Colgado el cartel de "sin dinero"

La presidenta regional, Esperanza Aguirre, no se hará una de las fotos por las que más había apostado para la presente legislatura. Su megaproyecto para unificar las 23 sedes judiciales de la capital en el Campus de la Justicia, en Valdebebas (Hortaleza), se ha quedado "paralizado sin fecha "ante la falta de presupuesto por parte del Gobierno regional para acometer la construcción de edificios. Ayer lo confirmó el consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados. Este aseguró que el Ejecutivo de Aguirre tiene ahora otras prioridades como mantener la sanidad, los servicios sociales o la educación.

Hasta la fecha solo se ha construido el 90% del primer edificio, el del futuro Instituto de Medicina Legal (IML). De momento, se quedará vacío ante la falta de presupuesto para concluirlo. Esta carencia de fondos ha llevado a que se sellen los túneles de las galerías de servicio y se ha contratado vigilancia para evitar que sea ocupado o destrozado. El consejero Granados afirmó que el parón se ha producido por culpa de la crisis económica. "Era impensable según los antecedentes que se produjera este parón. El campus requiere una gran dotación económica y no podemos acometerla ahora. Habrá que buscar un planteamiento más modesto", afirmó el titular de Justicia.

El único edificio construido tendrá que quedar vacío, sellado y vigilado

Según el PSOE, el Gobierno regional se ha gastado en el Campus de la Justicia unos 300 millones de euros, lo que supone una gran subida respecto al presupuesto inicial que planteó el equipo de la sociedad anónima. Precisamente, el proyecto inicial recogía que la primera fase, que incluía el Instituto de Medicina Legal, el Juzgado de Menores, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y la Audiencia Provincial, supondría una inversión de 300 millones de euros. En principio, se iban a financiar con la venta de los inmuebles que ocupan los diferentes juzgados de la capital, en especial la sede de los de primera instancia e instrucción en la plaza de Castilla. La caída del mercado inmobiliario por la crisis hizo inviable esta vía de pago. "¿Quién ha dicho que era una locura?", llegó a preguntar ayer con bastante enfado Granados.

Fuentes del Gobierno regional confirmaron ayer además que, de momento, el edificio del IML se quedará vacío. Existen varios problemas para que pueda ser alquilado a un particular. Entre ellos, carece de suministro eléctrico, lo que obligaría a construir un segundo edificio ya previsto: la subestación eléctrica de todo el campus. Una nueva inversión tampoco asumible a fecha de hoy por el Gobierno regional. A esas infraestructuras se unirían otras como los teléfonos o la red de saneamiento, que tendría que ponerse en marcha para este único edificio.

Otro problema añadido es que no existe transporte público para llegar al lugar. Los empleados de la empresa o administración que acudieran a ese lugar apartado tendrían que poner sus medios para llegar a sus puestos de trabajo.

Este retraso en la apertura del IML tampoco le saldrá gratis al Gobierno regional. Tendrá que acometer reformas en el Instituto Anatómico Forense, en la Ciudad Universitaria para actualizarlo y poner en marcha algunos laboratorios de investigación. Esta inversión se había pospuesto ante el anuncio de entrada en funcionamiento del nuevo instituto.

Esta confirmación por parte de Granados se produce en medio de la denuncia de que el anterior responsable e impulsor del campus, Alfredo Prada, gastó altas cantidades (hasta seis millones de euros) en promocionar este conjunto arquitectónico que contó con grandes figuras internacionales de la arquitectura. El actual consejero mantuvo que tendría que ser el propio Prada el que explicara los motivos que le llevaron a esos pagos. Intentó justificarlo ya que es una persona que sigue en activo en política. "No podemos responsabilizarnos de aquellos gastos que no han pasado por el Consejo de Gobierno. Es como si me preguntan por la compra de una papelera en la Consejería de Deportes. Pues la verdad es que no sé. Habrá que preguntarle a él [Alfredo Prada], porque son gastos que se escapan al Gobierno regional", afirmó Granados.

También hubo críticas a algunos periodistas: "Buscar ahí interpretaciones malintencionadas y torticeras, así como la defensa cerrada de la gestión de Prada, evidentemente no tiene que ver nada con la realidad".

Lo que no dijo Granados es que la presidencia de la junta general de la sociedad anónima Campus de la Justicia corresponde a Esperanza Aguirre y que todos los consejeros regionales forman parte de la misma. Además, Prada llevó informes sobre las principales actuaciones del campus al Consejo de Gobierno. Entre ellos estaba la adjudicación a una unión temporal de empresas (UTE) de las obras de urbanización de la primera fase a las constructoras Aldesa y Begar. Esta última está implicada en el caso Gürtel.