Un fiscal discreto para investigar a Juan Carlos I

El fiscal Juan Ignacio Campos asume que, con la investigación del rey emérito, le ha tocado una de las tareas más comprometidas de sus 42 años de carrera. Un “marrón”, según la expresión coloquial admitida en conversaciones con compañeros cercanos. Pero Campos (Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, 69 años) también ha transmitido a su entorno que aborda el encargo como “uno más”, tan importante como la mayoría de asuntos que llegan al Tribunal Supremo. Pese a su afán por relativizar la envergadura del caso, la Fiscalía General del Estado ha justificado en la “trascendencia institucional de esta investigación” la elección de Campos para dirigir las pesquisas.

Las diligencias abiertas para indagar el posible pago de comisiones en las obras del AVE a La Meca y la supuesta implicación de Juan Carlos I están llamadas a ser el asunto judicial estrella de los próximos meses, pero la investigación va a estar a cargo de un fiscal con aversión al estrellato. No son pocos los compañeros que intuyen que este rasgo ha podido ser tenido en cuenta por la fiscal general, Dolores Delgado, para poner a Campos al frente de la investigación. Perfil bajo y discreción para garantizar que el ministerio público no contribuya a elevar más si cabe el ruido político y mediático que envuelve a este asunto.

Pero más allá de su personalidad discreta, los miembros de la carrera consultados coinciden en que si un fiscal se tenía que poner al frente de la investigación sobre el rey emérito, Campos era la elección natural. Fiscal jefe de sala de la Fiscalía del Tribunal Supremo, coordina desde hace ocho años el área de delitos económicos, desde la que ha dirigido la actuación del ministerio público en causas de relevancia como Malaya (la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella) o Terra Mítica (las irregularidades en el parque temático de Benidorm). También uno de los más recientes, el recurso contra la primera sentencia de la trama Gürtel, en el que la Fiscalía ha apoyado mantener la condena al PP.

Nadie se atreve a avanzar si Juan Carlos I tendrá que declarar en el Tribunal Supremo. Si ocurriera, Campos llegaría con el bagaje de haber dirigido interrogatorios que en su momento centraron la atención política y mediática, como el que le enfrentó al extesorero del PP Luis Bárcenas (cuando estaba aforado como senador) o a la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá. Tampoco es la primera vez que aborda asuntos vinculados a la familia real, ya que estuvo al tanto desde el inicio de la investigación del caso Nóos, que sentó en el banquillo (con la oposición de la Fiscalía) a la infanta Cristina y acabó con la condena de su marido, Iñaki Urdangarin. El fiscal encargado de la causa en Palma, Pedro Horrach, acudía con regularidad a Madrid para consultar a Campos y al también fiscal de sala Fidel Cadena.

Maestro de muchos fiscales como preparador de oposiciones, ha legado la vocación a su hija. Su esposa es la también fiscal del Supremo Isabel Rodríguez, que se ocupó del recurso de casación contra los miembros de la Manada, finalmente condenados por el delito de violación, y no solo abuso sexual, lo que hizo que las penas de los acusados pasaran de 9 a 15 años de prisión.

Campos tiene fama de actuar sin prisa pero sin pausa, buscando resultados sin espectacularidad, y es considerado uno de los fiscales más progresistas del Supremo. Fue fundador de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), el ala más reformista de la carrera, nacida en 1985 como una escisión de la inicial Asociación de Fiscales, que desde 1980 trató de unir a todos los miembros de la carrera en una única organización corporativa. Pero cinco años fueron más que suficientes para comprobar que en la Fiscalía también existen tendencias ideológicas. Campos es el único del núcleo inicial de la UPF que nunca ha tenido cargos directivos en ella. Otra muestra de ese deseo por mantenerse siempre en segundo plano.

Su primer destino fue en la Fiscalía de Barcelona, junto a los fiscales Villarejo y Mena, los del caso Banca Catalana. Accedió al alto tribunal en 1996, de la mano del entonces fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, otro histórico de la izquierda de la carrera fiscal. Desde 1994, Campos formaba parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, donde se elaboran o supervisan los dictámenes más importantes, y donde coincidió con Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, dos de los fiscales que años después se ocuparían del juicio del procés en el Supremo. A pesar de haber desempeñado cargos tan relevantes, siempre se las ha ingeniado para pasar prácticamente inadvertido.

Ahora, lo que más teme tras recibir este encargo es que le sigan a todas partes. Ha llegado a decirle a alguno de sus compañeros que, si esto pasa, pedirá la jubilación anticipada. Pero nadie le cree capaz de hacerlo. Campos quiere que le dejen trabajar con tranquilidad, pero es muy consciente de su relevancia y no lo dejaría una vez que lo ha asumido con la garantía de que podrá ejercerlo con plena autonomía.

Se cuenta en la Fiscalía que la reacción de Campos fue decirle a la fiscal general: “Vaya asunto que pones en mis manos”. Pero lo aceptó como un deber. También le oyeron decir: “Le tengo respeto institucional y personal al rey emérito, y sin perjuicio de ello tengo que hacer lo que tengo que hacer. Si un asunto llega a mi mesa, tengo que despacharlo”.