La Comunidad de Madrid ha renunciado a atender a través del sistema público a 300 de las 2.412 familias inscritas en la lista de espera de atención temprana al cierre de enero, y ha optado por que una fundación privada sin ánimo de lucro se encargue de estos niños de hasta seis años con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos. Esa decisión, traducida en la firma de un convenio que explicita que el Gobierno regional no pagará nada por el servicio, supone reventar los límites del sistema de colaboración público-privada para entrar directamente en uno de beneficencia, según denuncia la oposición al Ejecutivo de Isabel Ayuso. El acuerdo con la fundación Nemesio Díez favorece que Ayuso cumpla la promesa presidencial de reducir la lista de espera pese al fracaso de las negociaciones del PP y Vox para aprobar los Presupuestos de 2023. Un fiasco que ha obligado al PP a buscar soluciones creativas para neutralizar la falta de fondos a las puertas de las elecciones autonómicas del 28 de mayo.

“Reducir la lista de espera en atención temprana debe ser una prioridad”, reconoce María Pastor, diputada de Más Madrid, el partido que encabeza la oposición al Ejecutivo. “Lo que es incomprensible es que el Gobierno de Ayuso renuncie a su responsabilidad y nos lleve de vuelta a un modelo de beneficencia en la que una fundación asume el coste de reducir la lista de espera y paga a las familias para externalizar, aún más, una atención que es imprescindible para la infancia madrileña”, añade. “En política nada es gratis, y queremos saber cuál va a ser el coste para los madrileños de que el Gobierno de Ayuso sea incapaz de bajar la lista de espera por sus propios medios”.

En una línea parecida se expresa Alejandra Jacinto, de Podemos. “Esta es una magnífica ocasión para señalar que la sanidad madrileña debería hacerse cargo de los servicios de atención temprana. Más sanidad, más cobertura y más financiación”, dice. “La sanidad debe gestionarse desde lo público y con financiación suficiente”, reclama. “Delegar en fundaciones privadas es un error, que además generará problemas de coordinación y seguimiento porque parte de la calidad de la atención depende de la relación médico-paciente”.

¿Qué es lo que ha ocurrido? El Gobierno autónomo está embarcado en un esfuerzo por reducir las listas de espera médicas antes de las elecciones, cumpliendo así con un compromiso adquirido por la presidenta en el último debate del estado de la región, celebrado en septiembre de 2022. “Ya en 2023 vamos a crear 1.200 nuevas plazas para Atención Temprana, a poner en marcha una experiencia piloto de Atención Temprana a domicilio y a reducir al máximo las listas de espera”, dijo entonces Ayuso. Y prometió: “Al acabar este año, 8 de cada 10 personas con trastorno del espectro autista que actualmente están en lista de espera tendrán una plaza pública”.

Sin embargo, la líder conservadora se ha topado con un problema grave para cumplir con ese compromiso: el PP no logró pactar los Presupuestos para 2023 con Vox. Es decir, no hay dinero con el que financiar esas promesas de gran calado social y electoral. Y eso ha obligado a varias consejerías a buscar soluciones creativas.

En el caso de la lista de espera quirúrgica, por ejemplo, el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid ha apostado por ofrecer el traslado de pacientes de los hospitales públicos puros a los públicos de gestión privada para aliviar la lista de espera quirúrgica y presentarse a las urnas rebajando la demora media de los 62 días actuales a 45. Y en el caso de la lista de espera de atención temprana, se ha firmado este acuerdo con la fundación.

“La Consejería de Familia, Juventud y Política Social ha firmado un convenio con esta entidad con el objetivo de garantizar que este programa se presta exactamente en las mismas condiciones y con los mismos requisitos establecidos para el acceso a la Red Pública de atención”, expone un portavoz gubernamental. “La participación en este programa será voluntaria para las familias cuyos hijos estén incluidos en la lista de espera para recibir tratamiento, cuyo orden se respetará de manera escrupulosa, y en caso de que renuncien al mismo volverán a esta lista en el mismo puesto de prioridad de adjudicación de plaza pública que tenían previamente”, sigue. “Los tratamientos serán los mismos que reciban los menores que accedan a ellos a través de una plaza financiada con fondos públicos y se prestarán obligatoriamente en los recursos de este tipo autorizados por la Comunidad de Madrid”.

Una inversión millonaria

El Gobierno regional detalla que la Comunidad de Madrid invierte cada año 17,5 millones en sostener una red pública formada por 4.592 plazas de atención temprana, todas ellas gratuitas para sus usuarios. Añade que 815 de esas plazas se crearon en 2022, lo que supuso un incremento del 21%. Y asegura que este año se crearán 1.200 más, por lo que en dos años la oferta se habrá incrementado un 53%, “la mayor subida de la historia de la región”. Sin embargo, el Ejecutivo no aclara nada de cómo financiará esas nuevas plazas tras fracasar la aprobación de los Presupuestos, ni qué razonamiento le ha llevado a ponerse en mano de una iniciativa privada en lugar de financiar todas las plazas necesarias con fondos públicos.

“Nosotros lo que intentamos es dar solución a un problema de manera colaborativa con las fundaciones españolas y las instituciones públicas. La atención temprana es una necesidad que se vislumbra de manera general en el colectivo con discapacidad y que consideramos clave para un mejor desarrollo futuro”, explican en la fundación, donde afirman que la iniciativa nació de manera conjunta con la Comunidad. “Entendemos que es una cosa buena. También ayudamos en toda España en áreas de actuación vinculadas a la oncología pediátrica, exclusión social, becas a jóvenes y ahora también intentamos trabajar por algo que nos preocupa a todos como es prevención del suicidio en adolescentes...”.

Esta organización, fundada en 2014 por los descendientes de un leonés que hizo fortuna en México, tiene carácter laico, opera por toda España y centra sus programas de trabajo en educación, sanidad, deporte y cultura. Sus representantes no quieren detallar cuál es el presupuesto que dedicarán a la iniciativa. El nuevo acuerdo marco que fija las condiciones de contratación de este servicio por parte de la Comunidad ha incrementado un 20,5% el precio por plaza al mes, desde los 399 euros a los 480 euros, según detallan en el Ejecutivo de Ayuso. Eso supondría que esta fundación invirtiera 1,5 millones al año en su programa altruista si se aplican esos costes.

Esto es lo que se establece en el convenio: “Las familias que participen en el programa recibirán financiación para la prestación de los tratamientos que el menor tenga recomendado en el dictamen de atención temprana, en las especialidades de psicoterapia, estimulación, psicomotricidad, fisioterapia, logopedia, así como en atención sociofamiliar”.

Pero esa financiación no saldrá de los presupuestos públicos. Dependerá de los fondos de una fundación privada, y en consecuencia durará lo que este pueda o quiera sostenerla: por ahora, según el convenio, tres años prorrogables a cuatro.

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