La pareja de Ayuso da el primer paso para una querella contra Sánchez y Bolaños por llamarle “delincuente confeso”
Alberto González Amador, que reconoció a la Fiscalía haber cometido dos delitos fiscales, continúa con su ofensiva judicial contra los políticos que hablan de su caso
El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que cometió dos delitos fiscales y está buscando un pacto de conformidad en el juzgado de instrucción número 19 de Madrid para esquivar la cárcel. Pese a ello, ahora ha iniciado el proceso para querellarse contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por haberlo llamado “delincuente confeso”. Los abogados de Amador han anunciado una reclamación de 100.000 euros al jefe del Ejecutivo y 50.000 al ministro, en sendas solicitudes de conciliación, el paso previo para la presentación de una querella por injurias y calumnias, según ha adelantado este lunes el diario El Mundo y han confirmado fuentes del Gobierno de Ayuso a EL PAÍS. Esta acción se enmarca en una ofensiva judicial del empresario contra los políticos que le critican. Entre ellos ya se encontraban las ministras Diana Morant, María Jesús Montero o Isabel Rodríguez y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre. Además, se ha querellado contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.
Durante una breve intervención tras presentar una exposición, Díaz Ayuso se ha referido este lunes a que su pareja haya dado los primeros pasos para querellarse contra el presidente del gobierno, y el ministro Félix Bolaños, por definirle como un “delincuente confeso”.
“Mi gobierno no tiene corrupción, el suyo [en referencia a Sánchez] está investigado por todos los organismos”, ha arrancado, informa Juan José Mateo. “Mi pareja no va a la Puerta del Sol a hacer negocios, la suya sí, a La Moncloa, que es donde nacen todos los negocios que están investigándose”, ha dicho la baronesa conservadora para comparar la investigación al empresario Alberto González Amador por la presunta comisión de dos delitos fiscales con la de Begoña Gómez por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. Y ha rematado: “Su delito [de González Amador] es ser mi pareja (...) Me quedarán los micros y la libertad, mientras haya democracia en España, para decir lo que creo”.
Sánchez se pronunció sobre Amador el jueves durante una comparecencia en Bruselas, en las que respaldó a García Ortiz, tras conocerse que había sido imputado por el Supremo. El presidente defendió que el fiscal general había “hecho su trabajo, perseguir al delincuente” y se refirió a Amador como “un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda, que se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia”. Sánchez se basaba en que Amador ha reconocido ante la fiscalía que había cometido dos delitos de fraude fiscal, en un correo del 2 de febrero. Con ese correo, enviado por su letrado, Carlos Neira, el empresario buscaba un pacto que le permitiera conseguir una rebaja de su pena, y así evitar acabar entre rejas.
Un día antes, el miércoles, Bolaños había defendido al fiscal general durante una intervención en el Congreso de los diputados, en la que indicó: “Entre los delincuentes confesos y los fiscales que dicen la verdad, el Gobierno se queda con los fiscales que dicen la verdad”.
Amador está imputado por un juzgado de Madrid junto a cuatro presuntos colaboradores por posible fraude de 350.951 euros en los ejercicios de 2020 y 2021. Según una investigación previa de Hacienda, Amador dio un pelotazo al intermediar en la compraventa de mascarillas en los primeros meses de la pandemia. Para rebajar su cuota fiscal presentó una serie de facturas falsas, según las pesquisas.
Después de manifestarle en febrero a la Fiscalía su voluntad de un pacto, Amador tuvo que esperar a que el caso fuera judicializado para negociar los términos. Antes de una declaración ante la jueza el 24 de junio, los abogados del investigado negociaron ese acuerdo. Como ha adelantado EL PAÍS, el último borrador de proyecto de conformidad “supeditado al reconocimiento de los hechos” por parte de González Amador establece que la Fiscalía pedirá para el comisionista “la pena de cuatro meses de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública más multa del 40% de la cuota defraudada, esto es 60.000 euros (40% de los 155.000 euros defraudados en 2021) y 78.380 euros (40% de los 195.951 euros defraudados en 2022)”.
En el mismo proyecto de conformidad, apoyado por la defensa del novio de Ayuso, se asegura que la Fiscalía no se opondrá a que se conceda “la suspensión de las penas de prisión para Alberto González Amador por ser las condenas inferiores a dos años y estar satisfechas las responsabilidades civiles”.
Amador se ha querellado por delitos relacionados con su honor contra el presidente, cuatro ministros, la portavoz de Más Madrid, el secretario de comunicación del PSOE, Ion Antolín y el diputado socialista José Zaragoza. A estas se suma su querella por revelación de secretos contra la Fiscalía, que ha derivado en la imputación del fiscal general.
Tras conocer la noticia, Bolaños ha insistido en llamar “delincuente confeso” al empresario, informa la Agencia EFE. “¿Cómo quiere que le llamemos? En castellano es delincuente confeso”, ha señalado a la prensa durante un acto en el Ateneo de Madrid. “¿Cómo quiere que le llamemos?, ¿ciudadano ejemplar?”,
Preguntada por esta nueva acción judicial de Amador, Ayuso ha vuelto a defender este lunes que está siendo perseguido por motivos políticos, a pesar de las pruebas manifiestas en su contra y su admisión de culpa. “Su delito es ser mi pareja. Ya está condenado. Es todo una barbaridad”, ha dicho durante una rueda de prensa en la que ha explicado también por qué ha rechazado la invitación de Sánchez para reunirse este viernes en la Moncloa. “Afortunadamente, el novio de Ayuso se defiende él solo”, ha dicho la presidenta, “está siendo utilizado como un rehén político para intentar asustar, o pretender que la gente en la calle piense, todos son iguales. No puede el presidente llamar delincuente a un ciudadano por ser la pareja sentimental de un adversario político y que esto le salga gratis, como al fiscal general del Estado tampoco, porque si ya nos acostumbramos a lo venezolano, a que el fin justifica los medios, y que por tanto el que está en el Gobierno puede hacer lo que sea con los poderes del Estado contra los adversarios políticos, pues nos vamos todos a casa, se cierran los parlamentos y que se quede eternamente un régimen”.
¿Tiene más información? Escriba al autor a fpeinado@elpais.es o fernandopeinado@protonmail.com
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