El caso del novio de Ayuso abre otra batalla en la Fiscalía

Los tambores de guerra vuelven a resonar en la Fiscalía. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha hecho este lunes una declaración institucional para respaldar la actuación de la Fiscalía Provincial de Madrid en el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El máximo representante del ministerio público ha tomado la iniciativa después de que hayan comenzado a abrirse grietas dentro del organismo por la presentación de dos denuncias contra la institución a raíz de la emisión de un comunicado que desmentía informaciones tergiversadas que el equipo de la política del PP estaba vertiendo sobre la Fiscalía tras la apertura del procedimiento contra su novio, actualmente imputado por fraude fiscal y falsedad documental. “Asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa”, ha expuesto García Ortiz.

El fiscal general del Estado, que se encuentra enfrentado con el sector conservador de la carrera y señalado por el PP, ha decidido dar un paso al frente y colocarse en la primera línea de la batalla. De forma inesperada, aprovechando un acto convocado para la toma de posesión de varios fiscales, García Ortiz ha hecho una declaración institucional para defender a sus subordinados de la Fiscalía Provincial de Madrid. Pero, también, para negar que el ministerio público cometiera alguna ilegalidad al emitir esa nota de prensa sobre el caso del novio de Ayuso.

“Recibir libremente información veraz es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución. La Ley atribuye al Ministerio Fiscal la relevante función de informar a la opinión pública de los acontecimientos que se produzcan en el ámbito de su competencia. No puede considerarse infringido el deber de reserva cuando el objeto de la comunicación es de dominio público fruto de indeseables filtraciones”, ha expuesto García Ortiz este lunes: “La comunicación de la Fiscalía no contenía información que pudiera perjudicar el derecho de defensa ni datos de carácter confidencial que tuvieren incidencia procesal alguna en un ulterior procedimiento judicial. [...] Ese comunicado se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios”. “La actuación del Ministerio Fiscal se enmarca siempre dentro de la Ley, porque fuera de la Ley no hay nada”, ha remachado el fiscal general.

Este punto resulta fundamental en este momento. Tras la emisión de dicho comunicado el pasado 14 de marzo —que desmentía la versión del equipo de Ayuso de que el ministerio público había ofrecido un pacto a su novio, cuando realmente había sido al revés—, se presentaron dos denuncias contra la Fiscalía, a la que se acusa de haber revelado datos confidenciales. Por un lado, lo hizo el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que no precisaba contra qué fiscal se dirigía su escrito. Y, por otro, Alberto González Amador, que actuó contra la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos de este departamento, Julián Salto. Esto provocó que se abrieran dos causas paralelas, que recayeron en dos fiscales diferentes.

El primero de los fiscales, perteneciente a la Fiscalía Provincial de Madrid, se pronunció sobre la denuncia del ICAM: se opuso a su admisión a trámite y negó que se revelasen datos confidenciales, pues argumentó que el ministerio público no difundió ninguna información que no se conociese anteriormente por la prensa. Sin embargo, fuentes fiscales explican que la segunda fiscal (que debe manifestarse sobre la denuncia de González Amador y que pertenece a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid) mantiene una postura diametralmente opuesta a la de su compañero: aprecia indicios de delitos sobre los mismos hechos y, como avanzó Abc, ha propuesto hacer una serie de averiguaciones previas (que supondría, en la práctica, investigar a la propia Fiscalía) antes de fijar su posición definitiva.

Según fuentes del ministerio público, aplicando el principio jerárquico que rige en este organismo, esta fiscal ha consultado a sus superiores sobre la posición que ella defiende. Entonces, García Ortiz ha optado por abstenerse porque conocía previamente el asunto. Y el caso ha quedado en manos de la número dos de la institución y teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que ha instado ya a la fiscal a que se posicione en contra de la denuncia de González Amador.

Al pronunciarse en este sentido, la teniente fiscal ha incidido en tres aspectos, según estas fuentes. Primero, en que la Fiscalía no puede pronunciarse sobre los mismos hechos de dos formas opuestas. Segundo, en que ella no aprecia indicios de delito. Y, tercero, en que considera improcedente que se hagan averiguaciones previas a fijar posición y que incluyen solicitar comunicaciones de los fiscales contra los que se dirige la querella, Pilar Rodríguez y Julián Salto.

Precisamente, con su declaración institucional, García Ortiz ha salido este lunes a defender a Pilar Rodríguez y Julián Salto: “En primer lugar, quiero reconocer públicamente la labor y el desempeño profesional —con el máximo rigor, objetividad, imparcialidad y transparencia— de la fiscal jefa y el fiscal de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid. No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento trasparente de nuestra institución. No pienso consentir que la fiscal Jefa de Madrid o el fiscal encargado del caso sean perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva [...] Insisto, asumo institucionalmente la responsabilidad última de la nota de prensa emitida”.