La cúpula fiscal afronta un debate de alto voltaje sobre la denuncia de la pareja de Ayuso

La Junta de Fiscales de Sala, el principal órgano asesor del fiscal general del Estado, celebra este miércoles una reunión que se prevé de alto voltaje y que eleva la presión sobre Álvaro García Ortiz. La reunión se ha convocado después de que la fiscal de Madrid que investiga la denuncia presentada contra la Fiscalía por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se haya opuesto a la orden que recibió de la número dos de la institución y teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, para que se posicione a favor de archivar esa querella. La fiscal, María de la O Silva, pidió activar el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite elevar el caso a la junta de fiscales cuando se considere que se ha recibido una instrucción “improcedente” o “contraria a las leyes” de los superiores.

La Junta de Fiscales de Sala está integrada por los 36 fiscales que cuentan con esta categoría, la máxima de la carrera fiscal. La preside el fiscal general, pero García Ortiz no estará en la reunión de este miércoles porque se ha abstenido en este caso después de asumir la “responsabilidad” sobre el documento que dio origen a la denuncia contra el ministerio público: una nota de prensa publicada por la Fiscalía Provincial de Madrid el 14 de marzo en la que desmentía las informaciones que el equipo de la presidenta madrileña estaba lanzando contra esa institución tras la apertura de una investigación contra su novio por presuntos delitos fiscales. La pareja de Ayuso y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) llevaron ese comunicado a los tribunales al considerar que revelaba datos confidenciales de la investigación a González Amador.

El fiscal sobre el que recayó la denuncia del ICAM informó a favor de archivarla; pero la fiscal Silva, a la que se le asignó la denuncia de la pareja de Ayuso, considera que existen indicios de delito y pretende practicar una serie de diligencias, una postura que ha sido rechazada por la teniente fiscal del Supremo, que ha instado a Silva a pedir el archivo de la investigación. La negativa de Silva a acatar esta orden es lo que ha desembocado en la reunión que se celebra este miércoles.

La cúpula de la Fiscalía tendrá que pronunciarse sobre la postura que debe seguir el ministerio público respecto a la denuncia de la pareja de Ayuso, que se dirige contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y contra el fiscal de delitos económicos, Julián Salto.

Distintas fuentes del ministerio público vaticinan que el debate será intenso. Entre los 36 fiscales de Sala hay un grupo, formado sobre todo por miembros veteranos de este órgano, que están abiertamente enfrentados a García Ortiz y que, previsiblemente, se opongan al archivo de la investigación que va a defender su número dos. En principio, este grupo no es mayoritario, señalan las fuentes consultadas, pero se trata de fiscales con gran predicamento entre algunos sectores de la carrera que pueden arrastrar otros apoyos. La Junta de Fiscales tiene también, no obstante, un nutrido grupo de fiscales, alrededor de una decena, que han ascendido a esta categoría bajo el mandato de García Ortiz, o de su antecesora, Dolores Delgado, y que en su mayoría son partidarios de apoyar la tesis de los jefes del ministerio público.

El artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal obliga a Sánchez Conde a “oír” a la Junta, pero su opinión no es vinculante. Aunque la mayoría de los fiscales de sala vean indicios para seguir adelante con la denuncia de la pareja de Ayuso, Sánchez Conde puede optar por mantener su posición y ordenar el archivo, pero lo haría sabiendo que tiene en contra a la mayoría de la cúpula fiscal, lo que acentuaría la guerra en el seno de la institución.

Entre la documentación con la que van a contar los fiscales de sala para fijar su postura se encuentra la confesión enviada por González Amador a la Fiscalía el 2 de febrero, a la que ha tenido acceso EL PAÍS. En este documento, el abogado de la pareja de la presidenta madrileña admite que su cliente cometió dos delitos fiscales y detalla la sanción a la que se compromete para evitar entrar en prisión: acepta “una pena de prisión de cuatro meses por cada delito a imponer a Alberto González Amador”. Es decir, que aceptaría ocho meses de cárcel. A esto le suma “la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 9 meses”.