España autorizará a los espías de EE UU a actuar bajo supervisión en territorio nacional
Los nombres de los agentes y las operaciones deberán ser comunicados a las autoridades españolas
El Ministerio de Defensa ha acordado con Estados Unidos "las normas reguladoras de la actuación en España del NCSI [Servicio de Investigación Criminal de la Navy] y de la OSI [Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea]", dos de las agencias de inteligencia del Pentágono. Estas normas estaban pendientes desde que, en abril de 2002, se reformó el convenio bilateral y se legalizó la presencia en España de los servicios secretos militares. Sus agentes podrán actuar fuera de las bases de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), pero bajo supervisión española.
El pacto estaba pendiente desde que en 2002 se reformó el convenio bilateral
Tras casi cinco años de negociaciones en el seno del Comité Permanente Hispano-Norteamericano, el acuerdo que desarrolla el artículo 17.6. del convenio de Defensa con EE UU -el que más polémica levantó en su día- quedó listo para su ratificación en enero pasado.
Sólo falta, según fuentes gubernamentales, que las respectivas asesorías jurídicas den el visto bueno al texto y que se decida la forma de rubricarlo: probablemente, mediante un intercambio de cartas.
En todo caso, según las fuentes consultadas, el documento tendrá carácter secreto, aunque el Congreso podría ser informado a través de la Comisión de Secretos Oficiales o de algún otro procedimiento reservado.
La reforma del convenio de 2002, denominada técnicamente protocolo de enmienda, legalizó la presencia en España de los servicios secretos de la Navy (NCIS) y de la Fuerza Aérea de EE UU (OSI), "para que actúen en conjunción con sus homólogos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de los servicios de inteligencia españoles en asuntos de interés mutuo y lleven a cabo investigaciones criminales que afecten a personal o bienes de los Estados Unidos de América. Las autoridades competentes", concluye el artículo 17.6, "deberán establecer las normas reguladoras sobre la actuación en España del NCIS y de la OSI".
Fuentes conocedoras del documento final en el que se plasman las "normas reguladoras" sostienen que éstas se basan en los siguientes principios:
-Respeto escrupuloso a la legislación española aplicable en cada caso.
-Acreditación previa de los miembros de la NCSI y la OSI ante las autoridades españolas, de forma que nadie pueda apelar a su condición de agente de dichos servicios si no figura en la relación entregada por los responsables de EE UU a sus homólogos españoles.
-Comunicación previa a las autoridades españolas de cualquier operación que los servicios secretos de la Marina y la Fuerza Aérea quieran emprender en territorio español.
-Las operaciones se harán en conjunción con las Fuerzas de Seguridad del Estado, el Centro Nacional de Inteligencia o los servicios de inteligencia de los ejércitos, según el caso.
-Las actividades de los agentes estadounidenses se ceñirán a las operaciones comunicadas y autorizadas, sin que puedan desviarse de las mismas.
Falta por aclarar si los miembros de los servicios secretos de la Navy y la Fuerza Aérea podrán operar en solitario fuera de las bases militares o deberán ir siempre acompañados por agentes españoles. Según algunas fuentes, los responsables españoles se reservan el derecho de acompañarles, salvo que renuncien voluntariamente a hacerlo una vez informados de las características de la operación.
Al contrario de lo que sucede en España, los servicios secretos de la Marina y el Ejército del Aire de EE UU realizan funciones policiales, como la investigación criminal y la detención de sospechosos, y tareas propias de servicios de inteligencia: como el contraespionaje, protección de las tropas o lucha contra el terrorismo o el narcotráfico.
El NCSI y la OSI son sólo dos de las múltiples agencias de inteligencia con que cuenta Estados Unidos, junto a la CIA, la NSA (Agencia Nacional de Seguridad), que se ocupa de la interceptación masiva de comunicaciones, o el FBI.
A raíz del 11-S, sin embargo, los servicios dependientes de las Fuerzas Armadas han tenido un espectacular desarrollo y actualmente el Servicio de Investigación Criminal de la Navy (que se ocupa también de los casos relacionados con el Cuerpo de Marines) tiene más de 2.400 agentes. La mitad de ellos son civiles y casi la quinta parte han estado desplegados en Afganistán, el Cuerno de África o Irak, donde participaron en la búsqueda de las inexistentes armas de destrucción masiva.
Los expertos del NCSI son especialmente conocidos por su dominio del polígrafo, lo que hace que con frecuencia se recurra a ellos para interrogatorios, como en la base de Guantánamo (Cuba), donde fueron los primeros en advertir a sus superiores del uso de malos tratos y vejaciones a los detenidos.
El punto más correoso de la negociación ha sido determinar en qué condiciones pueden los agentes estadounidenses actuar fuera de las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) o investigar a personas ajenas a las Fuerzas Armadas de EE UU.
La prevención de amenazas en puertos civiles donde atracan buques de guerra estadounidenses ha sido uno de los argumentos esgrimidos para extender su campo de actuación, aunque se trata de un asunto especialmente espinoso porque los agentes de estos servicios van habitualmente armados.
La polémica detención del 'marine' Pimienta
Desde hace casi un año, marzo de 2006, los agentes de la NCSI y la OSI tienen prohibido operar fuera de las bases. El confinamiento fue una consecuencia del llamado caso Pimienta, la detención y extradición irregular de un marine. Federico Pimienta-Perdomo, estadounidense nacido en Uruguay, fue capturado el 15 de febrero por agentes del servicio secreto naval, conducido a la base de Rota y trasladado en un avión militar a la base aérea de Kelly, en Tejas.
Pimienta estaba en busca y captura desde el 6 de junio de 2005. Un día después fue juzgado en rebeldía y condenado a 12 años de prisión por la muerte del también marine Rusell White, a quien mató de un disparo en la cabeza mientras limpiaba su arma en la base de Bagram (Afganistán), donde ambos estaban destinados.
La foto de Pimienta figuraba en la lista de Más buscados de América, y el portavoz militar, Paul Cicarelli, explicó que los agentes del NCIS siguieron al prófugo en Londres, donde le perdieron la pista, hasta que consiguieron localizarlo y detenerlo en España.
Cuando el Ministerio de Defensa español pidió explicaciones, EE UU adujo que Pimienta iba camino de la base de Rota, para entregarse voluntariamente, pero se perdió por el camino y los agentes del NCIS fueron a recogerlo a una gasolinera de San Fernando.
Aunque Pimienta pertenecía al Cuerpo de Marines, no estaba destinado en España, por lo que para las autoridades españolas era un civil a todos los efectos y los responsables militares de EE UU en Rota carecían de cualquier jurisdicción sobre él.
Ningún policía español asistió a la detención y ningún juez autorizó su extradición, que habría sido problemática, pues la ley española no admite juicios en rebeldía. El abogado de Pimienta en EE UU dio por buena la entrega voluntaria, que garantizaba a su cliente un trato más benévolo, y el Gobierno español dio por buena esta versión.
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