El número de niños en lista de espera de atención temprana sube un 35% desde que Ayuso prometió reducirlo “al máximo”

Como en la moda, en política también hay clásicos que siempre vuelven. En 2019, Isabel Díaz Ayuso acudió a las elecciones prometiendo que eliminaría las listas de espera de tratamientos en atención temprana, que afectan a bebés y niños de hasta seis años. En 2021, repitió propuesta para los comicios del 4-M, y dio un paso más en su discurso de investidura. “Empezaremos reforzando la valoración y ampliando la red que se encarga de la atención temprana, con el fin de reducir al máximo las listas de espera”, dijo entonces, cuando 1.926 familias esperaban ayuda. Dos años después, en junio de 2023, y tras prometer en la campaña del 28-M que la atención temprana será “universal”, Ayuso no falló a la cita. “Asumo el compromiso de que los niños tengan acceso inmediato a la atención temprana”, dijo en su tercer discurso de investidura. Ocurre que ahora figuran en la lista de espera 2.601 personas. Es decir, hay 675 más que hace dos años, cuando Díaz Ayuso prometió reducir la cola “al máximo”. O lo que es lo mismo: ha habido un incremento del 35% de pacientes esperando, aunque esperen cuatro meses menos de media para ser valorados, y haya 2.000 plazas más de nueva creación, según el Ejecutivo. ¿Cómo es eso posible?

“Se han incrementado los diagnósticos de casos que antes no se detectaban”, responde un portavoz gubernamental. “La Comunidad de Madrid ha hecho en los dos últimos años el mayor esfuerzo de la historia en atención temprana para niños con necesidades especiales, con la creación de 2.015 nuevas plazas, lo que supone un incremento de más de un 50%, pasando de 3.800 a 5.800 plazas”, sostiene. Y remata: “El tiempo de valoración de cada uno de los casos se ha reducido de los 6,6 meses a los 2,5 meses”.

Sin embargo, tras la valoración hay que esperar a que la plaza sea efectivamente concedida. Y no hay datos oficiales de cuánto tiempo pasa entre la decisión burocrática favorable y el inicio de los tratamientos. “En abril, cuando finalice la legislatura, un poco antes, todos los niños de la lista de espera tendrán una plaza pública”, dijo en marzo la entonces consejera de Políticas Sociales, Concepción Dancausa. Un compromiso que no se ha cumplido.

Así, a fecha de 30 de junio de 2023, con la legislatura ya terminada, había 2.601 demandantes en lista de espera, según los datos oficiales de la propia Comunidad de Madrid. De hecho, hoy hay más niños esperando que cuando Díaz Ayuso terminó el primer año de su primer mandato: de los 2.438 de diciembre de 2019 a los 2.601 actuales, con el pico de los 2.972 de marzo de este año. Y además, denuncian los afectados, esas cifras son solo la punta del iceberg. Los largos meses de espera, y el proceso burocrático, actúan como elemento disuasorio para las familias con recursos para pagar en el sistema privado una ayuda que debe ser inmediata. Es decir, hay niños cuyos padres ni siquiera están intentando que les traten en la pública.

“Lo que los niños madrileños necesitan no son más promesas vanas, privatización o beneficencia”, dice Óscar Hernández, portavoz de la Plataforma Atención Temprana; “sino una apuesta clara y decidida por un servicio de atención temprana de gestión pública, incardinado en la atención primaria de Salud y suficientemente dotado de recursos para que, como sucede en Cantabria, el niño que tenga una alteración en el neurodesarrollo o esté en situación de riesgo sea valorado inmediatamente y comience su tratamiento en días y no en meses, años, o nunca, como sucede actualmente en Madrid”.

Porque en la región ha habido esperas de años, tan prolongadas como para que haya niños que se hayan quedado sin recibir en el sistema público el apoyo que necesitaban por haber cumplido los seis años mientras aguardaban, según denuncian en la Plataforma. Por ejemplo, en abril de 2021, dos años después del primer compromiso público de Ayuso, había 10 niños que llevaban casi cuatro años esperando una plaza que ya tenían reconocida; 104 en esa situación desde hacía tres años; y 502 desde hacía dos, según datos obtenidos en aplicación de la ley de transparencia por Hernández.

¿Cómo es la situación ahora? De media, todos los solicitantes tenían que esperar en junio 67 días, es decir, más de dos meses, para dar el primer paso de entrada al sistema: tener su cita en el centro regional de coordinación y valoración infantil, donde los profesionales deciden si tienen que ser tratados. Pero esa espera, que se ha reducido drásticamente durante el Gobierno Ayuso, no era más que la primera etapa de una larga carrera.

Para saber cuál era la decisión de la Administración, y si obtendrían ayuda, las familias tenían que esperar aún más tiempo: 82 días, casi tres meses. De lo que no hay datos oficiales publicados es de cuánto tiempo pasa entre el dictamen favorable y que efectivamente se obtenga la plaza solicitada. De que es mucho tiempo da testimonio que Dancausa se pusiera en enero la meta de reducirlo a tres meses, antes de proponerse que directamente no hubiera ningún tipo de espera.

Para aligerar el problema, y como publicó EL PAÍS, la Comunidad de Madrid renunció a principios de año a atender a través del sistema público a 300 de las familias inscritas en la lista de espera de atención temprana, y optó por que una fundación privada sin ánimo de lucro se encargara de estos niños de hasta seis años con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos. Una decisión que para la oposición supuso reventar los límites del sistema de colaboración público-privada para entrar directamente en uno de beneficencia.

Además, en marzo, el Gobierno regional aprobó invertir 55.490.341 euros en financiar 5.374 plazas gratuitas para sus usuarios durante los próximos dos años. Esa inversión supuso incrementar un 20,5% el precio mensual por plaza, de 399 a 480 euros, lo que permite que los profesionales y trabajadores cuenten con un mayor número de horas semanales para atender a sus pacientes, según un comunicado gubernamental.

Pero la mejor demostración de que ese esfuerzo ha sido insuficiente para cumplir las expectativas creadas por el propio Gobierno es que Díaz Ayuso ha vuelto a hacer un anuncio al respecto. El pasado lunes, durante la toma de posesión de sus nuevos consejeros, la presidenta regional enumeró los retos que debería afrontar cada uno en la legislatura 2023-2027. Cuando llegó el turno de Ana Dávila, recién nombrada titular de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, fue clara. “Hacer universal la Atención Temprana”, dijo Díaz Ayuso. Cuatro años después de la primera promesa de mejora del sistema, las familias esperan que esta sea la definitiva.

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