Dinero americano para Morón y Rota
La guerra en Ucrania fuerza a EE UU a dedicar más recursos a sus bases militares en Europa, tras años de desinversión en estos puestos estratégicos
La amenaza directa de Rusia a las fronteras europeas —buena parte de ellas, territorio de la OTAN— plasmada en la guerra en Ucrania ha tenido un impacto directo en el gasto militar. Otra de las consecuencias de esta situación bélica, cada vez más enquistada y sin solución a corto plazo, es que Estados Unidos se ha visto obligado a acometer nuevas inversiones en sus bases militares en Europa, con el objetivo de ampliarlas y reforzarlas. Esta es una de las conclusiones que recoge la consultora EY en su informe España 2023. Un año por delante. Es complicado saber hasta qué punto se puede cumplir esta previsión, pero el socio responsable del sector construcción e infraestructuras de EY, Fernando González Cuervo, avanza algunas cifras.
Entre 2022 y 2024, el Departamento de Defensa de EE UU ha presupuestado casi 1.200 millones de dólares en reforzar y mejorar sus instalaciones terrestres en suelo europeo y otros 636 millones de dólares en ocho de sus bases navales en el continente, entre ellas las de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz). Estos presupuestos solo incluyen los proyectos relevantes, por lo que todas las inversiones por debajo de un millón de euros no entran en el recuento. De entrada, las cantidades no parecen muy elevadas. “Ese dinero es lo que te cuesta hacer una línea de metro o un túnel. La cuestión es que hemos pasado de no gastar prácticamente nada a 2.000 millones en un par de años debido a la guerra en Ucrania”, sostiene González Cuervo.
Esas infraestructuras militares (hangares, almacenes, depósitos, oficinas…) son solo la punta del iceberg del gasto en Defensa. Después hay que dotar a estos recintos de equipos y de tecnología, lo que impulsa el crecimiento de la industria militar. Participar en este tipo de proyectos es complicado, ya que están sometidos a la legislación estadounidense, tremendamente estricta. Pocas compañías europeas suelen implicarse en estas licitaciones, que por lo general llevan a cabo empresas norteamericanas.
Lugares sensibles
La estructura de estas obras no se diferencia mucho respecto a otras en cuanto al aspecto constructivo, pero sí en lo que respecta a su confidencialidad. Se trata de infraestructuras muy particulares, sometidas a continuas amenazas que incluyen posibles atentados terroristas, por lo que el control es máximo. “Es dificilísimo entrar en el club de empresas que participan en estas licitaciones. Las autoridades de Estados Unidos tienen mucho cuidado con quién entra en sus instalaciones militares y quién no, las condiciones en las que se llevarán a cabo las obras… Son aspectos que incumben a su seguridad nacional y la Administración es muy rigurosa”, añade el consultor. Aunque las bases estén ubicadas en países europeos, toda la contratación y burocracia que traen aparejadas estas infraestructuras se ejecuta según las reglas y normas de EE UU.
El director del think tank EsadeGeo, Ángel Saz-Carranza, coincide en que sin el actual conflicto en el este europeo, la Administración de Biden hubiera apostado por el “decrecimiento” de inversiones en el continente. El caso es que, a través de la denominada Iniciativa Europea de Disuasión (EDI, por sus siglas en inglés), Estados Unidos casi ha duplicado su inversión en infraestructura militar de 2021 a 2023. En dos años, sus responsables de Defensa han destinado 800 millones de dólares, fuera del paraguas de la OTAN, a sus bases europeas. “Han invertido desde en amarres para aumentar la capacidad de destructores hasta en cuarteles especializados, pasando por sistemas de información fijos y de detección submarina”, apunta Saz-Carranza.
Opina este experto en estrategia que la urgencia de la guerra lo ha cambiado todo, ya que a los países europeos no les ha quedado otra que acercarse a EE UU para comprar y acceder a la tecnología militar de última generación. Esto implica, necesariamente, que Europa va a retrasar unos cuantos años la posibilidad de desarrollar su propia industria, porque esos miles de millones de euros dedicados a ese capítulo están yendo a parar ahora mismo a las arcas americanas. En otras palabras, los proyectos industriales y militares made in Europe se han frenado en seco. “La guerra ha hecho que vuelva el interés de Estados Unidos por Europa, aunque sea temporal, tras los años del mandato de Donald Trump”, añade el profesor de Esade.
Por su parte, el investigador principal del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga, sostiene que EE UU no precisa aumentar su número de bases porque cuenta con una nutrida red de acuerdos con numerosos países que le permiten realizar ejercicios militares, desplegar instructores militares o incluso utilizar instalaciones nacionales. Abrir y cerrar estas instalaciones, además, es un proceso complejo. “Las inversiones se orientan a mejoras operativas en las instalaciones en el este de Europa, no a crear nuevas bases”, insiste Arteaga. Y recuerda que, con la reducción de fuerzas y de presupuestos de los últimos años, es complicado acometer nuevas construcciones, por lo que la prioridad es mantener las que ya están activas. “Tampoco está en el radar de Europa el compartir o crear nuevas infraestructuras militares”, añade.
La OTAN amplía su gasto hasta los 1.000 millones
En sus presupuestos para 2023, la OTAN ha fijado un límite de 1.000 millones de euros para el denominado Programa de Inversiones en Seguridad (NSIP, por sus siglas en inglés), lo que supone un incremento del 26,6% respecto a 2022. Esta partida cubre las principales inversiones en construcción y en sistemas de mando y control de la Alianza Atlántica, y su principal objetivo es dotar a los países miembros de aquellas infraestructuras que exceden de los requisitos nacionales de Defensa. Las empresas españolas interesadas en participar en una licitación internacional de este tipo son nominadas, certificadas y apoyadas por el Ministerio de Defensa. Este soporte se canaliza a través de la emisión de una declaración de elegibilidad o de una lista de empresas interesadas que se envía a la nación anfitriona del proyecto.
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