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La fiscal encargada de la denuncia del novio de Ayuso contra el ministerio público se planta ante la orden de archivarla

Alberto González Amador se querelló por la supuesta revelación de datos confidenciales

En el centro, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un acto la pasada semana.
En el centro, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en un acto la pasada semana.MIQUEL A. BORRÀS (EFE)
J. J. Gálvez

La fiscal María de la O Silva, encargada de estudiar la denuncia presentada por el novio de Isabel Díaz Ayuso contra la Fiscalía, se ha plantado contra la cúpula del ministerio público. Según confirman fuentes jurídicas, Silva se ha opuesto a la orden que recibió de la número dos de la institución y teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, para que se posicione a favor de archivar esa querella. Y, por ello, ha activado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite elevar el caso a la junta de fiscales cuando se considera que se ha recibido una instrucción “improcedente” de los superiores o “contraria a las leyes”.

El paso dado por María de la O Silva agudiza la batalla abierta dentro del ministerio público. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se encuentra enfrentado con el sector conservador de la carrera y señalado por el PP.

El origen de este caso se remonta al 14 de marzo. Ese día, la Fiscalía Provincial de Madrid emitió una nota de prensa que desmentía las mentiras e informaciones tergiversadas que el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba vertiendo contra el ministerio público tras la apertura del procedimiento contra su novio, Alberto González Amador, actualmente imputado por fraude fiscal y falsedad documental. La pareja de la dirigente del PP y el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) denunciaron que la publicación de ese comunicado supuso la revelación de datos confidenciales, lo que provocó que se abrieran dos causas paralelas, que recayeron en dos fiscales diferentes.

El primero de los fiscales, perteneciente a la Fiscalía Provincial de Madrid, se pronunció sobre la denuncia del ICAM: se opuso a su admisión a trámite y negó que se revelasen datos confidenciales, pues argumentó que la nota del ministerio público no contenía ninguna información o dato que no se hubiese sabido anteriormente por la prensa: “Lo que es previamente conocido ya no es secreto”. Pero, la querella del novio de Ayuso cayó en las manos de María de la O Silva, perteneciente a la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, que consideró que sí existen indicios de delito y propuso practicar una serie de averiguaciones previas (que supondría, en la práctica, investigar a la propia Fiscalía) antes de fijar su posición definitiva.

Sin embargo, esta iniciativa se topó con la número dos de la institución y teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que instó a Silva a que también se posicionase en contra de la denuncia de González Amador. Sánchez Conde le expuso que la Fiscalía no puede pronunciarse sobre los mismos hechos de dos formas opuestas; que no se aprecian indicios de delito; y que es improcedente que se hagan averiguaciones previas y que incluyen solicitar comunicaciones de los fiscales contra los que se dirige la querella, Pilar Rodríguez y Julián Salto.

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El fiscal general García Ortiz, que salió en público a defender la legalidad de la nota de prensa y asumió la “responsabilidad”, ha optado por abstenerse en este caso porque conoció previamente el asunto.

Según confirman fuentes jurídicas, tras recibir la orden de Sánchez Conde, María de la O Silva ha invocado el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La junta de fiscales se ha convocado para el próximo miércoles.

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Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.
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