El novio de Ayuso remitió a Hacienda documentación que acreditaba sus delitos

La Fiscalía sigue dispuesta a aceptar una rebaja de la pena a solicitar contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), imputado por fraude al falsear facturas en las declaraciones fiscales de 2021 y 2022 de su empresa Maxwell Cremona para ahorrarse el pago de 350.000 euros en impuestos. Los graves delitos que supuestamente cometió el novio de Ayuso al deducirse gastos inexistentes por 1,8 millones de euros están castigados con entre 2 y 10 años de cárcel.

El expediente tributario (18 meses de investigación fiscal) detalla cómo el contribuyente González Amador respondió a las sospechas y dudas de los inspectores de Hacienda remitiendo documentación sobre sus intentos de negocio en México o Costa de Marfil: billetes de avión, contratos con intermediarios y hasta fotos con autoridades sanitarias. Pero es justamente esa documentación la que los inspectores de la Agencia Tributaria esgrimen para apuntalar sus conclusiones sobre los dos fraudes fiscales cometidos por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Las pruebas documentales que fueron acumulando los inspectores durante 18 meses de trabajo, las propias de la investigación y las presentadas por el investigado acabaron convenciendo a González Amador de la necesidad de llegar a un acuerdo, aceptar la culpa y evitar así el ingreso en prisión.

El último borrador de proyecto de conformidad “supeditado al reconocimiento de los hechos” por parte de González Amador establece que la Fiscalía pedirá para el comisionista “la pena de cuatro meses de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública más multa del 40% de la cuota defraudada, esto es 60.000 euros (40% de los 155.000 euros defraudados en 2021) y 78.380 euros (40% de los 195.951 euros defraudados en 2022)”. En el mismo proyecto de conformidad, apoyado por la defensa del novio de Ayuso, se asegura que la Fiscalía no se opondrá a que se conceda “la suspensión de las penas de prisión para Alberto González Amador por ser las condenas inferiores a dos años y estar satisfechas las responsabilidades civiles”.

El expediente tributario que recoge los 18 meses de inspección fiscal al contribuyente Alberto González Amador y a su empresa Maxwell Cremona detalla todas las gestiones hechas por la Agencia Tributaria para aclarar las razones por las que a más dinero ganado por el novio de Ayuso (pasó de facturar 357.000 euros en 2019 a 2.330.000 en 2020), correspondía el pago de menos impuestos (la base imponible de 2019 fue de 27.498 euros y la de 2020, con seis veces más ingresos, de 11.233). El empresario González Amador, auditor en el sector sanitario, incrementó en dos millones de euros su facturación en 2020 tras convertirse en comisionista: ganó 1,9 millones por buscarle un cliente, Mape, a un vendedor de mascarillas, FCS.

La inspección sospechó desde el principio que “con la finalidad de eludir el incremento del pago de impuestos por su empresa decidió deducir fiscalmente gastos que no respondían a prestaciones reales”. Y descubrió que González Amador había utilizado “facturas falsas y falseadas emitidas por mercantiles carentes de medios humanos y materiales para la prestación de los servicios facturados”.

El informe de la Inspección de Hacienda del Estado desgrana en 200 páginas todas las pruebas documentales, incluyendo las aportadas por González Amador, de los delitos fiscales cometidos por el empresario.

Una empresa mejicana de alimentación para deducirse 620.000 euros. Unos meses después de que González Amador lograra una comisión del 4,5% (casi dos millones de euros) por intermediar en una compraventa de mascarillas, el comisionista se embarcó en un intento de negocio en México, para lo que contrató supuestamente a una empresa de ese país, MKE, que le facilitaría los contactos y le conseguiría los clientes para sus operaciones comerciales. Y aunque la empresa mejicana no facilitó ningún negocio a González Amador, este incluyó en su declaración del Impuesto de Sociedades de 2020 unos gastos de 600.000 euros pagados a MKE, lo que le permitía deducciones para ahorrarse 155.000 euros en impuestos.

El novio de Ayuso envió a Hacienda el contrato de colaboración con MKE que supuestamente explicaba la inclusión de ese gasto en su declaración. Pero los inspectores de Hacienda tomaron como base esa documentación para demostrar que era imposible contabilizar el pago de los 620.000 euros porque el mismo contrato de colaboración dejaba muy claro que eran necesarios nuevos contratos para abonar una comisión por cada negocio que prosperase en México, cosa que nunca ocurrió. “¿Cómo se fija el importe de la factura cuando en el contrato se acuerdan retribuciones variables? ¿Y por qué cuando la inspección solicita explicaciones sobre esta factura en el ejercicio de 2022 se decide anular la factura tanto física como contablemente?”, se preguntan los inspectores. Y concluyen: “Se hizo para eludir parte de la tributación”.

Este modo fraudulento de actuar, iniciado en la declaración de 2021 –correspondiente a la facturación de 2020–, continuó, incrementado, en 2022 con un supuesto negocio de intermediación en la venta de vacunas a Costa de Marfil.

922.000 euros en comisiones para un negocio de vacunas que fracasó en Costa de Marfil. González Amador viajó en junio de 2021 a Costa de Marfil y se reunió con el ministro de Salud, Pierre Dimba. Previamente, había contratado a una empresa, de nombre Gayani, que le iba a facilitar los contactos en ese país para ganar un concurso de vacunas anticovid. González Amador había negociado también con diversas empresas españolas para conseguir las vacunas y presentarse a un concurso. Cuando hizo la declaración del Impuesto de Sociedades de su empresa, en julio de 2022, el novio de Ayuso incluyó un gasto de 922.585 euros supuestamente pagados a Gayani por conseguirle el contrato de las vacunas.

González Amador declaró ese gasto a Hacienda en julio de 2022 pese a que supo un año antes que su oferta, presentada por Tec Pharma, había sido rechazada por el Gobierno de Costa de Marfil. La documentación que acreditaba esta circunstancia fue remitida a la Agencia Tributaria por el propio González Amador, junto a las fotografías de su visita a las autoridades sanitarias de aquel país.

Lo que pretendía aquí González Amador era dar otro pelotazo de dos millones de euros, similar al que le llevó a ganar la misma cantidad en 2020 con la compraventa de mascarillas en España. De esos dos millones (el 7,5% de una operación de venta de dos millones de dosis a 15 euros por unidad), pagaría a la empresa Gayani un 3,25%.

Los inspectores de Hacienda descubrieron muy pronto el pufo y así lo reflejan en el informe tributario.

El abogado de González Amador explicó en diciembre de 2022 que lo hicieron porque la resolución del concurso no era firme y se podía recurrir. Pero en febrero de 2023, ante la petición de nuevas explicaciones, olvidó la excusa del recurso. “¿Cómo puede argumentar que se ha esperado a que se confirmase que la operación no iba a ser realizada cuando en julio de 2021 ya sabía de forma fehaciente que la operación no iba a ser realizada?”, se preguntan los inspectores. “(...) Nos encontramos ante una factura que contiene una prestación de servicios inexistente y cuya realidad no ha quedado debidamente acreditada”.

Cazado en su propia trampa documental, González Amador decidió anular las facturas cuando Hacienda ya había acreditado su falsedad. “Casualmente se producen las anulaciones de las facturas en el ejercicio en el que se desarrollan las actuaciones inspectoras”, escriben los inspectores.

No son meros errores contables sino un posible “patrón” para eludir el pago de impuestos. “Esta reiteración de situaciones similares acontecidas en 2020 y 2021 lleva a la Inspección a considerar que no nos encontramos ante meros errores de registros contables y deducciones fiscales de facturas recibidas de gran importe en los ejercicios en los que la mercantil incrementa de forma significativa su facturación. Sino que este actuar puede responder a un patrón organizado tendente a evitar la tributación que hubiera acontecido a la mercantil ante el incremento de la facturación, eludida mediante la búsqueda, registro y deducción de facturas relativas a servicios no acometidos, no relacionados con la actividad y no pagados que se han deducido indebidamente y justificado como errores corregidos en ejercicios fiscales en curso y en el momento en el que la Inspección requiere su acreditación, conseguidos mediante la utilización de facturas que se acreditan falsas o falseadas”, señala el informe.

González Amador admitió estos hechos en un escrito de alegaciones que presentó su abogado: “Fue un error. No intenté cometer un fraude delictivo pero cuando entendía la gravedad de los hechos procedí a ingresar esas cantidades en Hacienda”.