García Ortiz salva la Junta de Fiscales sin una contestación mayoritaria

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha explicado este jueves a la Junta de Fiscales de Sala su decisión de no dimitir después de que el Tribunal Supremo le haya abierto una causa por la supuesta filtración de un correo electrónico remitido al ministerio público por el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, e imputado por fraude fiscal. Aunque esa decisión no se ha sometido a votación, fuentes de la Fiscalía señalan que la mayoría de la Junta, en la que han participado 30 fiscales, ha respaldado al jefe del ministerio público, pero también se han escuchado voces críticas con su decisión de mantenerse en el cargo. Según estas fuentes, solo ocho fiscales han pedido a García Ortiz que dimita, aunque otros miembros consultados de la Junta elevan esta cifra a 11 y aseguran que otros dos han sugerido que la renuncia sería lo mejor para la institución.

La Junta de Fiscales de Sala está integrada por los 35 fiscales que cuentan con esta categoría. Actualmente, son mayoría los afines a García Ortiz, entre ellos 15 fiscales miembros de la Unión Progresista de Fiscales (UPF). A la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria y de tendencia conservadora, pertenecen nueve miembros de la Junta, mientras que otros 11 no forman parte de ninguna asociación. No obstante, no todos han intervenido. Según fuentes consultadas, hay cinco que no han podido acudir y otros seis que, estando presentes, han renunciado a hablar.

El primero en tomar la palabra ha sido el fiscal general, quien, en una intervención que ha durado alrededor de 15 minutos, ha insistido en sus razones para no dimitir tras conocer la investigación abierta por el Supremo. García Ortiz, según estas fuentes, ha asegurado sentirse preocupado por la decisión de los jueces, pero no por lo que pueda implicar para él, sino para la institución que dirige. No obstante, se ha mostrado firme en que mantenerse en el cargo es lo menos dañino para la Fiscalía “a medio y largo plazo” y ha recordado que él no tiene que demostrar su inocencia, sino que es la Sala Penal la que debe reunir pruebas contra él si quiere seguir adelante con la investigación.

Aunque García Ortiz ha desvinculado desde el principio su decisión de las opiniones que pudieran manifestar los fiscales de sala, uno de los objetivos de la reunión era escucharles, por lo que, tras su intervención, el jefe de ministerio público ha dado la palabra al resto de miembros de la Junta, empezando por la más nueva, la fiscal de Sala coordinadora de Menores, Teresa Gisbert, y terminando por el más antiguo, Javier Zaragoza. Las primeras intervenciones, entre las que se encontraban los fiscales que han accedido a la máxima categoría de la carrera bajo el mandato de García Ortiz —o de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado— han sido todas de respaldo a su decisión de no renunciar al cargo, mientras que ha sido al final de la reunión, que ha durado dos horas y media, cuando se han escuchado las opiniones más duras, de parte, sobre todo, de veteranos fiscales enfrentados al fiscal general.

Entre quienes han respaldado al fiscal general, algunos fiscales han advertido del peligroso precedente que supondría la renuncia de García Ortiz. Sería dejar “en manos espurias” la posibilidad de “descabezar” la Fiscalía, ha advertido uno de los presentes. Entre los fiscales que han respaldado inequívocamente a García Ortiz, que varias fuentes consultadas cifran en 10, se encuentran algunos pesos pesados de la Junta ajenos al núcleo duro del jefe del ministerio público, como el fiscal del Tribunal Constitucional, Pedro Crespo. En la reunión, según fuentes conocedoras de la misma, se han escuchado opiniones muy duras contra la decisión de la Sala Penal, que ha llegado a ser calificada de “capricho” por uno de los asistentes.

Varios fiscales han resaltado que el auto del Supremo da la razón a la postura que ha venido defendiendo el ministerio público de que la nota de prensa publicada el 14 de marzo para desmentir el bulo que estaba lanzando el entorno de Díaz Ayuso no era delictiva. Esta fue también la posición que defendió la mayoría de la Junta de Fiscales de Sala en abril pasado, cuando ese órgano debatió la respuesta que debía dar la Fiscalía a la denuncia por revelación de secretos presentada contra el ministerio público por González Amador. El debate se saldó con 19 votos a favor de pedir el archivo, 12 en contra y una abstención. Algunos fiscales, según las fuentes consultadas, han hecho ver que el auto del Supremo da la razón a esa decisión de la Junta, que tuvo que reunirse porque la fiscal de Madrid sobre la que recayó el caso, María de la O Silva, consideraba que existían indicios de delito y pretendía seguir adelante con la investigación.

Algunos miembros de la Junta han entrado a valorar el auto de la Sala Penal, al que han reprochado que abra una investigación sobre García Ortiz “sin indicios” de que fuera él quien filtrara el correo entre el abogado de González Amador y el fiscal que le había denunciado por fraude fiscal. “¿Todo esto a quién beneficia? Creo que todos lo tenemos claro. Ya no se habla de la denuncia de la Fiscalía contra un defraudador”, ha advertido un miembro de la Junta, mientras que varios han cargado contra el “bulo” difundido el 13 de marzo por el jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, quien publicó en su cuenta de X que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, pero que el acuerdo se había retirado por órdenes “de arriba”, en referencia al fiscal general.

Las voces más críticas contra el fiscal general han venido de los miembros de la conservadora AF y de algunos fiscales no asociados pero que están abiertamente enfrentados a García Ortiz. Entre estos, han sido mayoritarias las opiniones favorables a que el fiscal general dimita por el daño que, aseguran, infiere a la Fiscalía el hecho de que su máximo responsable esté encausado por el alto tribunal. Entre los más críticos con García Ortiz han destacado los cuatro fiscales del procés (Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno), que han pedido su dimisión. También se han mostrado partidarios de la renuncia del jefe del ministerio público la fiscal de sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada; los fiscales Antonio Narváez; Javier Huete y José Miguel de la Rosa. Algunas fuentes incluyen en este grupo a los fiscales Pilar Martín Nájera, Rosana Morán y al jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, aunque otros miembros consultados señalan que este último ha mostrado su respeto por la decisión del fiscal general, aunque no ha expresado si la compartía. Estas fuentes señalan también que la exfiscal general del Estado María José Segarra y el fiscal Fernando Rodríguez Rey no han mostrado un respaldo claro a García Ortiz, pero tampoco han sugerido expresamente que debería dimitir.