El 22% de los municipios españoles organiza festejos taurinos con un gasto público de unos 42 millones de euros

Dos de cada diez municipios en España organizan en sus calles fiestas de tauromaquia menor, es decir, aquellos que no implican la muerte pública del animal, como los encierros, bous al carrer en la Comunidad Valenciana, o los correbous de Tarragona. La suma del gasto público de los 1.820 ayuntamientos contabilizados (sobre un total de 8.132) para el desarrollo de 17.708 festejos celebrados en 2019 ascendió, al menos, a 42 millones de euros, según la proyección que refleja el estudio elaborado por las organizaciones AnimaNaturalis y CAS Internacional, a partir de datos oficiales recabados en los últimos tres años

Estas dos entidades antitaurinas han dado a conocer el estudio este miércoles por la mañana frente al Ayuntamiento de Madrid, con una manifestación crítica contra lo que consideran maltrato animal en la que participaron unas 15 personas. Los datos fueron recopilados el año anterior al estallido del coronavirus en 2020, que obligó a cancelar los festejos. Solo a partir del 2022 empezaron a organizarse con la normalidad anterior a la pandemia.

La Comunidad Valenciana concentró el mayor número de festejos de tauromaquia menor (8.623), el 48,6% del total, y gastó al menos 16 millones euros en 2019, de acuerdo con el estudio. El 50% de los municipios valencianos cuenta con fiestas callejeras en la que participan toros, denominadas bous al carrer. Una de las modalidades más populares es el bou embolat, en la que un toro de lidia corre por las calles portando en sus cuernos un herraje sobre el cual se colocan estopas engrasadas a las que se les prende fuego.

Precisamente, el Ayuntamiento de Valencia, ahora gobernado por el PP, con Vox como socio preferente, acaba de revocar la prohibición de celebrar el bou embolat en las pedanías de la ciudad, aprobada por el anterior equipo de Gobierno, formado por Compromís y PSPV-PSOE. Antes las críticas de los representantes municipales de la izquierda en la oposición, los dirigentes del PP han incidido en que los socialistas y la coalición gobiernan en otras localidades en las que sí se celebran este tipo de festejos, muy populares.

Tras los 8.623 festejos de la Comunidad Valenciana, se sitúan los 1.946 de Castilla y León; los 1.591 de Navarra; los 1.250 de Castilla La Mancha; los 1.079 de Aragón; los 711 de la Comunidad de Madrid; 559 de Extremadura; 373 de Andalucía; 303 de La Rioja; 170 del País Vasco; 66 de Cataluña; 61 de Murcia; los 25 de Cantabria y solo uno en Galicia.

La Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana son las que tienen un mayor porcentaje de municipios con eventos taurinos: 42,5% y 50% respectivamente. Las que más gastaron en 2019 fueron la Comunidad Valenciana (17 millones de euros) y Castilla y León (6 millones de euros).

“Ni un euro más al maltrato animal” fue uno de los cánticos que se escucharon en la mañana de este miércoles frente al Palacio de Cibeles. Los participantes, que llevaban máscaras de cabezas de toros hechas cartón y camisetas con la frase “No con mi dinero” estampada, escucharon también un manifiesto que reclamaba dejar de gastar recursos públicos en fiestas con toros. “Exigimos a los responsables de los ayuntamientos que estos más de 42 millones de euros anuales se destinen a fortalecer la sanidad y cultura que nos une y nos representa de verdad”, decía el pregón.

AnimaNaturalis y CAS Internacional han manifestado que los gastos se pagan de manera directa e indirecta por tres vías: presupuesto municipal para fiestas, subvenciones y convenios con asociaciones o empresas. Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, ha explicado que las subvenciones “son un dinero público que se ofrece a las peñas taurinas para que organicen este tipo de festejos. Ellas se postulan y justifican los gastos”.

Para hacer el estudio, AnimaNaturalis y CAS Internacional revisaron en cuáles de los 8.132 municipios de España había festejos populares de tauromaquia menor. Lo hicieron a través de información pública, como programas de fiestas, redes sociales y prensa. A los 1.820 municipios con festejos se les solicitó, amparados en la ley de transparencia, el presupuesto dedicados a las festejos con toros. Tras tres años de investigación, solo 848 administraciones (el 47%) respondieron.

La cifra de 42 millones de euros es una proyección ajustada basada en los datos de los municipios que sí dieron información. La investigación, llamada Fiestas Crueles, detalla que “los resultados proyectan cifras basadas en la media de presupuesto público, la media del costo de dichos festejos y el promedio de ambos”.

Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España, afirma que “hay mucho oscurantismo y un entramado de cifras casi imposible de desglosar. Ha sido un trabajo tedioso, pero creemos que la población tiene derecho a conocer cuánto nos cuestan las fiestas basadas en el maltrato animal”. Comunidad Valenciana y Madrid fueron algunas de las autonomías que menos aportaron información; en contraste, todas las administraciones consultadas en Cataluña respondieron.

Las organizaciones antitaurinas, que iniciaron el estudio en 2020, eligieron analizar el año 2019 porque era el último que podía considerarse dentro de la normalidad antes de la pandemia. Gascón explica que en 2020 y 2021 no hubo festejos con la regularidad habitual. El documento, de 80 páginas, agrega que en 2022 se detectó un incremento en eventos y un impulso de subvenciones para que el sector no desapareciera. Además, la investigación se concentró en tauromaquia menor porque es de la que, dicen, hay menos información presupuestal pública. “Es más fácil encontrar datos de las subvenciones a la tauromaquia mayor, que incluye corridas, novilladas, rejoneos”, argumenta Gascón.

No solo fue difícil conseguir la información a través de la ley de transparencia, sino que los datos proporcionados por las administraciones no siempre coincidían con las que tiene el Ministerio de Cultura y Deporte en la Estadística de Asuntos Taurinos. Por ejemplo, el Ministerio registró 66 fiestas en Cataluña en 2019, pero el Govern proporcionó datos de 450 para el estudio.

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