La máquina de bulos Ayuso/Rodríguez sigue activa e impune

Miguel Ángel Rodríguez, alto cargo en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se afana desde hace meses en defender por las tardes al empresario Alberto González Amador, novio de su jefa, la presidenta Isabel Díaz Ayuso y comisionista en pandemia. Este comisionista de éxito ganó dos millones de euros en unos días de 2020 gracias a un negocio consistente en poner en contacto a un vendedor y a un comprador de mascarillas. Pero la pareja de Ayuso defraudó a Hacienda más de 350.000 euros mediante el burdo sistema de presentar facturas falsas durante dos años consecutivos (2021-2022). Pretendió acreditar así unos gastos de casi 1,8 millones de euros que nunca existieron. Así se ahorró el comisionista pagar grandes cantidades de dinero en impuestos. Cuando los inspectores fiscales destaparon los dos grandes pufos, el novio de Ayuso amagó arrepentimiento: “Fue un error. No intenté cometer un fraude delictivo, pero cuando entendí la gravedad de los hechos procedí a ingresar esas cantidades en la Hacienda Pública”, le contó a la Agencia Tributaria.

El comisionista descubrió en 2023 por la inspección de Hacienda que había cometido dos delitos graves —penados con cárcel— en 2021 y 2022 e intentó borrar su pasado con dinero: hizo una declaración del Impuesto de Sociedades con ingresos que nunca tuvo —por el valor de los gastos inexistentes que declaró antes— y le salió un resultado a pagar muy por encima de lo que le correspondía en ese ejercicio.

Pero el intento de rectificar sus fraudes llegó tarde porque la ley es muy clara: una vez iniciada una investigación fiscal o judicial no se puede regularizar la deuda de un período en años posteriores, ni corregir un presunto delito.

El comisionista, que vive desde hace varios años con Ayuso, se compró un piso de 1,2 millones de euros tras hacer negocio con la compraventa de mascarillas. Descubierto en sus engaños fiscales, Alberto González Amador intentó en febrero pasado suavizar la pena de cárcel que le esperaba en el juzgado tras la querella de la Fiscalía: entre uno y cinco años por cada delito. Los inspectores de Hacienda habían acumulado pruebas incontestables del fraude durante sus casi dos años de trabajo hasta concluir con una “propuesta de liquidación vinculada a delito”. Con la prisión en los talones, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid decidió proponer a la Fiscalía un acuerdo de conformidad aceptando la culpa, pagando una multa de medio millón de euros y rebajando la condena a solo ocho meses de cárcel para evitar así su ingreso entre rejas.

Cuando eldiario.es adelantó en marzo pasado esta historia de delincuencia fiscal, la máquina de bulos que manejan la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, se puso en marcha. Ese tándem para la desinformación funcionó gracias a la imprescindible colaboración de algunos medios que airearon, sin un mínimo contraste, las mentiras de los políticos del PP en defensa de un defraudador confeso.

Ayuso aprovechó un acto oficial y proclamó la inocencia de su novio, pese a que para entonces ya había propuesto el comisionista confesar la culpa. “Es falso”, sentenció la presidenta, “que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros por fraude y no solo no le debe nada sino que es Hacienda quien le debe casi 600.000. Es una inspección de Hacienda sacada de quicio, aquí no hay trama ni sociedades pantalla. Se está mezclando todo esto en una persecución política donde todo huele a turbio. Turbio por cómo se inició la inspección, por cómo se ha desarrollado, por las filtraciones…”.

Esa declaración de la líder madrileña del PP en defensa de su novio supuso el primer gran bulo de esta historia, difundido cuando Ayuso ya conocía que su pareja había confesado un mes antes sus delitos y ofrecido a la fiscalía un acuerdo de conformidad para rebajar su pena de cárcel. Sólo así se puede entender la frase de la presidenta madrileña referida a que Hacienda debía a su novio 600.000 euros. Ayuso tenía que saber que el comisionista había intentado una regularización, prohibida por la ley, para evitar el juicio y la cárcel pagando unas cantidades próximas a esos 600.000 euros que la Agencia Tributaria le iba a devolver.

Ayuso puso en duda aquel 13 de marzo cómo se inició y cómo se desarrolló la inspección. En el expediente tributario incorporado al sumario del caso se incluyen todos los detalles de esa inspección. No hay nada turbio, tan sólo el historial de un contribuyente que intentó estafar a Hacienda con mañas chapuceras, incluyendo facturas falsas y deduciéndose gastos millonarios que nunca hizo.

A la operación de Ayuso para salvar con mentiras a un defraudador fiscal, se sumó el jefe de gabinete sólo un día después. Miguel Ángel Rodríguez llamó a medios afines para informarles sobre uno de los correos electrónicos incluidos en la causa de González Amador. El Mundo dedicó a la exclusiva un titular de primera: “El fiscal ofrece un pacto al novio de Ayuso por dos delitos fiscales”. Y explicó en la información que la oferta de pacto consistía “en la admisión por parte de González Amador de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental a cambio de una multa y una pena de prisión que no implique su cumplimiento efectivo, es decir, el ingreso en la cárcel”. Pero nada de todo eso aparece en el correo del fiscal al abogado de González Amador al que aludía El Mundo en su información. El fiscal no detalló ninguna propuesta concreta. Su correo dice así: “Le adjunto copia de la denuncia presentada el 5 de marzo de 2024 contra la sociedad Maswell Cremona para facilitarle el derecho de defensa. Supongo que hasta dentro de dos meses no tendremos el juzgado encargado del asunto. Aunque se ha denunciado también a otras personas no será obstáculo para llegar a un acuerdo si usted y su cliente lo estiman posible. Un saludo”.

El acuerdo al que se refería el fiscal en su correo había sido ofrecido, esta vez sí, por el abogado de González Amador un mes antes y con las condiciones señaladas en El Mundo. Los detalles del acuerdo de conformidad sólo se podían conocer si alguien había contado a El Mundo la propuesta de pacto que remitió el novio de Ayuso al fiscal el pasado 2 de febrero. Otros medios se sumaron a la patraña de Miguel Ángel Rodríguez y añadieron a las informaciones de aquel día otro bulo del jefe de gabinete de Ayuso según el cual esa oferta de acuerdo del fiscal al comisionista había sido retirada “por órdenes de arriba”.

Los acontecimientos que vinieron después demostraron que nunca se retiró la oferta para llegar a un acuerdo sino al contrario. En el primer trámite celebrado para juzgar los hechos, la Fiscalía se mostró dispuesta a aceptar el acuerdo de conformidad propuesto por la defensa del novio de Ayuso y todavía hoy se mantiene el apoyo a ese pacto, congelado a la espera de que la juez que instruye el caso resuelva los recursos presentados por PSOE y Más Madrid para investigar más delitos.

Pese a ello, Miguel Ángel Rodríguez mantenía ayer activa su máquina de bulos en defensa de un delincuente fiscal. “Aclaremos, si doy información con copia de un email oficial de la Fiscalía en el que se propone un acuerdo con González Amador ¿dónde está el bulo? Si se demuestra que el fiscal general paró la operación y se negó al acuerdo ¿dónde está el bulo? República bananera, con B de Begoña”.

Mientras la máquina de bulos sigue activa e impune, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido encausado por el Supremo para averiguar si fue él quien filtró el correo electrónico donde González Amador confiesa sus delitos y propone un acuerdo para evitar la entrada en prisión. El conocimiento de ese documento permitió rebatir el bulo, restablecer la verdad y el honor de los fiscales en un procedimiento judicial ensuciado por las mentiras de Ayuso, la novia del comisionista defraudador, y de Rodríguez, su jefe de gabinete.