarle. No contesta los mensajes de Torres. Tan ajeno vive que se había marchado de Nóos sin borrar sus correos electrónicos ni la información contenida en los ordenadores que utilizó, a pesar de que cada cierto tiempo unas personas “vinculadas a servicios de inteligencia” hacían una limpieza de sus discos duros, según el propio Urdangarin declararía en sede judicial mucho tiempo después.

De cómo un rumor pasó a escándalo

En esos ordenadores hay material generoso y explícito sobre su vida privada y sobre su actividad como socio y gestor de las empresas que cuelgan del Instituto Nóos, la mayoría de ellas sociedades sin ánimo de lucro, lucro que afloraría al año de crear la sociedad con la compra en 2004 de una lujosa residencia en el exclusivo barrio de Pedralbes, en Barcelona, valorada en seis millones de euros.

De mayo de 2010 al 7 de noviembre de 2011, Urdangarin recorre el continente americano como conferenciante y alto ejecutivo de Telefónica. Ha pasado año y medio. Su abogado es Mario Pascual, amigo personal, compañero de partidos de tenis y socio del exclusivo Real Club de Tenis de Barcelona. Pascual establece una estrategia de responsabilizar a Diego Torres, que ya ha sido interrogado por el juez Castro e imputado el 11 de julio de 2011. Urdangarin vive como si el asunto no fuera con él, a pesar de que la investigación avanza. Se acerca inexorable la fecha del registro.

Es el 7 de noviembre de 2011. La policía entra en la sede del Instituto Nóos en Barcelona, en el domicilio de Diego Torres y en la sede de otras empresas del grupo. Otros agentes recogen documentación en la Generalitat valenciana. Pero los documentos que resultan ser relevantes, no aparecen. Entre ellos, todos los archivos personales y correos electrónicos. En ese momento es cuando estalla el caso Urdangarin.

Los documentos más relevantes no aparecen en los registros policiales

Diego Torres pierde todos sus clientes, uno a uno le han ido abandonando. Urdangarin dice en un comunicado desde Washington que demostrará su “honorabilidad e inocencia”. Es el 11 de noviembre: la primera vez que habla del tema. El 10 de diciembre declarará que lamenta “el grave perjuicio” que está causando a la Casa del Rey. Dos días después, Zarzuela anuncia que el comportamiento de Urdangarin “no parece ejemplar” y le retira de los actos oficiales.

En Nochebuena, en su discurso navideño, el Rey afirma eso de que “la justicia es igual para todos”. El día 28, la Casa del Rey hace públicas por vez primera sus cuentas y aclara que Urdangarin nunca ha recibido ingresos de dicha institución. Un día después, el 29 de noviembre, la pieza 25 del sumario Palma Arena deja de ser secreta y Urdangarin es imputado. El intento de aislar al duque de Palma no termina de funcionar.

Por eso, Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey, se refirió en una entrevista realizada hace unos días al caso como “casi tres años de martirio”. Entre noviembre de 2011 y enero de 2013 discurren dos años. Hay un año más de martirio en la memoria de Spottorno, posiblemente ese año en el que el caso Urdangarin todavía no existía, no había salido a flote. Un año del que se sabe muy poco. Demasiado poco. Por ejemplo, por qué nunca se llegó a una negociación con Torres. Sigue secreta una pieza del sumario sobre la presunta actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en este asunto, después de extraños episodios que ocurren alrededor del abogado de Diego Torres, el fiscal y el juez, y del descubrimiento de 20.000 correos de Urdangarin en el despacho de un colaborador de dicho servicio, llamado Matias Bevilacqua. Esa documentación aparece en mayo de 2012 tras un registro policial como consecuencia de la operación Pitusa, en la que se desarticula una extensa red de empresas de detectives dedicada al tráfico de datos. La excusa de Belvilacqua es que ha sido contratado por el abogado de Urdangarin para ordenar unos correos.

Han pasado 10 años desde el nacimiento del Instituto Nóos.¿Fue Diego Torres quien buscó a Urdangarin o al revés? Hay un correo del duque de Palma en el que comenta que ha descubierto a la persona ideal que le puede ayudar “en mis planes de expansión”. Se trata de Diego Torres, propietario de una sociedad fundada por él en 1999 llamada Asociación Instituto de Investigación Aplicada. Cuando se asocia con Urdangarin cambia el nombre por Instituto Nóos. Y era Urdangarin quien tenía una sociedad llamada Consultora Nóos.

Siete paquetes de correos determinan un nuevo giro en la investigación

Urdangarin declara ante el juez el 25 de febrero de 2012. Lo hace en dos sesiones y durante 21 horas. La estrategia de su abogado es culpabilizar a Torres y su entorno. Y por su entorno se entiende también a su mujer, Ana María Tejeiro. Ni siquiera en Zarzuela entienden qué beneficio puede aportar una estrategia semejante, teniendo en cuenta que la mujer de Torres es un personaje irrelevante en el caso y que en su comparación con la infanta Cristina hay un desequilibrio evidente: el secretario de las infantas, Carlos García Revenga, es miembro de la directiva de Nóos. Es más, la compra de la casa de Pedralbes, a través de Aizoon, se hace con el asesoramiento de Federico Rubio Carvajal, un alto funcionario de Hacienda que en su día asesoró también a Zarzuela. Cuando existe la posibilidad de que el abogado de Urdangarin apoye la retirada de la imputación de la mujer de Diego Torres, se opone. Torres e Urdangarin tenían que haber ido de la mano, como socios que eran y haber dejado aparte a sus mujeres, explican los expertos. Pero nada de eso sucedió. Comienza la guerra de los correos.

Entre el 22 de abril de 2012 y el 6 de abril de 2013 se producen hasta siete envíos de correos electrónicos tendentes a demostrar que el duque es parte activa de cuanto sucede en Nóos y sus sociedades, que la Infanta es socia y conocedora de sus actividades y que el entorno de Zarzuela actúa como supervisor: el Rey, el príncipe Felipe, Corina zu Sayn-Wittgenstein (amiga del Rey), Carlos García Revenga (secretario de las infantas) y el abogado José Manuel Romero (asesor jurídico de la Casa del Rey) son apellidos ilustres que desfilan por los correos. Esto conduce a una primera imputación de la infanta el 3 de abril de 2013, que es levantada tras la intervención de la Audiencia Provincial de Mallorca y la oposición del fiscal y la abogacía del Estado. El juez Castro y el fiscal Pedro Horrach viven también un martirio personal con este caso: sufren presiones, vigilan su vida privada, surgen desavenencias. Desde entonces, la investigación se centra de forma exclusiva en las finanzas de la Infanta y en la empresa Aizoon, y si de sus cuentas se deduce un fraude fiscal y blanqueo de capitales. La Infanta gasta 698.824,74 euros. El juez entiende, finalmente y por segunda vez, que debe interrogarla e imputarla.

Torres es imputado en línea y media. La Infanta necesita de 227 folios

Iñaki Urdangarin vive ahora largas temporadas en Ginebra. Ha cambiado su casa de Washington (con siete habitaciones) en una urbanización exclusiva rodeada de jardines que pagaba Telefónica por un ático de cuatro habitaciones en el centro de Ginebra que ahora costea La Caixa. Ha puesto en venta su casa de Pedralbes, embargada por el juez, que utilizaba como sede de Aizoon. Su socio Diego Torres se ha convertido en un proscrito: no hay cliente con valor suficiente para contratar sus servicios. Así que no todos son iguales en el martirio: 227 folios para imputar a Cristina, una línea y media para imputar a Torres.

El caudal de información que sigue en poder de Torres es de tal calibre que difícilmente puede darse por finiquitado el caso mientras las dos mujeres (Ana María Tejeiro y Cristina de Borbón) no reciban el mismo trato: imputadas o no imputadas, pero iguales. Así es cómo, lo que empezó siendo el caso Urdangarin, se ha terminado convirtiendo en el caso Cristina de Borbón.

Cronología del escándalo

1999. Nace el Instituto Nóos.

La entidad sin ánimo de lucro se denomina Instituto de Investigación Aplicada y pertenece a Diego Torres. No tendrá actividad hasta 2003, cuando Urdangarin es nombrado administrador.

2003. Primer convenio entre Matas y Urdangarin.

El presidente balear (PP) y el yerno del Rey negocian un convenio de colaboración por 1.100.000 euros.

2004-2006. 3,7 millones de euros. 

Es lo que cobra el Instituto Nóos a la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia por organizar tres ediciones del Valencia Summit.

2005. El emisario del Rey.

El Monarca envía al conde de Fontao, su asesor legal, para investigar los negocios de Urdangarin.

2008. ‘Caso Palma Arena’.

El juez Castro investiga el complejo deportivo de Palma que se disparó de 48 millones de euros a 110. De aquí surge el caso Nóos.

2009. Fuera de España.

Los duques de Palma se mudan a Washington.

2011. El juez imputa a Torres.

Es el exsocio y a partir del momento en el que imputan a su mujer, Ana María Tejeiro, el principal enemigo de Urdangarin.

Diciembre de 2011. El yerno del Rey, imputado.

La Zarzuela le aparta de la agenda oficial tras conocer la decisión del juez Castro. El sumario deja de ser secreto.

“La justicia es igual para todos”, dice el Rey, en alusión a su yerno, en su mensaje navideño.

Urdangarin declara durante 22 horas ante el juez José Castro. Carga toda la responsabilidad en Torres y exculpa a la infanta Cristina.

20 de enero de 2013. “Desmedido ánimo de lucro”,

es lo que atribuye el juez a Urdangarin y Torres, para los que pide una fianza de 8,1 millones.

Urdangarin, citado a declarar por fraude fiscal.

29 de enero de 2013. El juez cita a declarar como imputado

Revenga, secretario de las Infantas y extesorero de Nóos, quien supervisó muchas de sus actividades.

15 de febrero de 2013. ¿Reunión en Zarzuela?

Torres declara ante el juez que él y Urdangarin negociaron en 2004 en La Zarzuela la celebración del foro Valencia Summit con el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

3 de abril de 2013. El juez Castro imputa a la infanta

Cristina, pero la Audiencia de Palma levanta la imputación y recomienda que se investigue si cometió un delito fiscal.