El refuerzo de las tropas de Estados Unidos en Rota no se votará en el Congreso

España y Estados Unidos firmarán en los primeros meses de este año el acuerdo que regulará el despliegue en la base naval de Rota (Cádiz) de dos nuevos destructores lanzamisiles, anunciado por el presidente estadounidense, Joe Biden, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante la visita que el primero hizo a Madrid en junio, con motivo de la cumbre de la OTAN, según fuentes gubernamentales. Está previsto que el primero de estos dos buques, con 300 tripulantes cada uno, llegue a España en 2024 y el segundo, al año siguiente o en 2026, según el calendario adelantado a las autoridades españolas por el Departamento de Defensa estadounidense.

Aunque la incorporación de los dos nuevos destructores, que se suman a los cuatro ya destacados en la base gaditana, supondrá aumentar en un 50% la presencia de la armada estadounidense en España, los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores, directamente implicados en la negociación, consideran que no requiere reformar el actual convenio de defensa con EE UU y puede hacerse a través de un mero acuerdo administrativo. Por eso, salvo cambio de criterio, no está previsto someter el aumento de tropas a la ratificación de las Cortes, al contrario de lo que se hizo con las anteriores tres enmiendas al convenio —en los años 2002, 2012 y 2015—, sino solo informarlas del mismo.

Esta decisión permitirá evitar la imagen de los dos socios de Gobierno votando divididos en el Parlamento —Unidas Podemos ya ha adelantado que no apoyará el refuerzo de la presencia militar estadounidense en España—, aunque sí tendrá que aprobarse en el Consejo de Ministros, donde ambos se sientan. Sin embargo, no abordar la reforma del acuerdo militar con Washington tendrá un efecto colateral: no podrá prorrogarse la vigencia del actual texto, que expiró en mayo de 2021.

El convenio de cooperación para la defensa entre España y EE UU se firmó en diciembre de 1988, con una vigencia de ocho años, pero las dos primeras veces que se reformó (para regular la actuación en España de los servicios secretos de la Marina y la Fuerza Aérea estadounidenses y para incluir la llegada de los cuatro primeros destructores a Rota) se prorrogó su vigencia por el mismo periodo, extendiéndose hasta el 21 de mayo de 2021. Desde entonces se aplica el artículo 59.2 del convenio, según el cual este se prorroga automáticamente por periodos anuales si, seis meses antes de su finalización, ninguna de las partes lo denuncia. Como no se denunció antes del 21 de noviembre, su vigencia se ha extendido hasta mayo de 2024.

Tener de inquilinas a las Fuerzas Armadas estadounidenses con un contrato que caduca cada año puede causar inseguridad jurídica, pero las fuentes consultadas sostienen que Washington sabe que España es un aliado sólido y que este vínculo no va a cambiar aunque lo haga el partido en el Gobierno.

Desde el punto de vista jurídico, la cuestión es controvertida, pues el convenio bilateral tiene rango de tratado internacional para España, (aunque no para Estados Unidos) y requiere la aprobación de las Cortes. La enumeración de las unidades destacadas en Rota figura en un anexo, pero este forma parte del propio convenio, como especifica su artículo 69.1, por eso se sometió a ratificación del Congreso la llegada de los cuatro buques.

No obstante, el segundo protocolo de enmienda, el que autorizó el despliegue de los destructores, señala que los dos países “podrán celebrar acuerdos administrativos en desarrollo” del mismo, “según sea necesario, siempre que estos acuerdos sean conformes con el convenio y con las respectivas legislaciones nacionales”. Fuentes gubernamentales interpretan que, en virtud de este artículo, un “acuerdo administrativo” podría servir de paraguas para el reforzamiento de Rota (Cádiz).

Otras fuentes agregan que, en todo caso, no se superaría el tope de personal estadounidense fijado en el convenio para la base de Rota: 4.250 militares y 1.000 civiles. En septiembre de 2021, la presencia real de estadounidenses se limitaba a 3.200 militares y 450 civiles, el 70% de lo autorizado. Tampoco los seis destructores estarían nunca simultáneamente en Rota, agregan, ya que siempre hay más de uno navegando o en dique seco, por avería o mantenimiento.

Si el Gobierno optara por someter la llegada de los nuevos destructores al Congreso, no podría contar con algunos socios de investidura y probablemente dependería del PP para su aprobación. Aunque es impensable que Alberto Núñez Feijóo boicoteara la cooperación militar con Washington, los puentes entre el Ejecutivo y el primer partido de la oposición están rotos y domina la desconfianza, incluso en temas de Estado.

Más allá del debate político, está el económico. El aumento del número de destructores supondrá más trabajo para los astilleros de Navantia, a los que la Navy ha adjudicado el mantenimiento de sus buques en Rota por un máximo de 822 millones de euros hasta 2028.