Más Madrid ha registrado este lunes en la consejería de Hacienda una carta denuncia por el gasto de 1.270 millones adjudicados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso sin publicidad ni concurrencia durante 2020, 2021 y el primer semestre de 2022. Esos desembolsos, se argumenta en el documento, al que accedió EL PAÍS, se hicieron a través de convalidaciones de gasto, una figura legal, pero de uso excepcional, prevista para regularizar pagos por servicios encomendados en situación de urgencia y “prescindiendo del procedimiento adecuado”, según definición de la intervención municipal en la capital. Más Madrid acude a Hacienda para que abra expediente de responsabilidad contable en cuatro de esos casos (lo que afectaría a los cargos que aprobaron los gastos); como paso previo obligatorio a una potencial denuncia ante el Tribunal de Cuentas; y para reclamar que se aclare si este sistema de pagos está vinculado al “extraño cese [en julio] de la anterior Interventora General de la Comunidad de Madrid”, Marta García Miranda.

“Llevamos más de un año investigando, revisando documentación y hemos detectado que el gobierno de Ayuso abusa de un mecanismo aún más opaco que la contratación de emergencia”, argumenta Mónica García, la líder del partido. “En menos de dos años el gobierno de la Comunidad ha entregado a dedo, sin contrato ni controles, más de 1.200 millones a través de las convalidaciones de gasto”, sigue. “La sanidad madrileña es la gran damnificada. Mientras Ayuso atrapa a Madrid en su chapuza sanitaria y a los profesionales en sus insultos, más del 75% de los fondos sin supervisión provienen de la Consejería de Sanidad”, añade sobre unos acuerdos mayoritariamente adoptados durante la crisis de la pandemia. Y remata: “Desde Más Madrid vamos a tomar las medidas necesarias y llegar hasta donde haga falta para que los responsables de estas irregularidades asuman las consecuencias de manosear el dinero público”.

“Mónica García es especialista en hacer denuncias en falso”, ha replicado el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. “Lo hizo con las residencias de ancianos, y archivado; con las mascarillas, y archivado; con el Zendal, y archivado; con el hospital de Ifema, y archivado; con las camas de Puerta de Hierro, y archivado; con el gasto sanitario, y archivado”, ha seguido. “Nunca le dan la razón. Y en este caso tampoco se la van a dar”.

¿A qué se debe que la denuncia se ciña a cuatro expedientes, si el partido cree que hay que investigar el conjunto de convalidaciones, que asciende a 1.270 millones? “Porque no es posible concluir, sin analizar uno a uno, que en todos los expedientes de los 1.270 millones de convalidación de gasto se ha incurrido en responsabilidades contables”, responden en el partido. “Y esa es una tarea titánica inabarcable para un grupo parlamentario”, añaden. “Sobre esa cifra apuntamos ‘abuso’ de legalidad de contratos públicos”.

La denuncia pone el foco sobre la destitución de la última interventora general. En ese cargo, que es clave para la fiscalización de los pagos de la Administración, se han sucedido cuatro personas en los últimos cinco años. Coincidiendo con la salida de Miranda, en julio de 2022, y su sustitución por Francisco Javier Carmena, hasta entonces secretario general técnico de la Consejería de Sanidad, se pagaron al menos 1.390 millones de euros en seis meses a los gestores privados de cuatro hospitales públicos de la región. En al menos una decena de casos, que suman 67 millones, la Administración optó por la vía de convalidar gastos.

“La concurrencia del volumen desproporcionado de la convalidación de gastos, la aparente parálisis de la Administración autonómica para licitar los principales contratos de servicios que solo benefician a los contratistas que ya estaban prestando los servicios, el incremento injustificado del precio del contrato, unido todo ello a la opacidad en la tramitación de los expedientes y en el traslado del contenido íntegro de los mismos, siembran una sospecha cierta sobre la existencia de conductas dolosas o imprudentes que han causado daño a la Hacienda autonómica”, se argumenta en la denuncia. “Si a todo ello se añade el extraño cese de la anterior Interventora General de la Comunidad de Madrid, existen elementos suficientes para que la Consejería de Hacienda inicie sin demora un expediente para instruir los hechos denunciados y determinar las posibles responsabilidades”.

Cuatro ejemplos

La denuncia cita cuatro expedientes en los que ve indicios de responsabilidad contable. En el primero recoge cómo una empresa de seguridad comunicó a la Comunidad que renunciaba a seguir dándole servicio, una vez vencido el contrato, por los incrementos de costes laborales vinculados al convenio correspondiente y la marcha del IPC. La administración respondió incrementando el gasto por el mismo servicio en un 9,76% “con total y absoluta omisión del procedimiento reglado de contratación pública”, según la denuncia.

Lo mismo ocurrió con otra empresa, con el añadido de que esta había presentado un recurso para evitar que su contrato se licitara con publicidad y concurrencia, siempre según la denuncia.

El tercer ejemplo se centra en otra contrata de seguridad que logró renovar su encargo por la vía de presentar presupuestos, pues el gobierno, sostiene la denuncia, “decidió de forma caprichosa adjudicar reiteradas veces el contrato a la misma empresa incluyendo el incremento exigido y el beneficio industrial”.

En el último expediente denunciado, la contratista manifestó que continuaría prestando el servicio si se garantizaba un incremento del 21,60%, detalla la denuncia. “La Consejería de Educación, pese a pedir tres presupuestos como si con tal actuación se subsanase la falta de licitación del contrato o el resto de causas de nulidad del mismo, como la omisión de la fiscalización previa, decidió adjudicar el contrato a la empresa incluyendo el incremento exigido y el beneficio industrial”, se lee en el documento.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.