Once alcaldes del PSOE en Madrid maniobran frente a Ayuso para limitar los alquileres en sus municipios

Once alcaldes del PSOE han consensuado una reforma de la ley del suelo regional, que llevarán hasta la Asamblea de Madrid en diciembre, con el objetivo de intentar que la declaración de zona de mercado residencial tensionado dependa de los municipios y no del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que hasta ahora ha vetado todas las peticiones en la región. El texto, que previsiblemente será rechazado por la mayoría absoluta del PP, plantea que esa medida se mantenga un mínimo de tres años, prorrogable desde entonces año a año, como en la ley estatal. Sin embargo, apuesta por definir lo que es un gran tenedor de vivienda caso a caso, mientras que en la norma nacional se entiende como tales a los propietarios de 10 inmuebles, o cinco si son en zonas tensionadas. Además, explicita que el suelo obtenido a través de las plusvalías generadas por el planeamiento urbano “deberá destinarse necesariamente a la construcción y gestión de viviendas sociales o dotacionales” en los municipios en los que se haya aprobado esa declaración.

La declaración de zona de mercado residencial tensionado requiere que las familias tengan que gastar más de un 30% de sus ingresos en el pago del alquiler o hipoteca (incluyendo gastos en suministros); o que el precio de compra o de la renta haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años en la comunidad autónoma correspondiente.

Su activación permite a los ayuntamientos establecer restricciones a los aumentos del alquiler y limitar las rentas de los grandes propietarios a lo que marca el Índice de Precios de Referencia. Y los municipios proponentes de la reforma de la ley del suelo quieren que esa decisión no pase por la Comunidad de Madrid, como ocurre ahora, ya que el Ejecutivo de Ayuso ha rechazado hasta ahora las peticiones de Getafe, Alcorcón o Fuenlabrada, municipios todos ellos gobernados por el PSOE.

Aunque lo previsible es que la iniciativa no salga adelante, ya que el PP goza de mayoría absoluta en el Parlamento regional, los socialistas esperan que su propuesta sirva para forzar el debate en la Cámara, y así retratar que los conservadores rechazan limitar los alquileres. Eso provocó la semana pasada un acuerdo inicial entre nueve alcaldes —los de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Coslada y San Fernando de Henares—, a quienes se unen ahora dos más —Pinilla del Valle y San Martín de la Vega—, para un total de 11 regidores cuyas decisiones afectan a casi un millón de madrileños.

“Las administraciones estamos obligadas a actuar con el objetivo de hacer efectivo el derecho de las personas a una vivienda”, resume el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala. “En el momento actual eso significa poder utilizar las herramientas legales que tenemos a nuestro alcance como es el caso de la ley que permite declarar zonas como especialmente tensionadas y, en consecuencia, nos da la posibilidad de intervenir sobre el mercado para, por ejemplo, controlar los precios de los alquileres”, sigue.

“Lo que estamos pidiendo es tener la posibilidad de poder hacer uso de esa ley sin el veto de la Comunidad de Madrid, trabajando de manera coordinada todas las administraciones con un único objetivo: hacer asequible la vivienda para todos y todas, pero especialmente para las personas jóvenes”.

Para que una iniciativa legislativa de este tipo se lleve a término en la Asamblea de Madrid, debe ser suscrita por mayoría absoluta de los plenos municipales de al menos tres o más ayuntamientos que cuenten con un censo superior a los 50.000 electores, según recoge la ley 6/1986 de iniciativa legislativa popular. En consecuencia, la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, llevaba desde marzo en conversaciones con sus homólogos socialistas para llevar a buen puerto una operación avalada por el secretario general autonómico, Juan Lobato. Lo previsto es que esas votaciones se produzcan a lo largo de noviembre para que la propuesta de reforma de la ley del suelo llegue a la Asamblea en diciembre.

La estrategia conjunta, recuerda un interlocutor del PSOE, incluye que el grupo socialista en el Parlamento regional haya reclamado que la vivienda pública no pueda salir al mercado libre, en consonancia con la campaña orquestada desde la sede federal de Ferraz para toda España.

Hace un año, Madrid era la segunda provincia con más códigos postales tensionados (179), tras Barcelona, según un análisis de Atlas Real State publicado por este diario. Y, aunque en la Comunidad de Madrid hay 33 municipios que cumplirían con los requisitos para topar los precios, según un análisis de Idealista, el Ejecutivo de Ayuso sigue negándose a permitir cualquier declaración en este sentido.

“No creemos en la declaración de zonas tensionadas, porque ataca el derecho a la propiedad, invade las competencias y son iniciativas que hacen subir los precios y que baje la oferta”, han venido explicando los portavoces del Gobierno autonómico, que tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional la ley, cuya disposición sobre los topes a los alquileres se ha aplicado por primera vez en Cataluña.

En esa región, la regulación de los precios ha reducido las rentas, pero ha desplomado el número de contratos: cayeron bruscamente tras la entrada en vigor de la regulación, en marzo pasado. Así, en los 140 municipios declarados como mercado residencial tenso, donde el precio está topado, bajaron un 17,2% (24.543 nuevos contratos), según los datos que la Generalitat publicó el 8 de octubre.