La Ciudad de la Justicia de Madrid encara un nuevo y ¿definitivo? intento de nacer 16 años después de la primera piedra

No es la primera vez, ni la segunda, ni la tercera que un Gobierno de la Comunidad de Madrid promete que unificará todas las sedes judiciales de la región en un mismo espacio: la Ciudad de la Justicia. El lugar escogido desde tiempos de Esperanza Aguirre es Valdebebas, pero el proyecto que parece maldito solo ha conseguido materializarse en un único edificio, el Instituto de Medicina Legal, el conocido como rosco. “En realidad es un glóbulo rojo”, precisan fuentes de la Consejería de Justicia y Presidencia. Su titular, Miguel Ángel García, acaba de anunciar que, ahora sí, existe un plan fiable para levantar el macroproyecto y que prevé que a principios de 2027, las mesas, teléfonos, togas y fotos del Rey, mobiliario imprescindible de los juzgados, empiecen a llegar a los primeros edificios del campus. García, con amplia experiencia en el área de Hacienda, propone virar la propuesta de licitación con respecto a los planes iniciales, y que la Comunidad asuma el gasto de construcción y después se encargue de la gestión directa. Un concurso tradicional en el que la Administración pública dice lo que quiere y las empresas ofrecen sus servicios tratando de rebajar el precio.

¿Conseguirá por fin Isabel Díaz-Ayuso dar forma a uno de los grandes chascos de Esperanza Aguirre? Fue Aguirre la que inauguró en 2007 las obras del macrocomplejo que nunca fue, salvo por el rosco —o glóbulo rojo—. Su sucesora recuperó en 2019 la intención de llevarlo a cabo y volvió a mencionar un proyecto que prácticamente se había convertido en un tabú, salpicado además por la corrupción. Ahora, Miguel García tiene ese peso sobre sus hombros. El consejero de presidencia y justicia, hombre fuerte del Gobierno de Ayuso y anterior viceconsejero de esta misma cartera en la anterior legislatura, se ha “puesto como reto”, ya no solo profesional, sino también personal, sacar adelante este proyecto, aseguran fuentes de la consejería. Por eso ha ideado este nuevo modo de licitación en busca de constructoras dispuestas a asumir una iniciativa de esta envergadura. Con este modelo, según Martín, se elimina “incertidumbre y riesgos” para las compañías que opten a la licitación, porque no dependerá de ellos la inversión en materiales y en personal en un momento de vaivenes económicos y de problemas de suministro como el actual.

La construcción del complejo se dibuja en un horizonte lejano. Si se cumplen los planes planteados por la consejería, algo que no ha sucedido en 16 años, a mediados del año que viene estará diseñado el anteproyecto con el que sacar a concurso las obras. Esperan que en el segundo semestre del año se adjudique la primera fase y que las máquinas empiecen a trabajar a principios de 2025. “La empresa constructora será la que elabore también el proyecto arquitectónico, nos parece importante que los que hacen el diseño se involucren también en la construcción”, asegura Martín. El consejero prevé una inversión total de 660 millones de euros para levantar una decena de edificios.

Esto es lo más inmediato, pero el camino trazado por el equipo actual, fecha la finalización total del proyecto en 2030. Es decir, que esta iniciativa hipoteca, al menos, a los gobiernos salidos de las urnas de las próximas elecciones. “Nos parece que este periodo es razonable para la puesta en marcha de un proyecto como este”. El PP lleva gobernando en la Comunidad de Madrid desde 1995, así que es normal que la consejería cuente con que no se produzca un vuelco dentro de cuatro años que eche por tierra su proyecto. En esta primera fase se incluye la construcción de las dos sedes principales: el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) y la Audiencia Provincial. “Queremos incluir en el anteproyecto que el edificio del TSJM sea un referente icónico”, especifica el consejero.

Para entender lo que supone este anuncio, conviene conocer la cronología que hay detrás del concepto Ciudad de la Justicia de Madrid.

2007. Esperanza Aguirre celebra una ceremonia para colocar la primera piedra en un acto que cuesta 1,4 millones de euros y que está sufragado en parte por una empresa que después será investigada en la trama Gürtel. El proyecto fue presentado 72 veces incluso en actos internacionales y se desarrolló un plan publicitario de 200.000 euros que incluía paraguas, gorras, camisetas, y un libro promocional.

2009. El proyecto se paraliza. El Ejecutivo de Aguirre alega problemas de financiación derivados de la crisis económica que ha impedido obtener liquidez con la venta de otros inmuebles públicos.

2012. La lideresa del PP se empeña en el proyecto pero con una versión low cost, alejada de firmas de renombre y edificios emblemáticos. Nada de esto sucede y los planes quedan de nuevo varados.

2014. El presidente Ignacio González (PP) retoma la idea de construirla con el modelo de la construcción privada a la que luego se dará un canon anual de 40 millones. La presidenta Cristina Cifuentes (PP) paraliza después el plan porque no le convencía ni el diseño ni el modelo de licitación. La Ciudad de la Justicia entra en un periodo de abandono.

2020. Se inaugura el único edificio construido en todo el complejo, el Instituto de Medicina Legal, justo antes del estallido de la pandemia de coronavirus.

2021. El Gobierno de Ayuso reconoce que todos los planes encargados para el primer plan de Aguirre no sirven, ni siquiera el proyecto de diez millones de euros que se pagó al arquitecto Norman Foster para el diseño de dos edificios.

2022. El Ejecutivo regional vuelve a licitar la obra e insiste en la fórmula que el PP lleva usando años en la región: concesiones millonarias que se extienden a lo largo de décadas a cambio de que el constructor desembolse la inversión inicial. En este caso, 50 millones de euros al año durante unos 36 años.

2023. La Comunidad declara desierta la licitación al considerar que la única oferta recibida no se ajusta a las condiciones de los pliegos.

Y en este punto llega Martín, que propone dar más seguridad al asumir la Administración pública la inversión y posterior titularidad. En la región hay 28 dependencias judiciales diferentes, casi todas en edificios alquilados por los que la Comunidad de Madrid paga unos 40 millones de euros al año. Si marcamos los puntos en un mapa, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid está en el barrio de Chueca, en el mismo edificio que la Fiscalía, dos de las sedes de la Audiencia Provincial se hallan en el barrio del Pilar y otra en Tetuán, los juzgados de menores, de violencia sobre la mujer y de lo penal están en tres edificios distintos en el distrito de San Blas-Canillejas...Y así un largo etcétera. Esta dispersión provoca numerosos contratos de mantenimiento y también que los abogados vayan con la lengua fuera de un lugar a otro si en la misma mañana les citan para varias causas, algo que provoca retrasos en un sistema ya de por sí saturado. Además, también crea algo de confusión en los usuarios del sistema judicial, que a veces no tienen muy claro dónde ir. El espíritu de esta iniciativa es, sobre el papel, eliminar los costes de alquiler a cambio de esta macroinversión y reducir los de mantenimiento, al unificar el contrato en uno solo. El tiempo dirá si esta nueva visión es la acertada.

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