Nueve alcaldes del PSOE se alían para obligar al PP de Ayuso a debatir en la Asamblea sobre la limitación a los alquileres

Apenas cuatro días después de la multitudinaria manifestación por la vivienda en el corazón de la capital de España, nueve alcaldes del PSOE en la Comunidad de Madrid, que gobiernan a más de 700.000 ciudadanos, se han unido este jueves para impulsar una iniciativa legislativa popular que obligará al PP de Isabel Díaz Ayuso a debatir sobre el límite de los alquileres en el Parlamento regional. La propuesta, que se registrará en el Parlamento entre finales de 2024 y comienzos de 2025, plantea reformar la ley del suelo autonómica para que se aplique la ley estatal y poder declarar zona de mercado residencial tensionado, a instancia de los ayuntamientos, los municipios de Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Parla, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio, Ciempozuelos, Coslada y San Fernando de Henares.

Esa declaración, que permite limitar las subidas de los alquileres —por ejemplo, un 3% en 2024—, depende ahora mismo del Gobierno regional del PP, que se ha negado sistemáticamente a activarla, con el argumento de que reduce la oferta y aumenta los precios. Como informó EL PAÍS en marzo, cuando arrancó el proyecto, que plantea que los ayuntamientos puedan hacer solos la declaración de zona tensionada si cumplen los requisitos, lo previsible es que la iniciativa no salga adelante, ya que los conservadores gozan de mayoría absoluta en el Parlamento regional.

“Es necesario propiciar vivienda asequible para garantizar el derecho de acceso a la vivienda, la declaración de zona de mercado tensionado, la apuesta por la intervención de políticas públicas y la cooperación entre administraciones”, ha defendido el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, en la red social X (antes conocida como Twitter).

La alianza de alcaldes se produce, según Sara Hernández, regidora de Getafe, “ante la pasividad de la presidenta Ayuso con las dificultades de acceso a la vivienda y la especulación inmobiliaria en nuestra región”. “El acceso a la vivienda es un derecho”, ha recordado, por su parte, Ramón Jurado, el alcalde de Parla. Pero el acuerdo no solo responde a un pacto político entre miembros de un mismo partido. También soluciona un requisito jurídico que convierte la iniciativa en un proyecto supramunicipal.

Así, para que una iniciativa legislativa se lleve a término en la Asamblea de Madrid, debe ser suscrita por mayoría absoluta de los plenos municipales de al menos tres o más ayuntamientos que cuenten con un censo superior a los 50.000 electores, según recoge la ley 6/1986 de iniciativa legislativa popular. En consecuencia, la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, llevaba desde marzo en conversaciones con sus homólogos socialistas para llevar a buen puerto una operación avalada por el secretario general autonómico, Juan Lobato que, sin embargo, no ha aparecido en la foto de este jueves.

“Es forzar un debate que el PP no quiere, y que será caliente”, explica una fuente de la confianza del líder de los socialistas, que afirma que Lobato estará con los alcaldes “en la llegada a meta”, es decir, cuando su iniciativa se registre en la Asamblea de Madrid. La estrategia conjunta, recuerda este interlocutor, incluye que el grupo socialista en el Parlamento regional haya reclamado que la vivienda pública no pueda salir al mercado libre, en consonancia con la campaña orquestada desde la sede federal de Ferraz para toda España.

De esta manera, y tras aprobarlo los nueve plenos municipales, los alcaldes han firmado este jueves el acta de constitución de la comisión prevista por la ley. Ahora deberán aprobar el texto que conformará la iniciativa, que este reciba el visto bueno en sus plenos para proceder al registro de la misma en sede parlamentaria, y que este pase el filtro de la Mesa del Asamblea, el órgano rector de la institución, dominado por el PP. Como la Mesa solo vela por la corrección técnica de las iniciativas, lo previsible es que la norma pueda llegar a debatirse, obligando al ejecutivo regional a detallar en público una posición que ya es conocida a través de los hechos.

Así, el Ejecutivo de Ayuso ha rechazado hasta ahora las peticiones para que en Getafe, Alcorcón o Fuenlabrada, municipios todos ellos gobernados por el PSOE, se produjera la declaración de zona tensionada, para lo que es requisito legal que las familias tengan que gastar más de un 30% de sus ingresos en el pago del alquiler o hipoteca (incluyendo gastos en suministros); o que el precio de la renta haya subido al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.

Hace un año, Madrid era la segunda provincia con más códigos postales tensionados (179), tras Barcelona, según un análisis de Atlas Real State publicado por este diario. Y, aunque en la Comunidad de Madrid hay 33 municipios que cumplirían con los requisitos para topar los precios, según un análisis de Idealista, el Ejecutivo de Ayuso sigue negándose a permitir cualquier declaración en este sentido.

“No creemos en la declaración de zonas tensionadas, porque ataca el derecho a la propiedad, invade las competencias y son iniciativas que hacen subir los precios y que baje la oferta”, han venido explicando los portavoces del Gobierno autonómico, que tiene recurrida ante el Tribunal Constitucional la ley, cuya disposición sobre los topes a los alquileres solo se aplicará en Cataluña.

En esa región, la regulación de los precios ha reducido las rentas, pero ha desplomado el número de contratos: cayeron bruscamente tras la entrada en vigor de la regulación, en marzo pasado. Así, en los 140 municipios declarados como mercado residencial tenso, donde el precio está topado, bajaron un 17,2% (24.543 nuevos contratos), según los datos que la Generalitat publicó el 8 de octubre.

“En la Comunidad de Madrid no vamos a declarar ninguna zona tensionada ni topar los precios porque consideramos que este tipo de medidas, intervencionistas y limitativas de libertad, siempre fracasan”, dice un portavoz gubernamental. “Allí donde se han adoptado medidas de restricción de oferta, el fracaso ha sido estrepitoso”, sigue.

“Baste como ejemplo Berlín, donde se impuso un intervalo de hasta el 10% adicional al precio medio de la zona en 2015 y en 2020 entró en vigor una nueva normativa por la cual el precio del alquiler debe permanecer congelado al menos 5 años. Los alquileres se dispararon un 36% desde entonces y la construcción de viviendas se ha reducido un 25%”, detalla. “Caso similar tenemos en San Francisco o California que limita por ley desde 2019 la subida anual de los alquileres a un 5%”, asegura. “Por no hablar de que extender con carácter general a todos los municipios de la Comunidad de Madrid sin tener en cuenta sus realidades es otro error manifiesto”, opina.