La pareja de Ayuso prepara una querella contra la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, la número 12 en su lista de denunciados

Nueva querella de la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso contra figuras y entidades públicas a raíz de su caso de fraude fiscal, y ya van 12. El empresario Alberto González Amador apunta ahora contra la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, por llamarlo “delincuente”, según ha adelantado este jueves El Debate y ha revelado luego la propia Bergerot. Amador ha presentado ante los juzgados de Madrid una demanda de conciliación, el obligatorio paso previo a una querella por lesión del derecho al honor. Le reclama 20.000 euros, además de una rectificación en los mismos medios donde se expresó Bergerot: el programa Buenos Días de Telemadrid y la red social X. La representación legal del empresario admitió el 2 de febrero que este había cometido dos delitos de fraude fiscal en los ejercicios de 2020 y 2021 del impuesto de sociedades (que los investigadores de Hacienda calculan en 350.951 euros), según un correo de su abogado a la Fiscalía que ha sido publicado por los medios de comunicación.

Bergerot se suma así a una lista creciente de políticos y otros altos cargos contra los que Amador ha tomado acciones tras declaraciones sobre su situación judicial. Entre ellos se encuentran el presidente Pedro Sánchez, cuatro ministros ―Félix Bolaños, María Jesús Montero, Diana Morant e Isabel Rodríguez―, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento capitalino, Rita Maestre, el diputado socialista en el Congreso José Zaragoza, y el secretario de comunicación del PSOE Ion Antolín. Además, se ha querellado contra el PSOE y Más Madrid como entidades políticas. Todas estas iniciativas se basan en declaraciones consideradas lesivas de su derecho al honor. A ellas se suma su querella por revelación de secretos contra la Fiscalía, que ha derivado en la imputación del fiscal general, Álvaro García Ortiz y de la fiscal jefe de Madrid, María Pilar Rodríguez.

Según una revisión de informaciones periodísticas de los últimos meses, Amador reclama 100.000 euros a Sánchez, 50.000 a Bolaños, 40.000 a Montero, 30.000 al PSOE, 30.000 a Antolín, 20.000 a Rodríguez, 15.000 a Más Madrid, 15.000 a Maestre, 15.000 a Morant y 10.000 a Zaragoza. Sumadas a los 20.000 que pide a Bergerot, hacen un total de 345.000 euros, que es una cuantía cercana a los 350.951 euros defraudados, según Hacienda.

La reclamación contra Bergerot, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se basa en su entrevista de este miércoles en Telemadrid, donde dijo: “A mí lo que me parece vergonzoso es que una presidenta en la Comunidad de Madrid se está beneficiando de los delitos fiscales de su novio, el señor Alberto González Amador. Esto no es el caso Alberto González Amador. Es el caso Ayuso desde el momento en que la presidenta se beneficia de esos delitos fiscales, viviendo en un ático comprado con esos delitos fiscales, y sobre todo con una casa arriba pagada por un empresario, que a mí me llama mucho la atención que todavía no sepamos y que no haya querido responder, que nadie se pregunte quién paga esa otra casa y a cambio de qué. Es la señora Ayuso la que se va de vacaciones en el verano del 21, creo, y gracias a todo el dinero de Alberto González Amador, que hemos visto cómo defrauda a Hacienda 250.000 euros por una comisión de dos millones de euros. Unas comisiones gracias a su mejor cliente, que es el Grupo Quirón, que pone en contacto con la Comunidad de Madrid”.

Luego, Bergerot publicó un tuit en el que incluye el vídeo con esa declaración y el texto: “El novio de la presidenta es un delincuente, él mismo lo ha confesado, y hoy se lo he dejado claro a esta tertuliana en Telemadrid. Embolsarse dos millones de euros, defraudar 350.000 euros a Hacienda, desgravarse Rólex y viajes con Ayuso no es de ser un ciudadano ejemplar”.

Esta nueva acción judicial de Amador es similar a la que se conoció el lunes contra el presidente Sánchez y el ministro Bolaños, contra quienes reclama 100.000 y 50.000 euros respectivamente. Ambos habían llamado “delincuente confeso” al empresario. Los dos se basaban en hechos ampliamente difundidos por los medios: el correo del 2 de febrero, en el que el abogado de Amador dice: “ciertamente se han cometido dos delitos de fraude fiscal” y las negociaciones del investigado con la Fiscalía por las que admite su culpa a cambio de una rebaja en la pena que le permita esquivar la prisión. Amador está siendo investigado desde marzo por la titular del juzgado de instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, por la comisión de dos delitos de fraude fiscal en concurso con uno de fraude en documento mercantil (referido a las facturas falsas que usó para desgravarse gastos). Además, este miércoles la jueza abrió una pieza separada por la posible comisión de otros dos delitos: corrupción en los negocios y administración desleal de una sociedad mercantil.

Bergerot ha recibido la demanda de conciliación esta mañana en la Asamblea, antes del pleno semanal. En unas declaraciones a EL PAÍS ha dicho que esto “no nos va a silenciar”, y ha añadido que va a decir “todo lo que sea necesario hasta que Isabel Díaz Ayuso nos responda quién paga el ático en el que vive”. La portavoz de este partido de izquierdas considera que estas querellas son “una estrategia de victimización de un delincuente para que Alberto González Amador haga caja y poder pagar el multazo”.

Las querellas de Amador plantean una cuestión sobre la libertad de expresión de los políticos. Esta semana varios juristas se han pronunciado a favor de las pretensiones del empresario, alegando que no se le puede considerar un “delincuente confeso” debido a que debe prevalecer su presunción de inocencia.

Otros juristas defienden que la libertad de expresión de los políticos gozan de una libertad de expresión reforzada. Javier Pérez Royo, catedrático emérito de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, valora que la inviolabilidad parlamentaria debería proteger este tipo de manifestaciones. Sin embargo, añade que la jurisprudencia constitucional ha limitado esa inviolabilidad a las declaraciones que se hagan en sede parlamentaria. Esto ha generado un debate sobre si están cubiertas las declaraciones en medios de comunicación, redes sociales o ruedas de prensa. “En mi opinión debería ampliarse esta protección porque la política moderna se hace también fuera del parlamento y el debate político se quebrantaría si no pudiéramos proteger estos otros ámbitos”.

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