Cifuentes suspende la adjudicación de la Ciudad de la Justicia

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha suspendido el procedimiento de adjudicación de la Ciudad de la Justicia, uno de los proyectos más costosos y polémicos del Gobierno de su predecesor, Ignacio González. El anterior Ejecutivo, también del Partido Popular, esperaba haber dejado cerrada la concesión del complejo, a 30 años y con un coste de 1.752,5 millones de euros (1.448,4 millones más 304,1 millones por IVA). Una vez concluida la adjudicación, pasaría a ser de titularidad pública.

Cifuentes no renuncia definitivamente al proyecto, ya que pedirá una ratificacion de las ofertas a las empresas que se presentaron, para lo que la Comunidad les dará un periodo de tres meses. En caso de descartarlo, su Gobierno deberá abonar el coste del proyecto presentado por Acciona y OHL, que la Mesa de Contratación valoró favorablemente frente a la de ACS y Ferrovial. Aunque Ignacio González pudo aprobar el proyecto en su último Consejo de Gobierno, a mediados de junio, finalmente no lo hizo. Cifuentes negociaba entonces el pacto de investidura con Ciudadanos, y la aprobación del complejo la habría perjudicado. El actual equipo de Gobierno ha sido, en privado, muy crítico con el proyecto judicial, tanto por su coste como por la extensión de la concesión, hasta el año 2045.

"De momento se ha suspendido el procedimiento, que deriva de un proyecto anterior, pero no es el momento de entrar en si hay que abonar alguna compensación o no. Es una posibilidad que se plantearía si se renuncia finalmente al proyecto", ha observado Cifuentes. El consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha reconocido que la suspensión de la adjudicacion "llevará un coste que habrá que calibrar". "Los servicios jurídicos estiman que no puede ser a coste cero", ha subrayado.

La Ciudad de la Justicia ideada por González iba a contar con una superficie de 206.000 metros cuadrados para uso judicial. Las 28 sedes judiciales que ahora mismo se reparten por Madrid —19 en alquiler y el resto en propiedad— ocupan 154.000 metros cuadrados.

El proyecto, el tercero en década y media, difiere de la versión de 2012. Entonces, la Comunidad optó por adaptar la idea original a una versión low cost, sin los edificios singulares con el sello de arquitectos de talla internacional que Esperanza Aguirre, presidenta regional de 2003 a 2012, pretendió en su primer legislatura. Una década después del plan inicial, el Instituto de Medicina Legal, cerrado y en semiabandono, cuyo coste fue de 19,3 millones, es el único concluido de los ideados en un primer momento. La maleza crece en el resto de loos terrenos previstos para la Ciudad de la Justicia.

La previsión del Ejecutivo de González era que el complejo contase con 25.000 usuarios diarios, de los que 6.500 serían jueces, fiscales y demás personal de la Administración de Justicia, que tiene 356 órganos judiciales, 554 jueces y magistrados, 202 fiscales y 362 secretarios judiciales. El proyecto que presentó el anterior consejero de Justicia y número dos de González, Salvador Victoria, para retomar la fallida Ciudad de la Justicia no gustó al Colegio de Abogados de Madrid (72.000 afiliados). Su decana, Sonia Gumpert, lo rechazó al entender que no recogía las propuestas que hizo para mejorar la asistencia a las víctimas de violencia de género y de trata.