Las familias inician el curso sin el dinero de las polémicas becas para centros privados de Ayuso

La mayoría de las familias que han solicitado una de las 60.000 becas que ofrece la Comunidad de Madrid para estudiar etapas no obligatorias en centros privados han arrancado esta semana el curso 2022-2023 sin saber si van a recibir la ayuda o no. Tras la polémica abierta por un cambio normativo que permite solicitar estas subvenciones a parejas con ingresos superiores a los 100.000 euros, la Administración no ha resuelto aún ni quiénes las recibirán, ni, por lo tanto, en qué cuantía, en las etapas de Educación Infantil (34.000 beneficiados potenciales), Formación Profesional de Grado Superior (11.813) y Grado Medio (1.102). Eso ha obligado a quienes finalmente sean beneficiados a adelantar el dinero de septiembre con sus ahorros, y pondrá en la complicada situación de recalcular su presupuesto de gastos anual a todas las familias a las que próximamente se les deniegue la ayuda parcial.

Para los sindicatos, este es el mejor ejemplo de que el programa de becas está diseñado para parejas pudientes que en realidad no las necesitan: “Solo acceden quienes pueden pagar de antemano”, dice Isabel Galvín, de CC OO. Una opinión de la que discrepa la Comunidad, que vive la situación con normalidad.

“La tramitación de las becas y ayudas se está realizado conforme a los plazos habituales”, asegura un portavoz de la Consejería de Educación, que solo ha publicado las listas de admitidos para bachillerato (15.130 beneficiados), una etapa educativa en la que aún está abierto el periodo de subsanaciones, por lo que todas las familias solicitantes han arrancado el curso sin la ayuda, aunque esté concedida. “Está previsto que las listas de admitidos en Educación Infantil se publiquen la próxima semana, y las de Formación Profesional en los próximos días”, amplía. “Cada centro gestiona con las familias el procedimiento respecto al pago de septiembre”, añade. Y admite: “Hasta que no termine el periodo de subsanación no se puede abonar la beca”.

La incertidumbre entre los solicitantes es máxima. Lo único seguro es que la política general de los centros educativos es cobrar el total de la factura a las familias solicitantes, sin esperar a la resolución de la Administración, entre otras cosas porque nadie puede saber si le será concedida la beca, o en qué cuantía.

“Os pasamos la factura del mes de septiembre. Como pasa todos los años, aún no han salido las becas de la Comunidad por lo que no puedo descontarlo”, se lee en un mensaje enviado a las familias de uno de los centros privados que acoge alumnos beneficiados por estos pagos parciales. “En cuanto la Comunidad nos ingrese el dinero, se descuentan los 133 euros desde el mes de septiembre por lo que probablemente no tengáis que pagar nada en algún mes”.

Las becas para estudiar en centros privados llegarán a más de 60.000 alumnos en el curso 2022-2023, y contarán con 127 millones de presupuesto, según la documentación publicada por la Comunidad. Esos datos suponen un crecimiento con respecto al curso pasado de más del 35% en el número de estudiantes receptores de las ayudas parciales, lo que probablemente haya multiplicado un problema en la tramitación que ya venía de antes.

Así, las familias receptoras de estas ayudas en Educación Infantil no tuvieron noticias de su solicitud para el curso 2021-2022 hasta finales de octubre del año pasado. Peor fue el curso 2020-2021, cuando los beneficiarios de las becas no fueron notificados hasta finales de noviembre. Y el problema se repite ahora.

“[Las ayudas] Están pensadas para familias con una situación económica holgada”, lamenta Isabel Galvín, portavoz de Educación del sindicato CC OO, que ve la mejor justificación de esa opinión en los retrasos en la concesión definitiva de las ayudas. “Al final podrán acceder a ellas los que se lo puedan permitir, aquellos que tengan ahorros, porque no todos van a poder pagar de antemano”, se queja. “Esto demuestra que no son becas, son regalos, ayudas que se crean solo para los que se lo pueden permitir, que tampoco son muchas familias teniendo en cuenta el contexto económico en el que estamos”, remata la portavoz de CC OO.

Hay un ejemplo esclarecedor de la lentitud con la que avanza el proceso administrativo y la burocracia: el contrato para controlar el pago de las becas para Formación Profesional de Grado Medio, que está privatizado, como el del resto, fue publicado en el portal de contratación autonómico el 30 de agosto, y concede hasta el 16 de septiembre para presentar ofertas. Eso implica que el curso ha comenzado sin que ni siquiera se haya decidido qué empresa va a acometer la tarea.

Todo ocurre, además, en medio de una gran polémica. De cara al curso 2022-2023, la Comunidad ha flexibilizado el principal criterio de exclusión para los solicitantes: no podrán lograr las ayudas aquellos estudiantes cuyas familias tengan una renta per cápita superior a los 35.913 euros, cuando hace un año el límite se había fijado en los 10.000 euros en Bachillerato; los 20.000 en FP; y los 25.000 en Educación Infantil.

¿Y cómo se calcula la renta per cápita? Hay que dividir el total de ingresos de una familia entre el conjunto de sus miembros para saber si se supera el máximo de dinero a partir del cual la Administración considera que no se necesita ayuda.

Como resultado de ese cambio normativo, este curso han podido optar a recibir la ayuda aquellas parejas con un hijo que ingresen hasta 107.739 euros, cuando antes el límite era de 30.000 euros para los que optaban a una ayuda para Bachillerato, de 60.000 para los de Formación Profesional, o de 75.000 para los de Educación Infantil. Del mismo modo, las parejas con dos niños que tienen unos ingresos globales de 143.652 euros también han podido optar a estas becas; o las que tienen tres hijos y unos ingresos en el hogar de 179.565 euros

El pasado miércoles, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, hizo una encendida defensa del sistema de becas regional. “Hemos aprobado el mayor paquete de becas y ayudas escolares de la historia de la Comunidad de Madrid, que estará dotado con 226 millones y va a beneficiar a 609.000 familias”, dijo tras la reunión del Consejo de Gobierno. Y añadió: “Esto significa 91 millones más que el curso pasado, un 68% más. Somos conscientes de que las familias se enfrentan a un curso que va a ser muy complicado, con un importante incremento en los precios, y por eso hemos realizado esta apuesta por la igualdad de oportunidades”.

El estudio al detalle de cómo se distribuye ese dinero es revelador. Madrid dedica el 40% de ese presupuesto a facilitar el acceso a libros, transporte y comida de 540.000 alumnos que se reparten entre la pública y la privada concertada. La parte del león, sin embargo, se la lleva la educación privada, pues el 60% de los fondos se dedica al 10% de alumnos que solicitan el copago para cursar Educación Infantil, Bachillerato o Formación Profesional en centros que no son públicos. Con sus clases a punto de empezar o ya arrancadas esta semana, casi todos los solicitantes esperan aún la respuesta de la Administración.

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