Por tercera vez en cuatro años, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se quedará sin Presupuestos autonómicos. No hay marcha atrás. Después de que Vox votara en contra del dictamen de las cuentas en una comisión celebrada el pasado viernes, la Mesa de la Asamblea de Madrid ha decidido este lunes que no tiene sentido organizar el debate presupuestario previsto para el miércoles y el jueves. Eso supone todo un terremoto político y económico. El PP ve cómo su único socio posible, Vox, le deja en la estacada justo antes de las elecciones del 28 de mayo. Al tiempo, el Ejecutivo arrancará 2023 con unas cuentas desactualizadas, pues se prorrogarán las diseñadas en 2021 para 2022. Todo por seis minutos que han costado carísimos. Ese fue el retraso de Vox sobre el límite establecido para el registro de enmiendas al proyecto, lo que impidió a la Asamblea aceptarlas, al PP negociarlas, y a los dos partidos de derechas sacar adelante unos presupuestos expansivos. No es cualquier cosa: estaban diseñados como el arma electoral definitiva para Díaz Ayuso, pues contenían 2.705 millones más de gasto que los que ahora se aplicarán. Un dinero que se esfuma por el error de Vox en la tramitación.

Todo empieza ante una mesa situada en un lugar que Vox guarda con recelo, pues es el escenario de sus reuniones estratégicas de urgencia. Se sientan el líder nacional, Santiago Abascal; su asesor áulico, Kiko Méndez-Monasterio; y Rocío Monasterio, la líder regional. La cita se produce alrededor del 5 de diciembre, según una fuente con galones del partido ultra, y se celebra porque Vox debe buscar una solución para el error en el registro, que le impide negociar con el PP, y por tanto obtener rédito político de apoyar los Presupuestos. Ese día nace una estrategia de lo más arriesgada.

Apretar las clavijas al PP. Llevar la situación al límite, anunciando su negativa a apoyar el presupuesto, para ofrecer una alternativa en el último minuto: un acuerdo político que incluya derogar la ley trans.

Pero Ayuso no pica. De hecho, según una fuente de su máxima confianza, se siente molesta porque le planteen aprobar sus cuentas a cambio de eliminar deprisa y corriendo una ley que afecta a derechos sociales muy sensibles. Lo considera una aberración, que además no tiene sentido político ni estratégico: el gobierno tramita esta misma semana una ley nacional que obligará a adaptarse a las regionales. “Sería darle oxígeno a Pedro Sánchez”, deslizan desde la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional. Poco importa que Vox quiera llevar a esa negociación política otras opciones, como bajar impuestos. Ayuso no tarda ni cinco minutos en descartar el acuerdo.

Dos presupuestos el próximo año

“Todo lo que ocurre es muy raro”, afirma una fuente gubernamental. “No creo que lo hayan hecho a propósito, pero sí lo han hecho mal”, sigue. “La presidenta se habría comprometido por escrito a llevar a cabo en 2023 enmiendas de Vox a través de modificaciones presupuestarias...Pero no nos dijeron nada”, añade sobre una opción que los ultras mencionaron a la prensa, pero, supuestamente, no al PP.

Porque no ha habido ningún tipo de comunicación. Tras toda una legislatura de acuerdos, la cercanía de las elecciones ha actuado como un elemento de separación. El resultado lo sufrirán, dice el Gobierno, los madrileños. Y pone, a través de un argumentario, estos ejemplos de lo que queda ahora en el aire: 1.000 millones más para potenciar la Atención Primaria y reducir las listas de espera; 260 millones en becas y ayudas para 650.000 personas; 150 millones para mejorar las residencias de mayores....

“[Enrique] Ossorio y [Javier Fernández] Lasquetty, que son los que mas saben del tema, están tranquilos”, afirma una fuente cercana a Ayuso sobre las posibilidades que tiene el Ejecutivo de mover partidas de las cuentas de 2022 para hacer realidad parte de esos proyectos en 2023. Aunque no todo el mundo en el PP renuncia a que haya presupuestos en algún momento. Así, uno de los consejeros de Díaz Ayuso descarta que unas nuevas cuentas se puedan elaborar antes de las elecciones, como pedía Vox, pero abre la opción de empezar a tramitar en junio los presupuestos de 2023 y en octubre los de 2024.

Una opción complicadísima, y que probablemente se descarte, dado lo que tardará en formarse y empezar a funcionar la Asamblea tras las elecciones, pero que resume cómo valora el PP la situación. La derrota de hoy puede ser la victoria de mañana. Hay unas elecciones en el horizonte, el PP y Vox compiten por el mismo electorado, y los conservadores ya pueden retratar a los ultras como un partido que se une a la izquierda de Más Madrid, PSOE y Podemos en contra de los intereses del gobierno de Díaz Ayuso.

Suscríbete aquí a nuestra newsletter diaria sobre Madrid.