Los Balcanes: europeos en busca de luz al final del túnel

Los serbios votan este domingo en las elecciones parlamentarias que debían haberse celebrado el pasado abril, pero se pospusieron por la pandemia. Albania está inmersa desde 2014 en una reforma de lentitud exasperante, la del sistema judicial, con el objetivo de sanear la administración de justicia y conjurar la permanente sospecha de corrupción y conexiones con el crimen organizado. Más lejos de la UE y en una suerte de limbo, Bosnia es el único país de la zona, junto con Kosovo, que ni está en la Unión ni es técnicamente candidato a integrarla. En los tres países, un permanente tema de fondo: el lento, agitado y fatigoso proceso de incorporación a la Unión Europea. Albania y Macedonia del Norte recibieron el pasado marzo luz verde al inicio de las negociaciones de adhesión, tras un endurecimiento del proceso. Dos meses más tarde, la UE celebró una cumbre por videoconferencia con los países de los Balcanes occidentales para reafirmar su compromiso (se aprobaron hasta 3.300 millones de euros de ayudas para paliar los efectos de la epidemia) y salir al paso de la creciente influencia de China y Rusia. “Los Balcanes occidentales pertenecen a la UE, no hay ninguna duda al respecto”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Pero también les recordó que, para unirse finalmente al club, todavía deben hacer importantes esfuerzos de lucha contra la corrupción y para adoptar plenamente valores fundamentales de la Unión.

EL PAÍS recorrió entre finales de 2019 y principios de 2020 Serbia, Albania y Bosnia para dibujar el retrato de tres países y 13 millones de personas que sueñan con entrar en la UE.

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En la sede del partido de Borko Stefanovic, en una larga avenida comercial de Belgrado, una fotografía enmarcada recuerda el momento, hace un año y medio, en el que empezó todo y, a la vez, nada. En la imagen, Stefanovic, un político de la oposición al presidente Aleksandar Vucic, muestra una camisa blanca ensangrentada en una rueda de prensa para denunciar que varios encapuchados con puños americanos le acababan de agredir al entrar a un mitin en Krusevac, en el sur de Serbia. “Era de noche y llegábamos unos minutos tarde, así que la mayoría de personas estaban ya dentro del centro comunitario. Al acercarme a la entrada principal vi a tres hombres con pasamontañas negros, de pie en una zona no iluminada. Fue todo en segundos… En cuanto pasé a su lado, uno me golpeó con un puño americano. Llevaban también barras de acero cortas. Al primer golpe en la nuca perdí el conocimiento. Debí de estar inconsciente como 45 segundos, en los que siguieron pegándome en la cabeza. No creo que el presidente lo organizase personalmente, pero sí que ha creado este ambiente de odio, de persecución a quien piensa diferente de él”.

Stefanovic no era una figura particularmente conocida, pero la agresión fue la gota que colmó un vaso que venían llenando los viejos males de Serbia (clientelismo, poder de elites y mafias, pobreza, etcétera) con otros más recientes, como la erosión democrática, las tendencias autocráticas o la cuasiuniformidad informativa. Dos semanas más tarde, miles de personas protestaron en Belgrado bajo el lema “No más camisetas ensangrentadas”. El presidente respondió que ignoraría sus demandas incluso si saliesen a las calles cinco millones de personas, es decir, un 70% de la población del país. La frase saltó a las redes sociales y llevó a rebautizar como 1od5miliona (1 de 5 millones) el mayor movimiento en Serbia desde el levantamiento que acabó con Slobodan Milosevic en 2000. Hasta que el coronavirus obligó a detener las marchas, mantenía el título de la protesta activa más larga en Europa, si bien las manifestaciones que en la primavera de 2019 atraían a decenas de miles de personas apenas congregaban últimamente a cientos, con el liderazgo fragmentado por luchas internas y los escasos réditos en manos de Bosko Obradovic, el líder de un partido ultranacionalista, antiinmigración y homófobo. El presidente, cuyo partido tiene todas las papeletas para arrasar en las elecciones de este domingo, puede dormir tranquilo.

En enero de 2019, la revista NIN, uno de los pocos medios que no ha tratado de desacreditar la protesta, publicó en portada una foto con sus tres principales líderes y un titular: “Acabamos de empezar”. Solo uno de ellos sigue hoy en la organización. Los otros dos la abandonaron al considerar que los partidos de la oposición habían secuestrado las marchas para convertirlas en una lucha personal contra Vucic. “Llegó a haber hasta 100 protestas simultaneas en Serbia. Ya en febrero [de 2019] entendimos que se la estaban arrebatando a los movimientos. Ahí empezó a ir cuesta abajo”, explica Jelena Anasonovic en una cafetería del casco histórico de la capital. “Yo apoyo el boicot electoral, pero cuando empezó a gestarse entendí que estábamos siendo utilizados. Que íbamos a ser soldaditos en el campo de batalla, sin autonomía alguna. No era esa nuestra idea inicial. Y si quieren cambiar el sistema y a este Gobierno y al mismo tiempo actuar igual que el Gobierno, yo no quiero formar parte de eso”.

El “boicot” que menciona Anasonovic es el que efectúa el grueso de la oposición -el Movimiento de Ciudadanos Libres y Alianza por Serbia, una organización paraguas en la que conviven una decena de formaciones, desde la izquierda hasta la extrema derecha- a las elecciones legislativas del domingo, inicialmente previstas para el 26 de abril y aplazadas por la pandemia. Faltan, estiman, las condiciones democráticas para que sean una competencia real y solo servirán para dar una patina de legitimidad ante el mundo a Vucic. El presidente ve en el boicot una estratagema por “miedo” a enfrentarse a las urnas "honesta y transparentemente”.

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Declaró en 2008 su independencia de Serbia. Belgrado no la reconoce.

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La narrativa de que todos los políticos son iguales no es exclusiva de Serbia. Tampoco las candidaturas de broma. Pero en las presidenciales de 2017 en las que arrasó Vucic, y con apenas 25 años de edad, Luka Maksimovic logró casi el 10% de los votos con el personaje Beli (Blanco), una parodia de la clase política con promesas incumplibles —construir una costa para un país sin salida al mar—, hiperbólicas —levantar una fábrica de Lamborghini— o sarcásticas, como ofrecer “tres veces más” que el resto de políticos. “Fue una mezcla de buena suerte, una buena idea y la mala situación del país. La gente está desesperada y buscaba una salida, incluso en un personaje de ficción, un príncipe con un caballo blanco que les decía que iba a construir castillos”, señala hoy, entre abrumado y arrepentido por la dimensión que tomó lo que empezó colgando un vídeo en Youtube tras fumarse un porro con sus amigos. Maksimovic viste chándal y carga cajas de refrescos en la cafetería que regenta con su madre en la localidad de Mladenovac, 50 kilómetros al sur de Belgrado. En la puerta aún se ve la esquela por el fallecimiento de su padre. En el interior, los locales fuman y beben rakia, un licor de unos 40 grados típico de los Balcanes y Europa Central. Aún no es mediodía.

En Serbia, muchos creen que Maksimovic fue una herramienta del presidente para restar votos a sus verdaderos contrincantes. Vucic ha asegurado, en cambio, que fue el único rival que le preocupó en las anteriores elecciones. Esta vez se sumará al boicot de la oposición, pero reparte a uno y otro lado del espectro político: “Hace 30 años que la misma gente controla la política. Y por eso la sátira era la mejor burla posible. Vucic es uno de los mejores manipuladores de la historia de Serbia. Un tipo loco, un problema para el país y para nuestro futuro. Pero me quito el sombrero ante cómo ha logrado formar una maquinaria de soldados. Chantaje, votos ganados antes de las elecciones, gente traída desde todo el país en autobuses para acudir a los mítines... Son soldados. La oposición no es tan mala como Vucic, pero es un grupo de intereses. Cuando echemos a Vucic, ¿quién tomará el poder? No hay alternativa. Vucic no es el único problema. También la oposición”.

En 2016, cuando su hijo se involucró en la creación de Beli, la maestra Vesna Vlajic recibió una llamada del alcalde: “Dile que se calme o dejarás de ser directora”, cuenta en una cafetería de Mladenovac. Llevaba nueve años al frente de la principal escuela de la ciudad y no cedió. “Primero dejaron el presupuesto del centro en el mínimo que exige la ley. Los niños dejaron de ser invitados a programas. En esa época llamé al alcalde. Le dije que yo no era la escuela, que no castigase a los niños. Fue una conversación desagradable en la que me soltó: 'Sabes lo que tienes que hacer para que la escuela reciba lo que necesita”. Las inspecciones pasaron de ser esporádicas a hasta tres al mes, relata. En 2018 tiró la toalla. "Me dejaron claro que iba a ser despedida al año siguiente. No podía pelear contra eso y pasar un año así no tenía sentido. Al dimitir podía seguir enseñando. No me siento humillada porque yo misma me fui”.

Aún más al sudeste de Belgrado está Smederevska Palanka, una ciudad de 50.000 habitantes en la que priman el gris y el marrón. El esqueleto de un estadio de baloncesto que nunca vio la luz o los famosos coches Yugo, construidos durante la época socialista, retrotraen a otra época. También el letrero de la fábrica ferroviaria de Gosa. Fundada en 1923, durante el Reino de los serbios, croatas y eslovenos, fue motivo de orgullo durante los años de Tito y de vergüenza en 2017 -ya privatizada-, cuando uno de sus trabajadores se suicidó tras 15 meses sin cobrar. Un año después, Gosa quebró.

Voces contra el presidente Vucic

Luka Maksimovic. 27 años

Ahora tiene la mente en otra cosa (triunfar en la música con su grupo El Presidente (así, en español) y trabajar en la modesta cafetería familiar en la ciudad de Mladenovac), pero hace apenas tres años Maksimovic logró casi un 10% de los votos con una candidatura paródica en las elecciones presidenciales. Tiene 27 años, fuma en cadena y sonríe todo el tiempo. “Estamos en el peor momento porque hay en el Gobierno una organización criminal: gente sin conocimientos, con títulos falsos...”

Bosko Obradovic. 43 años

La protesta contra el presidente ha perdido mucho fuelle, pero si alguien está obteniendo réditos es Bosko Obradovic. Su lenguaje directo, su presencia imponente y su mensaje nacionalista y ultraconservador granjean bastantes apoyos a su formación, Dveri. Las marchas, en las que ha pasado de participar en segundo plano a ocupar el centro de las fotos, le han servido de altavoz. “No somos homófobos, apoyamos los valores de la familia”

Petar Beljic. 22 años

Milita en el Partido Demócrata y participa en la organización de las protestas contra el presidente. Viste una camiseta con la palabra “héroe” y la imagen de Alexander Obradovic, un empleado de una fábrica de armamento que estuvo encarcelado por filtrar documentos que presuntamente implican al padre del ministro del Interior en una compra a precio reducido de armamento que acabó en manos del ISIS en Yemen. La detención, el pasado septiembre, solo se supo semanas más tarde, cuando la reveló un semanario. "Un año de manifestaciones es mucho tiempo. La gente está cansada. Además, tanto escándalo anestesia”

Jelena Anasonovic. 25 años

En apenas unos meses, ha pasado por tres fases bien distintas: primero, estudiante universitaria en Belgrado; después, símbolo y cara visible de las protestas contra Vucic y, ahora, desencantada con un movimiento que considera raptado por la oposición. Apenas habla con los medios, dice, para no dar munición a los partidarios del presidente. “Al principio de las protestas registramos el nombre del movimiento precisamente para intentar salvaguardarlo de los políticos”

Liliana Pesic. 70 años

No se pierde una de las manifestaciones semanales contra el presidente Vucic. "Venimos cada sábado”, dice mientras señala a su grupo de amigas­. “Serbia ya no es una democracia. Los jueces son del presidente y es la mafia la que dirige el Estado”.

Las múltiples farmacias y casas de cambio dan cuenta del presente: los ancianos se quedan, los jóvenes emigran. Una de las bromas en los Balcanes es que si sus países no entran en la UE, lo harán sus ciudadanos…, uno por uno. Serbia, como el resto de los Balcanes, sufre un declive demográfico potenciado por una fuerte migración juvenil. Cada año, entre 40.000 y 50.000 personas abandonan el país. Serbia tiene hoy unos siete millones de habitantes. Se calcula que en 2050 serán solo 5,8 millones.

Cristina tiene 36 años y es licenciada en Literatura, pero vive con sus padres porque está en el paro. “¿Cómo voy a formar así una familia? Tengo las manos atadas… Por formación, podría trabajar como periodista o en una librería, pero en esos sitios la gente consigue trabajos por política o conexiones”, asegura con gesto de hartazgo en una cafetería. Su amiga Marija asiente y cuenta que se afilió hace una década al partido que entonces gobernaba, el Democrático, cuando Boris Tadic era presidente. “Era vox populi que si lo hacías era más fácil lograr trabajo”, admite. Al final, cuenta, lo encontró sin necesidad de recurrir al tráfico de influencias. Hoy cobra oficialmente 30.000 dinares (255 euros) y otro tanto en negro, admite. “Y me considero una afortunada, porque prefiero estar en el sector privado, más lejos de los politiqueos, y no tengo hijos. Pero de mi calle, todos los de mi generación se han ido a Alemania”.

Hasta que llegó el coronavirus, Serbia no venía atravesando un mal momento económico. Era uno de los países europeos que más crecía, por encima del 4%, ha reducido notablemente el desempleo, y la inversión extranjera directa china había pasado en un lustro de anecdótica a un quinto del total, impulsado el conjunto. Después, con la pandemia, la importancia de la agrícultura y el escaso peso de sectores como el turismo han hecho que su previsión de caída del PIB sea solo del 3%. Pero el salario medio (468 euros) y las pensiones (224 euros) siguen entre los más exiguos de Europa y, en la calle, las historias traslucen a menudo desesperanza por el presente e incertidumbre por el futuro. Como la de Radomir Yovanovic, que tiene 64 años y cuenta que trabajó durante 36 en una empresa de maquinaria y herramientas de la que no recibió compensación porque se declaró en quiebra. O Dragoslav Tarabanovic, de 65, que dibuja un ambiente de control político que lleva a la resignación: “He visto a hombres del partido del presidente llegar en coches a amenazar a la oposición. Controlan quién vota a quién”.

Los octogenarios Zivomir y Rajna Stojanovic, marido y mujer, van a votar a Vucic en las próximas elecciones y nada tiene que ver el miedo. “Nos ha hecho carreteras y todo. Lo que pasa es que él solo no puede arreglar todos los problemas de Serbia. Me gusta su carácter. ¿En qué otro país hay un presidente que explica a la prensa por qué algo es de una manera o de otra?”. Viven principalmente de unas pequeñas pensiones de Austria y Francia, donde trabajaron en la siderurgia, que completan con lo que les da el campo.

Vucic es un ejemplo de reinvención. Hoy (entre 2014 y 2017 fue primer ministro y, desde entonces, presidente) viste el traje de líder moderado que defiende con firmeza el ingreso del país en la UE. Hace tres décadas era ministro de Información con Milosevic, pronunció en el Parlamento la frase “si matáis un serbio, mataremos cien musulmanes”, diez días antes del genocidio de Srebrenica, y despidió entre lágrimas al ultranacionalista Vojislav Seselj de camino a su condena (pasó 11 años en prisión) por crímenes contra la humanidad durante las guerras de los Balcanes. “En el pasado cometí equivocaciones”, ha dicho en más de una ocasión.

Dusan Spasojevic, profesor de sociología política en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrado, repasa el camino recorrido por Vucic: “En 2008 fundó un nuevo partido que decía: ‘ya no somos extrema derecha, sino centro-derecha, proeuropeos’, lo que es una parte significativa de los votantes serbios. Dio a los votantes nacionalistas una alternativa viable y con capacidad para gobernar. Llegó al poder, afrontó el que se consideraba el principal problema, la corrupción, arrestando a varios magnates y responsabilizando al Partido Democrático. En cierto modo fue percibido como un defensor de la gente de a pie y presentó a la oposición como una élite alienada. Clásica narrativa populista. Tenía una excelente base de votantes, de un 25%, que elevó con elementos no democráticos o semidemocráticos, como clientelismo o presión sobre los votantes. Se ha situado en el medio del espectro político. No es antieuropeo ni antirruso. Y, mientras siga ahí, estará seguro”.

Los elementos “semidemocráticos” a los que alude Spasojevic son prácticas -denunciadas en las redes sociales y corroboradas por la OSCE en su informe de observación de las elecciones de 2017- como el llamado “tren búlgaro”: recibir frente al colegio electoral un sobre ya con papeleta y, al salir, entregar a la misma persona un sobre vacío. O el envío a “coordinadores” de una foto de la papeleta para demostrar el voto, tanto propio como de familiares y amigos. En el aún muy presente sector público hay bastantes empleados temporales que no se quieren jugar la renovación.

El pragmático Vucic ofrece hoy dos cosas que importan mucho a la UE: voluntad de alcanzar un acuerdo con Kosovo —la exprovincia serbia que en 2008 declaró la independencia reconocida desde entonces por un centenar de Estados— y estabilidad. Sobre la primera, Serbia es técnicamente candidata a ingresar en la UE en 2025, pero en la práctica no lo hará sin un acuerdo previo que normalice las relaciones con su antigua provincia. En cualquier caso, solo ha cerrado aún dos de los 35 capítulos necesarios. En cuanto a la estabilidad, uno de los términos que más suena en boca de los analistas al hablar de Serbia es, precisamente, “estabilitocracia”, en referencia a la apuesta por Gobiernos que, sin ser dictaduras, priman el orden y la seguridad sobre los derechos humanos, la transparencia o la rendición de cuentas. “Es un régimen semiautoritario en el que reconozco patrones similares de Polonia y Hungría, por un lado, y de Turquía, por otro. Un régimen formalmente democrático con fuerte influencia del Gobierno en distintos aspectos de la vida”, resume Spasojevic. La ONG estadounidense Freedom House ha rebajado a “régimen híbrido” el estatus democrático de Serbia y a “parcialmente libre” la consideración de libre que mantenía desde la caída de Milosevic en 2000. “Los hombres fuertes que mantienen la paz son hoy socios, no por la inestabilidad en los Balcanes, sino por la inestabilidad en Europa”, escribe Jasmin Mujanovic, profesor de Ciencia Política en la universidad estadounidense Elon, en el ensayo Hunger & Fury: The Crisis of Democracy in the Balkans (Hambre y furia: la crisis de la democracia en los Balcanes).

Vídeo explicativo del proceso de adhesión a la UE.

Uno de los principales elementos del poder presidencial reside en el control de los medios, gracias en parte a la importancia de la publicidad institucional. Todos los canales nacionales de televisión (seis, entre públicos y privados) le apoyan. Los principales diarios, por lo general tabloides sensacionalistas muy baratos, también. “En los últimos dos años no he aparecido una sola vez en un canal nacional. En este país nos tratan no como oponentes políticos, sino como enemigos”, asegura Vuk Jeremic, exministro de Exteriores y expresidente de la Asamblea General de la ONU, en la sede de su formación, el Partido Popular, de centro-derecha e integrada en Alianza por Serbia. El país ha caído desde 2014 del puesto 54 al 93 en el Índice de libertad de prensa que elabora Reporteros sin Fronteras. Aunque finalmente se han retirado los cargos en su contra, una periodista, Ana Lalic, fue arrestada el pasado abril por informar de la falta de equipamiento adecuado ante el coronavirus en un centro médico en Novi Sad. Durante las semanas que duró el estado de emergencia, la protesta contra Vucic consistió en hacer ruido desde los domicilios.

El pasado diciembre, decenas de personas bloquearon los tres accesos a la sede de la radiotelevisión pública para denunciar su sesgo progubernamental y el silenciamiento de la oposición. “Han bloqueado la verdad durante ocho años, nosotros les bloqueamos durante ocho horas”, explicaba a este periódico ante una de las puertas la estrella ascendente de la protesta, Bosko Obradovic, quien resumía el ideario del partido que lidera, Dveri: “Somos democristianos, soberanistas y euroescépticos porque no queremos que Bruselas nos diga cómo se supone que tenemos que vivir en nuestro país".

Días después, en la manifestación semanal, una furgoneta con grandes amplificadores rellenaba con música a todo trapo el vacío de gente (no llegaban a mil personas) y de escenario para los discursos, con un pequeño podio y un micrófono. La protesta, prácticamente sin banderas ni pancartas, no había sido comunicada, pero no había policías de uniforme. Petar Beljic, militante del Partido Democrático, era uno de los pocos jóvenes en una protesta con una media de edad elevada. “El régimen quiere que pensemos que la gente emigra por dinero, pero lo hace por dignidad, ante la falta de libertad de prensa, el control del poder, el sistema de justicia, la corrupción... Llevo aquí un año porque quiero que la gente se quede en Serbia”.

Hasta que EEUU, tan discretamente proactivo en los Balcanes, no dio un manotazo en la mesa, cuenta divertido un periodista local, la reforma del poder judicial languidecía en Albania entre meandros de inercia y connivencia, pese a que la Unión Europea puso hace más de una década como condición para el ingreso de Tirana un radical lavado de cara a la judicatura. Darle la vuelta al sistema como un calcetín —sanearlo y modernizarlo, en suma— era, y es, el pilar de las cinco reformas exigidas para la membresía al antiguo país comunista, por su efecto transformador en otras clave como la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Lanzada en 2014, adoptada en el Parlamento en 2016, renqueante, la transformación —monitoreada y financiada por la UE— consiste en la reevaluación de jueces y fiscales y la creación de nuevos órganos de gobierno. Además de la independencia y la eficacia a la hora de administrar justicia, el objetivo es que los albaneses confíen en el sistema, un desiderátum que tiene mucho de acto de fe dado el oscurantismo que atenaza al país desde hace décadas, no sólo durante el régimen de Enver Hoxha (1944-1985). En 2017, más del 70% decía desconfiar de la justicia, según una encuesta del PNUD.

Pero resulta arduo hacerlo si la reválida saca a la luz casos tan flagrantes como el de “un juez procesado y declarado culpable por robar en un supermercado durante unas vacaciones en Italia, aunque dijo haber confesado para encubrir a su cuñada; u otro que ignoró por lazos familiares con el Ayuntamiento local la construcción ilegal de varios pisos en un edificio que se derrumbó como arenisca en el último seísmo”.

Detalla los casos en una animada cervecería de Tirana, una ciudad llena de bicicletas y sin un solo velo —casi el 60% de los albaneses son musulmanes—, un periodista local amparado en el anonimato. A lo largo de este reportaje habrá más testimonios ocultos, prueba del temor a dar la cara inherente a “un proceso que afecta a personas con nombres y apellidos y que por tanto resulta tan sensible, en un contexto de corrupción sistemática”, confiesa, también forzosamente anónimo, un alto cargo del poder judicial.

La primera fase, la del escrutinio de los profesionales, “debería terminar en 2021, pero al ritmo actual harán falta otros ocho años para completarla”, apunta Rovena Sulstarova, responsable de gobernanza del Instituto para la Democracia y la Mediación, que monitorea el proceso. Las cifras lo explican mejor, según el portal de investigación Reporter-BIRN: a 10 de junio, de los aproximadamente 700 jueces y fiscales que hay en Albania (tres millones de habitantes), 87 habían sido confirmados en sus puestos, 101, rechazados, y 39 habían renunciado voluntariamente.

Los criterios de evaluación pinchan el nervio de los males endémicos del país de las águilas: se trata, fundamentalmente, de descartar vínculos con el crimen organizado y determinar el origen de sus ingresos. “El número de renuncias va a seguir en aumento, y eso debería ser un indicador para indagar más en el pasado de esos profesionales y determinar el origen de su fortuna y sus vínculos con la delincuencia”, añade Sulstarova sobre una evaluación en la que, critican algunos, pagan justos por pecadores.

“A un juez muy honrado le han echado para atrás porque su esposa, que es dentista, no pudo presentar facturas. Y todos sabemos cómo funciona este país, sin papeles, sin comprobantes… Soy pesimista, creo que esto no va a llegar a ningún lado, desde luego no a Bruselas”, lamenta una profesional que colaboró con el equipo asesor europeo de la reforma; también, cómo no, bajo el anonimato. El portal de investigación BIRN Albania demostró que, entre 2004 y 2014, el 80% de los jueces del tribunal de apelación no pudo demostrar el origen de sus ingresos, y que 25 miembros de esa corte tenían activos de más de cinco millones de euros cada uno.

“Personalmente he visto y conocido indicios de corrupción judicial que no son parecidos a los de ningún otros país. Sé de jueces que han alterado el registro de la propiedad para poner una a nombre de alguien que no era su propietario legítimo. En las convenciones de jueces todos llegan montados en coches de gran cilindrada y con chóferes a pesar de cobrar poco más de mil euros al mes. El sistema entero funciona así”, explica Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, que dirigió entre 2010 y 2014 el proyecto Euralius, el programa de la UE para la reforma judicial, y para quien el sistema clientelar imperante en Albania explica muchas cosas: “Es un país pequeño, muy tradicional, donde todo el mundo se conoce. El intercambio de favores es el modo esencial de conseguir cualquier cosa. La tremenda corrupción del poder judicial responde a un modo de organización, antes que a las debilidades personales de uno u otro juez”

“Es un hecho que el sistema no funcionaba por corrupción y por corporativismo; una judicatura que no puede combatir el fraude es un fiasco”, sostiene el alto cargo judicial. “Pero la reforma no consiste solo en reevaluar a los jueces, hay que modificar todos los procedimientos, y también la relación de la sociedad con la justicia. Es cierto que los problemas extraordinarios requieren soluciones extraordinarias, por eso debemos darnos tiempo”. Los críticos de la reforma aducen cierto sesgo político –revanchas incluidas-, así como la inconveniencia de empezar por la cúpula, recuerda el togado, “pero los casos dudosos de despido, solo cuatro o cinco, irán a Estrasburgo, que determinará si ha habido errores en la evaluación”. Sobre el ritmo del proceso, el alto cargo sostiene que avanza “apropiadamente”. “Es injusto pedir resultados sujetos a plazos y fechas límite, porque es un reforma desde la raíz. Y este esfuerzo debe ser reconocido”, añade.

La intencionalidad política que algunos intuyen tras el veto a determinados jueces no es del todo infundada, según Urías. “La reevaluación ha servido para expulsar a muchos jueces corruptos, pero se trata esencialmente de los jueces corruptos más vinculados a lo que ahora es la oposición. Hay quien dice que más que limpiar el sistema lo que ha conseguido es expulsar a los corruptos de un bando sin dañar demasiado a los de otro”.

Si el anónimo alto cargo representa la voz de la judicatura, del establishment, la timidez de Migena Ramçi, doctoranda de 22 años, parece resaltar la endeblez del sistema. “Necesitamos que la reforma funcione porque la gente es muy descreída, y ni siquiera los jóvenes abogados podemos convencerles de que tenemos leyes homologables a los estándares internacionales, pero que no se aplican porque el problema es ese, el déficit de implementación”, dice Ramçi en la sede de una ONG donde hace prácticas en casos de violencia de género.

“En este campo, por ejemplo, la sociedad civil es muy fuerte, y las leyes, las adecuadas, pero falla la aplicación. Creo que también es una cuestión generacional, los jóvenes tenemos otra mentalidad que puede ayudar a regenerar el sistema, aunque ahora haya un vacío lógico porque de la Escuela de la Magistratura salen muy pocos profesionales al año, insuficientes para ocupar todos los puestos vacantes que está dejando la evaluación”, concluye la joven, no sin lamentar lo difícil que supone estudiar en plena mudanza. “No es sólo que no tengamos bibliografía actualizada, es que mientras estudiaba al menos 40 leyes han cambiado o han sido enmendadas. Estudias en el vacío”.

Salvo en el cuartito donde Ramçi se pega a un radiador eléctrico, en los despachos oficiales destaca una bandera, izada en pie de igualdad con la europea: la de las barras y estrellas. Como en Kosovo, la devoción popular hacia EEUU revela el grado de penetración de Washington en los Balcanes; su eficaz realpolitik (y sus grandes intereses geoestratégicos, como la que será la primera base aérea de la OTAN en la región, al sur de Tirana). No menor es su implicación en la reforma, con iniciativas como el programa Justicia para Todos (2016-2021) de Usaid, la agencia de cooperación estadounidense. Mientras, para muchos antaño entusiastas de la integración, el horizonte europeo se desdibuja ante las exigencias de una reforma tan dolorosa como necesaria. “Pese las deficiencias del sistema [para llevarla a cabo], esto es lo mejor que le ha podido pasar a Albania en los últimos 20 años; una señal de esperanza”, sostiene Afrim Krasniqi, director del Instituto Albanés de Estudios Políticos, que supervisa la reforma.

“En la cúpula del poder judicial, la ratio de despidos por corrupción, falta de profesionalidad y conexiones con el crimen organizado es aún mayor: [ha afectado a] más del 90% de los miembros del Tribunal Constitucional y del Supremo”, añade Krasniqi sobre un vacío de poder que a comienzos de año había amontonado sólo en el Supremo unos 33.000 expedientes, “relativos en su mayoría a intereses de los ciudadanos, como litigios de propiedad, indemnizaciones o casos penales”.

Tras dos años de parálisis, a finales de enero el Constitucional funcionaba con cuatro de sus nueve miembros, mientras el Supremo seguía en suspenso, con solo tres, dos de ellos en funciones, recuerda Krasniqi. El Constitucional debe pronunciarse sobre la legalidad de las elecciones locales de 2019, cuya celebración causó una crisis institucional sin precedentes en el país desde el desplome del sistema financiero piramidal en los noventa. La enconada relación entre Gobierno y oposición y los episodios de bloqueo del Parlamento, junto con el lastre de la burocracia, dibujan un escenario tendente a la inestabilidad, y eso consta en Bruselas.

Pero a la vez varios interlocutores se preguntan si esta colosal revisión de la justicia en Albania no habría debido exigirse también a otros miembros del club como Polonia o Hungría, “que hacen y deshacen, saltándose todos los estándares de protección y respeto a la legalidad vigente”, apunta el alto cargo judicial. Otras fuentes destacan el nombramiento de un nuevo fiscal general ahormado por Washington y Bruselas –su oficina declinó la solicitud de entrevista de este periódico- y el alentador discurso de la delegación de la UE en Tirana (“ningún otro país [en la UE] ha acometido una reforma de tal calado”, repite el embajador, Luigi Soreca). Tímido optimismo, sí, pero matizado por el escepticismo ante lo que algunos consideran un “proyecto experimental internacional, sobre todo de EEUU y la UE, implementado en Albania”, apunta Krasniqi.

“La reforma judicial fue acogida con gran confianza y esperanza por los albaneses, que apoyan masivamente la integración en la UE. Pero la implementación va muy despacio. Hay una brecha en el funcionamiento del Constitucional, que todavía no tiene quórum para reunirse en pleno, y la situación es peor en el Supremo”, corrobora Aurela Anastasi, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tirana. “Hay diferentes razones, políticas y técnicas, que lo explican. Las instancias políticas que nombran a los jueces a menudo se contradicen y enredan en acalorados debates sobre la aplicación de las leyes y la Constitución. Creo que han perdido mucho tiempo en debates estériles. Incluso los recién establecidos órganos judiciales funcionan a medio gas, pero está por ver si hay alguna interferencia política en ello”.

Pese al habitual rifirrafe entre el Gobierno y la oposición –la segunda acusa al partido en el poder de tener manzanas podridas en sus filas mientras el Ejecutivo le hace luz de gas–, Anastasi no cree personalmente que pueda hablarse de injerencias formales en el proceso.

“Estoy seguro de que el Gobierno quiere contentar a la UE. También de que la UE está convencida de la necesidad de un sistema independiente para que funcione con un mínimo de seguridad jurídica homologable al resto de países de la Unión. Sin embargo esos grandes deseos no avanzan por la falta de voluntad sobre el terreno. Las reformas, incluso las más radicales, suelen ser meramente cosméticas”, matiza Joaquín Urías.

Sacar adelante la reforma es una cuestión de Estado. ”Un mensaje negativo de Bruselas podría hacer descarrilar las reformas que está costando años hacer. Necesitamos tener perspectiva y albergar esperanzas”, subraya Krasniqi. Una luz al final del largo túnel para el 93% de albaneses que, según el primer Eurobarómetro de 2019, quieren ser europeos de pleno derecho. “El europeísmo de Albania se ha demostrado desde hace años, no tiene que ver con la anuencia o el rechazo de líderes como Macron [que en octubre se mostró contrario a la entrada del país en la UE], o de quien sea. Es una cuestión de valores”, resume el alto cargo judicial, sentado a una mesa presidida por la bandera de su país, la europea y la de EEUU. El juez despedido por robar en un supermercado italiano, por cierto, era un miembro del Supremo.

"Ahí estaba, yo solo: un pequeño gitano ante 17 jueces. Pero ese día me sentía el hombre más grande del planeta”. “Ese día” era el 22 de diciembre de 2009; el lugar, la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la ciudad francesa de Estrasburgo; y el “pequeño gitano”, Dervo Sejdic, un policía retirado y representante de la comunidad romaní en Bosnia que escuchaba cómo la corte le daba la razón en la denuncia por discriminación que había presentado contra su propio Estado. Sejdic y el otro autor de la demanda, el representante de la comunidad judía en el país y exembajador Jakob Finci (las presentaron por separado, sin saber el uno de la otra, y el tribunal las agrupó), forman parte del grupo conocido oficialmente en Bosnia como ostali (“los otros”), la categoría en la que quedan encuadrados todos aquellos que no pertenecen a los tres “pueblos constituyentes” del país (bosniacos, serbios y croatas) o rechazan adscribirse a alguno de ellos. Gitanos, judíos, húngaros, búlgaros, italianos, personas que se identifican como yugoslavos o, a secas, como bosnios… Casi 100.000 personas, un 2,7% de la población, que no pueden optar a la Presidencia o a un asiento en una de las dos cámaras del Parlamento por estar reservados a los tres “pueblos constituyentes”, de acuerdo a la estructura constitucional inscrita en los acuerdos de paz de Dayton, que pusieron fin en 1995 a una guerra que sumaba ya 100.000 muertos pero legaron al país una estructura compleja y disfuncional.

Más de diez años después de la sentencia condenatoria, la situación de los ostali sigue igual. “Pensé que nuestro tema se podía resolver en un par de meses. Ahora no soy optimista”, señala Sejdic con gesto cansado frente a un ordenador en el que busca el texto de la sentencia. Sejdic aboga por crear una cuarta plaza presidencial, mientras que Finci se inclina por seguir eligiendo tres, pero sin elemento étnico, solo geográfico. “Todos los partidos políticos dicen que tengo razón, pero no saben cómo resolverlo”, asegura Finci en una cafetería del centro de Sarajevo. “Bosnia es un Estado con dos entidades, tres pueblos constituyentes, cuatro religiones oficiales… y cientos de problemas”.

Tocar los equilibrios étnicos de poder para dar cabida a “los otros” es un melón que pocos se atreven a abrir en un país en el que los bosniacos aspiran a una estructura más unitaria, los croatas empujan hacia una entidad propia y los serbios mantienen una retórica crecientemente secesionista. “Adiós, Bosnia, bienvenido RS-exit”, dijo el pasado febrero en un juego de palabras sobre el Brexit el representante serbio en la presidencia, Milorad Dodik, a raíz de que el Constitucional dictaminase que los terrenos agrícolas sin dueño pertenecen al Estado central, y no a las entidades. Los representantes serbios boicotean desde entonces las instituciones estatales.

Tampoco ayuda a los ostali la lejanía del horizonte de ingreso en la Unión Europea. La resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es de obligado cumplimiento para Bosnia porque así lo aceptó en un protocolo al ingresar en el Consejo de Europa. Aunque no es un organismo de la UE, la Unión no acepta legislación que vulnere la Convención Europea de los Derechos Humanos, como el caso de los ostali. Si la puerta al club comunitaria estuviese abierta, habría incentivos para reformar la Constitución. No en la actual situación, en la que ningún país ha ingresado en la UE desde 2013 (la vecina Croacia fue el último) y el Consejo Europeo ha endurecido los criterios de admisión al dar luz verde el pasado marzo al inicio de negociaciones con Albania y Macedonia del Norte. De los aspirantes en la región, solo Bosnia y Kosovo carecen del estátus de candidatos a la adhesión.

Si Bosnia rima con desesperanza es en parte porque sus retos apenas han cambiado en el cuarto de siglo transcurrido desde el fin de la guerra. Sufre los problemas comunes de la región, como la pérdida galopante de población, la corrupción, la debilidad de las instituciones o la importancia de afiliarse a un partido político para obtener empleo, más otros propios, como unos indicadores económicos entre los peores de Europa y una estructura política que subraya el elemento étnico. Bosniacos, serbios y croatas eligen a sus representantes en la presidencia, que se alternan cada ocho meses durante cuatro años, y un Parlamento bicameral que también se rige por equilibrios étnicos. “Es difícil avanzar con la estructura de Dayton porque ofrece muchos puntos de bloqueo y no aporta una división de trabajo bien definida entre Estado y entidades. Pero sería muy simple culparla de todos los bloqueos. Si hubiese voluntad política de encontrar terreno común, la estructura funcionaría”, subraya Florian Bieber, profesor de Estudios de Europa sudoriental en la Universidad de Graz, en Austria. Para modificar la Carta Magna, serbios, croatas y bosniacos tienen que ponerse de acuerdo, ya que los diputados de cada comunidad cuentan con un mecanismo de veto para frenarlo. Hace falta además una mayoría de dos tercios en la Cámara Baja y la luz verde de las dos entidades.

La estructura de Bosnia-Herzegovina

Mayoría de bosniacos

y croatas

Mayoría de serbios

croacia

Serbia

Brcko

República

Srpska

Federación

de Bosnia-

Herzegovina

montenegro

Mar

Adriático

100 km

El Gobierno en Bosnia

3 presidentes

Bosniaco

Serbio

Croata

0

1 año

2

3

4

Se turnan cada 8 meses en el puesto

de presidente durante los 4 años

que dura el mandato

4 niveles de Gobierno

Estado

Consejo de

ministros

Parlamento

bicameral

Entidades

Presidente

Primer ministro

Gobierno

Parlamento

bicameral

Cantones

Primer

ministro

Gobierno

Parlamento

Municipios

Asambleas

Alcaldes

Población

Estimación de 2019

3,3

millones de personas

50%

Bosniacos

31%

Serbios

15%

Croatas

Tasa de

desempleo

33%

Esperanza

de vida

76,9 años

Salario

medio

480 € al mes

Fuente: Banco Mundial y Agencia

de Estadísticas de Bosnia.

EL PAÍS

La estructura de Bosnia-Herzegovina

Mayoría de bosniacos

y croatas

Mayoría de serbios

croacia

Serbia

Brcko

República

Srpska

Federación

de Bosnia-

Herzegovina

montenegro

Mar

Adriático

100 km

El Gobierno en Bosnia

3 presidentes

Bosniaco

Serbio

Croata

0

1 año

2

3

4

Se turnan cada 8 meses en el puesto

de presidente durante los 4 años

que dura el mandato

4 niveles de Gobierno

Estado

Consejo de

ministros

Parlamento

bicameral

Entidades

Presidente

Primer ministro

Gobierno

Parlamento

bicameral

Cantones

Primer

ministro

Gobierno

Parlamento

Municipios

Asambleas

Alcaldes

Población

Estimación de 2019

3,3

millones de personas

50%

Bosniacos

31%

Serbios

15%

Croatas

Tasa de

desempleo

33%

Esperanza

de vida

76,9 años

Salario

medio

480 € al mes

Fuente: Banco Mundial y Agencia

de Estadísticas de Bosnia.

EL PAÍS

La estructura de Bosnia-Herzegovina

Mayoría de bosniacos

y croatas

Mayoría de serbios

croacia

Brcko

República

Srpska

Federación

de Bosnia-

Herzegovina

Serbia

montenegro

kosovo

Mar

Adriático

albania

100 km

macedonia

del norte

El Gobierno en Bosnia

3 presidentes

Bosniaco

Serbio

Croata

0

1 año

2

3

4

Se turnan cada 8 meses en el puesto

de presidente durante los 4 años

que dura el mandato

4 niveles de Gobierno

Estado

Consejo de ministros

Parlamento bicameral

Entidades

Presidente

Primer ministro

Gobierno

Parlamento bicameral

Cantones

Primer ministro

Gobierno

Parlamento

Municipios

Asambleas

Alcaldes

Población

Estimación de 2019

3,3

millones de personas

50%

Bosniacos

31%

Serbios

15%

Croatas

3%

Otros

Tasa de desempleo

33%

Esperanza de vida

76,9 años

Salario medio

480 euros al mes

Fuente: Banco Mundial y Agencia de Estadísticas de Bosnia.

EL PAÍS

La estructura de Bosnia-Herzegovina

Mayoría de bosniacos

y croatas

Mayoría de serbios

croacia

Brcko

República

Srpska

Federación

de Bosnia-

Herzegovina

Serbia

montenegro

kosovo

Mar

Adriático

albania

macedonia

del norte

100 km

El Gobierno en Bosnia

3 presidentes

Bosniaco

Serbio

Croata

0

1 año

2

3

4

Se turnan cada 8 meses en el puesto

de presidente durante los 4 años

que dura el mandato

4 niveles de Gobierno

Estado

Consejo de ministros

Parlamento bicameral

Entidades

Presidente

Primer ministro

Gobierno

Parlamento bicameral

Cantones

Primer ministro

Gobierno

Parlamento

Municipios

Asambleas

Alcaldes

Población

Estimación de 2019

3,3

millones de personas

50%

Bosniacos

31%

Serbios

15%

Croatas

3%

Otros

Tasa de desempleo

33%

Esperanza de vida

76,9 años

Salario medio

480 euros al mes

Fuente: Banco Mundial y Agencia de Estadísticas de Bosnia.

EL PAÍS

En 2013 y por primera vez en 20 años, hubo un conato de acción común en la llamada “Bebelución”. Fue un estallido de protestas al conocerse que una niña de tres meses había muerto por la imposibilidad de llevarla al extranjero a obtener un tratamiento de células madre que no existía en Bosnia. El motivo: los representantes de los distintos grupos étnicos no se habían puesto de acuerdo para sacar adelante una nueva ley de números de identificación en el plazo marcado por el Constitucional y, cuando la anterior expiró, los recién nacidos obtenían solo un número temporal con el que era imposible lograr un pasaporte.

Bosniacos, serbios y croatas miran a menudo más hacia fuera que hacia su país. Los primeros, hacia Turquía y el Golfo. Los serbobosnios, hacia la vecina Serbia y hacia Rusia. Y los bosniocroatas, hacia Croacia. Uno de los principales analistas de la región, Tim Judah, interpreta estas alianzas en clave histórica: “No existe en Bosnia una tradición estatal ni un ADN político de tomar las decisiones allí. No ha sido así desde el Imperio Otomano. Sí, había pachás locales, pero las decisiones se tomaban en Estambul, luego en Viena (durante el Imperio Austrohúngaro) y más tarde en Belgrado (durante buena parte del siglo XX). Ahora cada grupo recurre a Ankara, Moscú o Zagreb”.

Sejdic y Finci no han sido los únicos en exponer ante los tribunales los agujeros del sistema de Dayton. Azra Zornic, una empleada del Constitucional jubilada, ganó en 2014 un caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la exclusión de su candidatura presidencial por identificarse simplemente como “ciudadana de Bosnia”, sin adscripción étnica. Dos años más tarde, la corte también dio la razón al cirujano militar Iljaz Pilav. Como es bosniaco y vive en la localidad de Srebrenica (hoy en la entidad serbia de Bosnia y donde las fuerzas serbobosnias cometieron un genocidio de 8.000 bosniacos al final de la guerra), no pudo optar al asiento bosniaco en la Presidencia en las elecciones de 2006 y 2010. Svetozar Pudaric es la otra cara de la misma moneda: un serbio que vive en la Federación de mayoría bosniaco-croata y que acaba de llevar su caso a Estrasburgo. “Esta situación supone una contradicción particularmente pronunciada, porque los Acuerdos de Dayton dieron a todos los desplazados por la guerra el derecho incondicional al retorno”, recuerda Bieber. Han podido volver al lugar del que huyeron o fueron expulsados, pero sin obtener representación política plena.

El pasado noviembre, la ciudad de Mostar, en el sur de Bosnia, contuvo la respiración. El alcalde Ljubo Beslic había sido ingresado en el hospital. En cualquier otro lugar, el teniente alcalde habría tomado el mando durante las semanas que transcurrieron hasta su reaparición pública en enero, sin más problema. Pero en la quinta ciudad más grande del país no hay un número dos desde 2012, el último año en el que Mostar celebró comicios. Beslic fue el último alcalde electo, en 2008, y cada año recibe unos poderes especiales del Parlamento de la Federación bosniaco-croata para prorrogar los Presupuestos locales, sin supervisión. En un símbolo de la esclerosis bosnia, el Ayuntamiento que gestiona la vida de más de 100.000 personas lleva casi una década vacío. El próximo 15 de noviembre, Bosnia celebra elecciones locales y, a tenor a un acuerdo firmado esta semana, será la primera vez en diez años en que habrá urnas ni papeletas en Mostar.

Los acuerdos de Dayton establecieron un régimen especial para Mostar, que quedó con el puente destruido como símbolo; sin población serbia, y con bosniacos y croatas divididos a una y otra orilla del río Neretva. En 1996 se eligió una administración provisional, con la idea de que las partes alcanzasen un acuerdo sobre cómo organizarse. No fue así y el entonces representante de la comunidad internacional, Paddy Ashdown, impuso en 2004 una solución que trataba de unificar la ciudad e introducía mecanismos de protección de las minorías. Fracasó, y las autoridades nacionales y la supervisión internacional se lanzaron la pelota sobre a quién le correspondía hallar una solución definitiva hasta que, en 2010, el Constitucional declaró que el nuevo sistema internacional vulneraba la proporción “una persona, un voto” y dio, en vano, dos años para reformarlo. En 2012 Mostar fue el único lugar de Bosnia donde no hubo elecciones locales, porque el Constitucional ya había invalidado la base legal para celebrarlas.

Irma Baralija llevó el caso a la corte europea y recientemente obtuvo la enésima condena a Bosnia por discriminación, en este caso por impedirle ejercer el derecho a voto en su ciudad natal y de residencia. “En estos años todo se ha hecho para ser provisional, pero se ha quedado como permanente”, lamenta Baralija en la sede en Sarajevo del joven partido Nasa Stranka (Nuestro partido, en bosnio), del que es vicepresidenta y que prima el concepto de ciudadanía sobre la filiación étnica. “Mostar es la cara más fea del nacionalismo. Es un caso muy ilustrativo de cómo funcionan las cosas aquí: tapar los ojos con el ‘interés nacional’, con la idea de que, si las cosas cambian, los bosniacos van a venir y nos van a matar. O los croatas van a venir y nos van a matar”, afirma. “En algún momento habrá que cambiar la estructura de Dayton, porque lo que da son crisis constantes. ¿Se cambiará en los próximos años? No. ¿Se tendrá que cambiar? Sí. Así no podemos avanzar”.