La Comunidad de Madrid ha declarado desierta la licitación mediante procedimiento negociado sin publicidad del contrato de concesión de obras para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia del partido judicial de Madrid, ya que la única oferta recibida no se ajusta a los criterios establecidos en los pliegos. Esa decisión, publicada en el portal de contratación autonómico, paraliza por segunda vez el gran proyecto de infraestructuras del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y siembra dudas sobre su viabilidad. Como informó EL PAÍS, el Ejecutivo había decidido no acometer la obra con fondos propios, sino a través de la colaboración público privada. El plan era que la constructora recibiera más de 2.000 millones en 40 años, y pudiera explotar a través del alquiler 10.000 metros cuadrados de edificios, a cambio de gastarse 507 en las obras y de mantener las instalaciones y sufragar los servicios de limpieza, seguridad o atención al usuario. Algo que ya no ocurrirá. Al menos por ahora.

Así, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior ha publicado este viernes en el Portal de Contratación Pública la orden por la que se declara desierta la licitación del contrato, en la que se alega la falta de documentación requerida.

Desde el Ejecutivo regional ya se ha comunicado por escrito la decisión a la UTE formada por Iridium Concesiones de Infraestructuras (participada al 100% por ACS Actividades de Construcción y Servicios) y Acciona Concesiones.

“La UTE no aportó un programa económico que incluyera todos los parámetros y partidas mínimas contenidas en el programa económico base de la licitación”, se explica en la documentación del contrato.

Tras esta decisión, el Gobierno regional ha apuntado que buscará “la mejor vía para reunificar las sedes judiciales y lograr una gestión más eficiente de los recursos a disposición de la Administración de Justicia”, recoge EUROPA PRESS.

Un proyecto maldito

El proyecto de Ayuso ha estado rodeado por la polémica desde el principio. En 2021 se supo que Madrid renunciaba a usar en la nueva ciudad de la justicia los diseños de arquitectos afamados como Norman Foster en los que Esperanza Aguirre había gastado millones. Al conocer la fórmula de financiación, la oposición reclamó que la Administración afrontara la obra con fondos propios y que no hipotecara hasta 2060 los Presupuestos de la Comunidad. Y cuando salió a licitación el proyecto, el Colegio oficial de arquitectos de Madrid (COAM) lo recurrió al considerar que los criterios de adjudicación vulneraban la ley de contratos del sector público y la ley de calidad de la arquitectura.

Pasado agosto de 2022, se abrió el plazo para la concesión del contrato, que en el mes de noviembre de 2022 se declaró desierto al no haberse recibido ninguna oferta económica. Entre otras causas, se alegó la subida de los tipos de interés; la inestabilidad económica propiciada por el alza en los precios de los materiales de construcción y el encarecimiento de la energía; así como la situación generalizada de incertidumbre en el ámbito internacional.

Entonces se abrió un nuevo proceso, en el que la Comunidad envió invitaciones directas a 10 empresas, dentro de un proceso negociado sin publicidad, y retocó aspectos de los pliegos para hacerlos más atractivos sin alterar sus líneas maestras. En febrero de 2023, justo al límite del vencimiento del plazo, y cuando parecía que el proyecto iba a encallar definitivamente, el consorcio formado por Iridium y Acciona presentó una oferta. Que ahora haya sido rechazada su propuesta añade una línea más a la larga lista de imprevistos, fallos y fracasos de un proyecto que parece maldito.

Porque la idea de concentrar todas las sedes judiciales nació hace más de un decenio. Su primera impulsora fue Esperanza Aguirre. El proyecto fue presentado 72 veces y llevó aparejado viajes pagados a Nueva York o Singapur. El acto de colocación de la primera piedra costó más de un millón. Se sufragaron informes inservibles por más de 80.000 euros y se impulsó un programa publicitario de unos 200.000 euros invertidos en paraguas, gorras, camisetas, y un libro promocional. La gran mayoría de empleados del complejo judicial eran directivos con nóminas por encima de los 100.000 euros anuales. Y al final se gastaron al menos 110 millones para que el plan de unir todas las sedes judiciales de la región nunca se completara: únicamente se construyó uno de los catorce edificios previstos.

De aquel proyecto megalómano solo quedan hoy dos cosas: el donut del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, ahora en las inmediaciones del hospital enfermera Isabel Zendal, y una investigación judicial aún abierta en la que están bajo la lupa cargos de los gobiernos de Esperanza Aguirre, como el exconsejero y exvicepresidente Alfredo Prada, para quien anticorrupción pidió ocho años de cárcel en enero de 2021.

En 2014, con Ignacio González como presidente del Ejecutivo regional, se retomó el proyecto de Aguirre, que pasó a denominarse Ciudad de la Justicia. En 2015, y ya con Cristina Cifuentes como presidenta, fue paralizado, lo que provocó demandas por parte de constructoras por incumplimiento de contrato. En 2020, la justicia le dio la razón a la Comunidad. Entonces Ayuso empezó a impulsar su propio proyecto, el mismo que ahora queda de nuevo paralizado.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.