La Ciudad de la Justicia, en liquidación

La Ciudad de la Justicia, un macroproyecto de 500 millones y 15 edificios judiciales emblemáticos, no se construirá. El Gobierno del PP, 11 años después de anunciar por primera vez su edificación, admite ahora que la sociedad que la iba a gestionar “está en proceso de disolución y liquidación”.

Como rastro de la idea fallida queda solo, en mitad de un erial y a escasos metros de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el Instituto de Medicina Legal. Este edificio, conocido popularmente como donuts por su forma esférica con un agujero central, está vacío y vigilado 24 horas al día. El arquitecto que lo diseñó, Alejandro Zaera-Polo, abandonó el proyecto por falta de presupuesto. Costó 19,3 millones de euros y lleva más de tres años sin uso.

“En el horizonte de 2007, la Ciudad de la Justicia será una realidad”, anunció en diciembre de 2004 el entonces consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada. El plazo de finalización de todo el conjunto, con sus 15 edificios, también estaba marcado: 2015.

Pero ese momento nunca llegará. La Comunidad de Madrid posterga desde 2010 las actuaciones necesarias para acabar la Ciudad de la Justicia. La liquidación de la sociedad encargada de la gestión está, incluso, pendiente desde entonces. La auditoría también requerida se anuncia desde 2012 sin que se haya conocido hasta la fecha. La oposición critica, además, que las cuentas del macrocomplejo inconcluso no se han publicado desde 2009. Mientras tanto, el donuts aguarda en medio de un erial de Valdebebas por donde corretean los conejos, con vigilancia privada permanente, cuyo coste la Comunidad tampoco detalla. La viceconsejera de Justicia y Administraciones Públicas, Elena González Moñux, aseguró el 8 de octubre de 2013 en la Asamblea de Madrid, que “desde agosto-septiembre de 2012, la sociedad no cuenta con ningún trabajador”. Pero los presupuestos de 2013 incluían 26.155 euros en gastos de personal, más otros 50.000 en servicios de profesionales independientes. Casi 80.000 euros para un edificio vacío. Hay previstos otros 20.000 en 2014.

En febrero de 2012, y ante la dificultad de llevar a cabo el proyecto original, la Comunidad decidió rescatarlo con menos ínfulas. Aparecieron las calificaciones de “austero, racional y sostenible en el tiempo”. Las instalaciones serían más modestas, alejadas de los 20 millones de euros previstos para los juzgados de guardia o de los 120 millones de los juzgados de lo penal. La gestión sería privada. La Consejería de Presidencia y Justicia anunció la convocatoria de un concurso para la construcción y gestión del futuro campus por unos 33 millones de euros anuales, precio similar al coste que soporta la Comunidad por el arrendamiento de la mitad de las sedes judiciales en la capital.

González Moñux aseguró en octubre que el informe de la auditoría llegará en breve. Indicó que la documentación está preparada y que, una vez aprobadas las cuentas, se presentará un expediente de liquidación a la Intervención de la Comunidad de Madrid. En mayo de 2012 el PP ya anunció una “radiografía exacta de las cuentas” que la oposición sigue reclamando. “Nos han engañado con la Ciudad de la Justicia como ahora nos quieren engañar con la justicia gratuita”, reprocha Libertad Martínez, diputada de Izquierda Unida.

“La historia de esta entidad puede servir para ilustrar el derroche que han significado los Gobiernos de Esperanza Aguirre”, mantiene Elvira García Piñeiro, diputada de UPyD en la Asamblea de Madrid. Recalca que, desde que se anunció su liquidación, el PP no ha ofrecido ninguna explicación sobre el destino de su patrimonio y sus deudas. “Se ha eludido cualquier tipo de fiscalización y las cuentas no se han presentado ni en el Registro Mercantil desde 2009 ni ante la Cámara de Cuentas”, puntualiza. Este último organismo indicó en su informe de 2011: “No se ha podido valorar la necesidad o no de la dotación de la provisión relativa al Campus de la Justicia, ya que sus cuentas, como viene repitiéndose ejercicio tras ejercicio, no han sido rendidas”.

Dentro de los descuadres que ha encontrado este grupo político está la reducción del inmovilizado material. En 2012 era de 74 millones de euros y en 2013 descendió a 21 millones. “No sabemos a qué se ha debido la desaparición del inmovilizado material en cuantía tan alarmante”, sostiene.