Almeida mantiene en la precariedad a cientos de educadoras infantiles de Madrid: “En Telepizza ganaba más”

María no es su nombre, pero estos días de protesta prefiere que no se sepa quién es porque teme poner en riesgo su empleo. Trabaja en una escuela infantil pública (de gestión privada) de un barrio obrero de Madrid, uno de esos centros que les salvan la vida a las madres y padres que necesitan llevar a sus hijos de menos de tres años a un lugar, no solo para que los cuiden mientras trabajan, sino para que los estimulen, los eduquen en atención temprana, los diviertan, les den de comer, les cambien los pañales, les sequen los mocos, se relacionen con otros niños que serán su familia durante siete horas y media cada día. Un sitio de trabajo donde nadie se sienta, ni siquiera hay una silla en el aula, y que no tiene las mismas condiciones que un colegio, aquí solo se van de vacaciones en agosto. “Todo, por 1.000 euros”, corean estos días durante la media hora de parón, y lo hacen con el tono de los niños de la Lotería de Navidad. María se queja y asegura: “En Telepizza ganaba mucho más”.

Las trabajadoras de estos centros, unas 1.300, que pertenecen a la red de escuelas infantiles municipales, están en huelga, aunque cumplen con unos servicios mínimos del 80% que apenas lo nota alguien más que ellas. Se han sumado a un paro nacional durante la negociación del convenio estatal, aunque en su caso concreto, denuncian además que desde que llegó a la Alcaldía José Luis Martínez-Almeida su situación salarial ha quedado en un limbo de precariedad. Muchas llevan años sin hacer la declaración de la renta, porque no superan el mínimo: cobran 14.400 euros brutos al año, unos 1.000 euros al mes.

En 2016, una de las medidas estrella de la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, fue dotar a estos centros (69) que tienen una gestión indirecta, de más recursos: bajó las ratios (al sumar una educadora más por aula) e incluyó en los pliegos de los nuevos contratos la mejora salarial de las empleadas (en la inmensa mayoría de los casos son mujeres). Hasta entonces, una educadora se enfrentaba sola a un salón de 20 niños de dos años por un sueldo que no llegaba ni a los 800 euros al mes. Desde marzo de este año, en los nuevos contratos públicos se ha eliminado la condición de mejora salarial y se privilegia sobre todo la cuestión económica, denuncian desde el principal grupo de la oposición, Más Madrid.

Por su parte, una portavoz del área de Familia del Ayuntamiento matiza el alcance de las anteriores condiciones en los contratos para las trabajadoras. “La empresa podía, de manera discrecional, incrementar el salario de los trabajadores a costa de ganar menos dinero del contrato, pero se desconocía si finalmente ese incremento llegaba a los trabajadores”, han señalado. Y anuncian que “ahora, la memoria económica está ajustada a los gastos totales del contrato”. Sobre si prevén alguna mejora salarial, han respondido: “A los precios salariales descritos en el convenio de aplicación para el personal de las escuelas infantiles, el Convenio de Centros de Asistencia y Educación Infantil, el Ayuntamiento ha dispuesto aplicar un incremento del 5,5 % en aplicación de la Disposición Adicional Quinta del propio convenio, motivada por la creciente inflación”.

En 2016, el gobierno municipal de Carmena decidió crear una red propia de escuelas infantiles, desvinculándolas de la Comunidad. En ese momento eran 56 escuelas y tenía previsto abrir 12 más. Ahora el Ayuntamiento cuenta con 71, de las cuales 69 se mantienen con gestión indirecta. El objetivo entonces era claro: poder influir en la licitación de los nuevos contratos y que se premiara al mejor proyecto educativo, sin importar el precio. “Las grandes empresas pueden asumir con mucha más facilidad una bajada de precio que una cooperativa. Estamos pasando del concepto guardería al de escuela infantil, creemos que no son aparcaniños sino escuelas, y esas grandes empresas que se llevan las licitaciones porque pueden soportar la bajada de precio no son lo más apropiado”, señalaba la teniente alcalde de entonces, Marta Higueras. Ahora las educadoras denuncian que con el Gobierno de Almeida ha retrocedido siete años.

María estudió el Grado Superior de Educación Infantil y en cuanto terminó sus estudios, consiguió trabajo en la misma escuela donde sigue todavía. Lleva 13 años. Cuando consiguió el empleo como educadora infantil, que era su sueño, compaginaba su trabajo con otro en Telepizza por la noche, porque no había forma de llegar a fin de mes con un hijo y un sueldo de 750 euros. “Me levantaba a las seis de la mañana, recogía a mi niño de la escuela y me iba a trabajar de nuevo hasta las 12 de la noche”, cuenta. En la pizzería la hicieron coordinadora y ahí ganaba casi el doble. Cuando llegó la mejora salarial, en 2015, se quedó solo con el puesto de educadora, con el que, pese a sumar tres trienios, no supera los 1.100 euros al mes. Tiene una hipoteca de 850 euros al mes y dos hijos. “Me dedico a los cuidados, pero no me puedo permitir que me los cuiden a mí. Se da esa paradoja, y como yo hay muchísimas más”, lamenta.

Otra compañera, Claudia (también nombre ficticio), trabaja en la escuela infantil Veo Veo, en Ciudad Lineal, tiene 34 años, 12 de experiencia y, si no fuera porque sus padres compraron el piso donde vive, asegura que no podría permitirse vivir sola de alquiler. Tampoco se plantea poder formar una familia. Ella estudió Magisterio Infantil y tiene un Máster en Necesidades Educativas Especiales. “Tenemos una formación por la que hemos invertido mucho, la gente se piensa que solo guardamos a los niños mientras sus padres trabajan. Pero no es así, hay mucho trabajo detrás muy específico: se da un desarrollo emocional, de psicomotricidad, de estimulación sensorial temprana, en los primeros tres años de vida, que es cuando el cerebro se está formando, les inculcamos todas las rutinas, trabajamos la estabilidad emocional, la crianza desde el respeto. Todo eso lleva una preparación, una formación constante, un programa por cada grupo. Aquí se trabajan muchas cosas”, explica. “Todo, por 1.000 euros, sin pagas extra, que no me da ni para irme de vacaciones, ni para cenar fuera de casa más de un día a la semana. Y menos mal que puedo venir a trabajar en transporte público”, denuncia.

“Mi vocación no paga las facturas”, sentencia Claudia. Todas coinciden en que trabajar con niños requiere estar hecha “de otra pasta”. “Se crea un vínculo muy fuerte con ellos, te tienen que gustar mucho los niños. Y tienes que estar a mil cosas: si uno toma biberón, si otro toma puré, pero sin pollo, si a otro le cuesta...”, cuenta María. Claudia señala como ejemplo que un día de trabajo camina ocho kilómetros en el mismo espacio, según le marca una aplicación de su móvil. “Es muy bonito. Pero es agotador”, reconoce. Pese a acabar exhaustas, muchas de ellas cuentan con un segundo empleo por las tardes, dan clases particulares o recogen a otros niños del colegio. Porque por mucho que aprieten, no salen las cuentas. “Yo le animo a alguien a que pruebe a estar en un aula con 20 niños de menos de tres años unas ocho horas, creo que entonces nos entenderían”, propone Claudia.

Desde el grupo municipal de Más Madrid, denuncian que el Gobierno municipal en primavera había incluido el criterio del precio “con un peso del 25% en los nuevos pliegos de las escuelas infantiles, mientras que en los procesos anteriores este criterio no representaba ni el 1% del baremo”. “Esto abre la puerta a que vuelvan a entrar como gestores de estos centros empresas que solo persiguen el beneficio económico, cuando lo que debe primar es el proyecto educativo y no los criterios económicos”, advierte la concejala de la oposición, Lucía Lois. “Cuidar a las personas que cuidan de nuestras hijas e hijos es una obligación moral. Hablamos de salarios justos, que permitan a la gente vivir”, ha añadido durante las protestas de esta semana de las educadoras. El grupo municipal le pide al alcalde que fije un salario mínimo para ellas de 1.500 euros al mes.

Esta red de escuelas supone un lugar tan necesario y demandado por las familias madrileñas que 10.000 de las que buscaron una plaza para el siguiente curso se quedaron fuera. Las listas de los admitidos y no admitidos se dieron a conocer un día después de las elecciones municipales del 28-M. Su anuncio estaba previsto una semana antes y el Gobierno de Almeida trató así de esquivar un aluvión de críticas en vísperas de los comicios. En total, 3.018 alumnos figuran como admitidos en modalidad ordinaria y 118 en educación especial, por lo que han quedado en lista de espera 10.006 niños, 9.966 en modalidad ordinaria y 40 con necesidades especiales. Casi el 75% de todos los solicitantes.

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