Navarra y el Estado acuerdan una reforma legal que “blinda” el derecho a asumir las competencias de tráfico

El Gobierno de España y el navarro han cerrado este martes en Pamplona un acuerdo para reformar la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Lorafna, el equivalente a los Estatutos de autonomía de otras comunidades) y permitir que finalmente Navarra tenga en exclusiva la competencia de Tráfico y Seguridad Vial. Esta cesión se hizo efectiva el 1 julio del año pasado y su asunción se estaba realizando de manera progresiva. De hecho, Navarra ya había adquirido, por ejemplo, las competencias para autorizar la apertura de centros médicos para reconocimientos o para la recuperación de puntos, para elaborar campañas divulgativas de educación y formación o para el cobro de tasas por todas las gestiones relacionadas con Tráfico. Sin embargo, en febrero de 2024, a raíz de un recurso de la Asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL), el Tribunal Supremo anuló el real decreto que regulaba este traspaso. La Sala de lo Contencioso-Administrativo no rechazó que la Comunidad foral pudiera asumir en exclusiva la competencia de tráfico, sino que determinó que esta cesión no podía hacerse a través de un real decreto. Planteó dos opciones: reformar la Lorafna o aprobar una ley orgánica. Se ha optado por la primera.

Con este fin, este martes en el Palacio de Navarra se ha reunido la comisión negociadora, integrada por representantes de la Administración de la Comunidad Foral y de la Administración del Estado. De ella han formado parte el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La presidenta de Navarra, María Chivite, ha comparecido tras la reunión y ha confirmado que con esta reforma se “elimina cualquier interpretación que no sea la que estaba implícita en el acuerdo de transferencia: que Navarra asumirá en exclusiva la vigilancia y el control del tráfico en nuestras carreteras”. No obstante, la reforma no será inmediata. La propuesta debe aprobarse en sesión de gobierno, obtener el preceptivo dictamen del Consejo de Navarra —máximo órgano consultivo de la Comunidad foral— y luego debe remitirse al parlamento autonómico para su aprobación en sesión plenaria. La mayoría del arco parlamentario ha mostrado ya su apoyo a esta modificación, por lo que, una vez que se le dé luz verde en Navarra, la reforma se elevará al Gobierno central para su tramitación como ley orgánica en las Cortes Generales –debe pasar por el Congreso de los Diputados y el Senado.

El detalle del acuerdo contempla un cambio en el apartado tres del artículo 49 que establece que “Navarra conservará íntegramente las facultades y competencias que actualmente ostenta. Corresponden a Navarra en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en virtud de su régimen foral y de lo dispuesto en esta ley orgánica, además de las facultades y competencias que viene ostentando, la competencia para la ejecución de la legislación del Estado, así como las funciones de vigilancia y control del tráfico”. Asimismo, se ha añadido un párrafo al apartado dos del artículo 51: “En materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial las competencias de la Policía Foral se regirán por lo dispuesto en el artículo 49″.

Desde que se aprobara la Lorafna en 1982 han salido adelante dos reformas parciales. La primera, en 2001, permitió eliminar el proceso automático de elección del presidente o presidenta de Navarra, a quien se le otorgó la facultad de disolver anticipadamente la Cámara foral. La segunda fue impulsada por el Gobierno de Navarra en 2009 para adaptar el texto a la realidad jurídico-política actual. Fue una modificación extensa que afectó a más de una veintena de artículos y que salió adelante en 2010. Entre otras cosas, se amplió el plazo de la legislatura a cuatro años en caso de disolución anticipada del Parlamento de Navarra y convocatoria de nuevas elecciones. Además, se incluyó la disolución de la Cámara foral si, tres meses después de su constitución, no hubiera sido capaz de elegir a quien deba ocupar la presidencia de la comunidad.

No se expulsa a la Guardia Civil

En contra de lo que se ha dado a entender desde las filas de la derecha, la asunción en exclusiva de las competencias de tráfico por parte de la Policía Foral no supone la salida de la Guardia Civil de Navarra. En la comunidad trabajan actualmente alrededor de 1.580 agentes, de los que apenas 150 están en el servicio de tráfico. Una vez se materialice el traspaso, estos tendrán varias opciones: pedir un nuevo destino dentro de la Agrupación de Tráfico, solicitar su recolocación en otros servicios del cuerpo en Navarra o incorporarse a Policía Foral como funcionarios autonómicos, a través de una “pasarela” que activará la Junta de Transferencias.